Las nuevas proyecciones indican que en el año 2021 Hidroituango comenzará a generar parte de los 2.400 megavatios que entregará una vez culminado el Proyecto, al que, en la última subasta realizada por el Gobierno Nacional para suministrar energía a partir del 2022, le fueron asignados 3,1 gigas, que corresponde el 1,8% del total.
Además de la contingencia, que retrasó en al menos tres años la entrada en operación de la central hidroeléctrica, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) emitió, el 1° de junio de 2018, la Resolución 820, ordenando la suspensión de todas las actividades regulares de la obra, lo que supone un gran desafío en el nuevo cronograma del proyecto.
La medida de la ANLA se tomó para prevenir posibles impactos ambientales no previstos por las modificaciones constructivas de obras como presa, casa de máquinas y vertedero; e impuso algunas obligaciones, fundamentalmente relacionadas con la preservación de la vida humana, y otras enfocadas en conocer las causas de la contingencia y las posibles afectaciones a la obra, al río, al macizo y a la población.
EPM, como empresa encargada de la construcción del proyecto, no solo priorizó la preservación de la vida humana desde que se inició la contingencia, sino que, de acuerdo con todas las fuentes consultadas, ha venido dando estricto cumplimiento a lo solicitado en la Resolución 820, implementando diferentes actividades técnicas, ambientales y sociales, informadas oportunamente a la ANLA, sin que hasta la fecha se haya recibido un pronunciamiento por parte de esta autoridad ambiental.
Es clave, como parte de las solicitudes, los resultados que entregue la firma internacional Pöyry, contratada para realizar el trabajo de peritaje de las condiciones de estabilidad actuales y futuras de la obra y entregar los resultados directamente a la ANLA.
Se hace prioritario, que todos los actores involucrados -EPM, la sociedad Hidroituango, el Municipio de Medellín, la Gobernación de Antioquia, las administraciones municipales y comunidades de las áreas de influencia del proyecto, los ciudadanos y el propio Gobierno Nacional-, aboguemos para que la ANLA levante lo más pronto posible la Resolución 820 de 2018, por lo que representa Hidroituango para el desarrollo y el futuro del país.
La férrea defensa de los servidores de la empresa para impedir que la politiquería acabara con una historia de 45 años, al parecer no ha sido superada por el actual Gobernador de Antioquia.
La contingencia de Hidroituango le cayó de perlas al Gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, para desfogar toda su animadversión contra EPM, a la que quiso convertir en su caja menor (y mayor) y en fortín burocrático y politiquero cuando fue Alcalde de Medellín entre 2001 y 2003. Ese cometido no pudo lograrlo, en gran medida, gracias a los servidores que le hicieron frente para defender lo construido en más de cuatro décadas.
Con ese deseo manifestado por Pérez Gutiérrez, de querer “gerenciar” a EPM, más allá de su papel como Presidente de la Junta Directiva, no solo se ponía en riesgo la autonomía de la empresa sino sus recursos y el cumplimiento de su objeto social. De haberse permitido, su injerencia directa en las decisiones estratégicas y técnicas de la empresa, hubiese dado paso inmediato al ingreso de la politiquería a EPM.
| “De haberse permitido, su injerencia directa en las decisiones estratégicas y técnicas de la empresa, hubiese dado paso inmediato al ingreso de la politiquería a EPM”. |
Esa pretensión dio lugar a un enfrentamiento con gran parte de los servidores de la empresa, que no se prestaron para hacer daño a EPM; fue durante su administración cuando nació el Sindicato de Profesionales, hoy SINPRO, para defender los derechos de los trabajadores, aportar a la sostenibilidad empresarial y defender el patrimonio público.
Con la desfachatez y la falta de argumentos que han caracterizado las actuaciones del señor Luis Pérez, y a pesar de su abierta manifestación de incidencia, no dudó en indicar en esa época que si se presentaba una mala elección de personal o un acto de corrupción la responsabilidad era de los funcionarios de EPM y no del Alcalde o su equipo cercano; meses después varios escándalos protagonizados por su gente de confianza afectaron la reputación de EPM, como los casos de la pretendida compra de 200.000 computadores y el tal vez más mediático de los episodios, el de la famosa vajilla de los $100 millones.
No es de extrañar entonces que el hoy Gobernador de Antioquia, con oportunismo político y revanchista, y con el dolor de no haber obtenido recursos adelantados de Hidroituango, haya aprovechado la contingencia del proyecto para enfilar todas sus baterías y parte de los recursos públicos para atacar a EPM, la que había visto como su gallina de los huevos de oro.
Cuentas alegres
Antes de la contingencia del proyecto hidroeléctrico, el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA), propietario del 52% de la sociedad Hidroituango, y con la seguridad de que éste comenzaría a generar energía en noviembre de 2018, como estaba previsto en el cronograma inicial, propuso que se hicieran avances de las ganancias futuras por un valor cercano a $1,2 billones, con el fin de que la Gobernación pudiera dejar financiada la primera fase de la construcción del Ferrocarril de Antioquia, la que sería su gran obra de gobierno.
Lo sucedido con el proyecto y el cambio de posibles fechas de inicio de la operación del proyecto hidroeléctrico, desbarataron las ilusiones del Gobernador, desatando nuevamente su ira contra EPM y dando con ello inicio a una campaña mediática de desprestigio, acusando a la empresa de su responsabilidad en fallas constructivas y de contratación. Al parecer, al Gobernador se le olvida, cuando le conviene, que él es el Presidente de la Junta Directiva de la Sociedad Hidroituango.
Se le abrieron los ojos
En 2018, a pesar de la contingencia de Hidroituango, las utilidades de EPM ascendieron a $2,4 billones, de los cuales $1,3 billones van al Municipio de Medellín vía transferencia de excedentes. Viendo esas cifras, Pérez Gutiérrez vio otra oportunidad para hacerse a recursos de EPM, con la imposición y cobro de supuestas multas por lucro cesante ante las demoras en la construcción y en la entrada en operación del proyecto hidroeléctrico Ituango, fijando un monto diario de $250 millones. Sus cálculos sugieren que se deben cobrar dos multas: una a partir del 28 de julio de 2018, cuando debía estar listo el embalse, y otra a partir de 28 de noviembre de 2018, cuando la central debía estar operando las primeras unidades de generación; como nadie le hizo caso, anunció luego que embargaría las cuentas de EPM.
Aunque no ha logrado que hasta ahora se haga ningún pago, el Gobernador ha seguido firme en su otro propósito, el de empañar la imagen de una de las empresas más queridas por los antioqueños.
Gran parte de las situaciones que hoy aquejan a EPM se originaron por decisiones erradas, la mayoría de las cuales se concentraron en la gerencia de Juan Esteban Calle.
EPM debe aprender de sus buenas y malas experiencias, las primeras para fortalecerse como patrimonio 100% público, y las segundas, para prevenirlas y no repetirlas. Gran parte de las situaciones que hoy aquejan a EPM se originaronpor decisiones erradas, la mayoría de las cuales se concentraron en la gerencia de Juan Esteban Calle.
Históricamente los trabajadores de EPM han sentido orgullo al saber que todo proyecto o actuación se emprendía bajo el cumplimiento de tres elementos básicos e imprescindibles: rigor técnico, rigor financiero y rigor jurídico, que como parte de la transferencia de conocimiento ha sido clave dentro de la empresa, aunque no exento de una profunda revisión, ante las características propias de los vertiginosos cambios y avances del sector de los servicios públicos y del relevo generacional.
No es secreto que, en algunos períodos específicos de las últimas dos décadas, varias de las administraciones de EPM han incidido para que esos y otros rigores que conlleva el ADN institucional hayan ido perdiendo protagonismo. Uno de esos períodos en el cual se hizo mucho más evidente esa pérdida, entre los años 2012 y 2015, tuvo como “líder” al entonces gerente Juan Esteban Calle Restrepo, quien después de tomar varias de las decisiones más controversiales en contra de la propia sostenibilidad de EPM, una vez terminó su gestión, movió la puerta giratoria al pasar a la Presidencia de Cementos Argos, empresa del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), competidora de EPM en el negocio de energía, a través de Celsia.
“Una vez terminó su gestión, movió la puerta giratoria al pasar a la Presidencia de Cementos Argos”
Veamos algunas decisiones de esa administración, que han podido dejar a EPM, en la calle
Los $600.000 millones que EPM transfirió al Municipio por la venta de sus acciones en Isagen ya se gastaron, a pesar de que estaban destinados al tranvía de la 80, que no se hizo.
Uno de los sueños del Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, era que en su administración se pusiera a rodar un tranvía por la carrera 80, a pesar de que no contaba con los tres billones necesarios para ello, pues ni estaban en el Plan de Desarrollo ni el Gobierno Nacional se comprometió a hacer aporte alguno. Eso hizo que el Alcalde le solicitara al Concejo de Medellín que le aprobara el traslado de $600.000 millones de la venta de las acciones que EPM tenía en Isagen y de esa manera poder financiar parte de esta obra y dejarla como su gran legado.
El Concejo aprobó ese traslado de recursos mediante el Acuerdo 079 de junio de 2017, con dos condiciones: la primera, que se invirtieran para desarrollar el corredor vial del Tranvía de la 80 y dejar esos recursos comprometidos para que el próximo alcalde le diera continuidad al proyecto; y la segunda, que se trasladaran de forma paulatina entre 2017 y 2019. Ninguna de esas condiciones se cumplió, dado que en 2018 ya se habían trasladado los $600.000 millones, más otros $46.040 millones de excedentes, que se gastaron, casi en su totalidad, sin invertir un solo peso en el tranvía.
Esa se volvió plata de bolsillo, si se tiene en cuenta lo manifestado el pasado 22 de enero por el Secretario de Hacienda de Medellín, Orlando Uribe Villa, cuando dijo que los dineros de la venta de acciones de Isagen se invirtieron en cable Picacho, intercambios viales de la 80, Parques del Río y el Fondo de Estabilización de la Tarifa (subsidios de transporte), que si bien podrían ser obras para mejorar la movilidad, no solo incumplieron lo aprobado por el Concejo, sino que contradicen la información suministrada por la propia Secretaría de Hacienda de Medellín a SINPRO, en respuesta a un derecho de petición.
De acuerdo con dicha Secretaría, de los $600.000 millones trasladados entre 2017 y 2018, la Alcaldía de Medellín gastó $574.853 millones en programas como: cobertura del Colegio Mayor, intervención integral del Centro, formulación e implementación de un plan maestro de infraestructura para la seguridad y la convivencia, construcción y sostenimiento de ciclorrutas y servicio de alumbrado público e iluminaciones especiales, entre otros. Lo restante se adicionó a las vigencias siguientes como recursos ordinarios. Aunque cualquier ciudadano podría decir que por lo menos se hicieron inversiones para mejorar la calidad de vida en Medellín, la normatividad exige invertir los recursos públicos con destinación específica en los rubros así contemplados.
Quedó la menuda
Cuando se dio la venta de Isagen, la Nación recibió $6,48 billones y EPM $1,4 billones. Al terminar el primer trimestre de 2019 el Gobierno Nacional aún analizaba la estrategia para invertir esos recursos, de los cuales $5,8 billones están en la Cuenta Especial Fondes (Fondo Nacional para el Desarrollo de la Infraestructura). Medellín, por su parte, solo le queda la menuda de los $600.000 millones transferidos por EPM como parte de esa venta, sin que se hayan invertido en el destino para los que fueron solicitados.
Ese no es un dato menor, puesto que esos eran recursos adicionales a las transferencias que cada año EPM le hace al Municipio de Medellín, y que ya llegan al 55% de sus utilidades. En 2016 esos excedentes fueron de $816.521 millones, en 2017 ascendieron a $1,009 billones, en 2018 llegaron a $1,204 billones y en 2019 se entregarán 1,290 billones. Teniendo en cuenta los recursos con los que se contaba y que era casi imposible sacar adelante un proyecto como el tranvía de la 80 (valor total estimado en $3 billones), lo más óptimo era haber dejado en la caja de EPM los recursos por la venta de Isagen. Las urgencias financieras actuales de Hidroituango lo confirman.
| “Lo más óptimo era haber dejado en la caja de EPM los recursos por la venta de Isagen”. |
Pasando de un bolsillo a otro
El Plan de Desarrollo de Medellín se financia con recursos propios (impuestos y tasas), transferencias de EPM y créditos con la banca comercial y multilateral, por tanto, los recursos provenientes de la venta de acciones de EPM en Isagen son adicionales y no estaban considerados en dicho Plan.
Lo anterior dejó a la Alcaldía en un enredo financiero, teniendo en cuenta que al haberse destinado ese dinero a obras diferentes al Tranvía de la 80, debía reponerlos al proyecto original, para lo cual realizó un crédito interno con el que retornó $300.000 millones al mismo, de los cuales se invirtieron $900 millones en la estructuración del proyecto vial de la carrera 80 y $270.000 millones en dos intercambios viales y la compra de 64 buses eléctricos, todo para la 80. ¿Dónde están los otros $300.000 millones? No se sabe si la Alcaldía presupuesta un nuevo crédito interno, pero por ahora no es claro cómo van a pagar esa plata. En conclusión, la Alcaldía de Medellín improvisó al querer hacer un tranvía sin tener los recursos suficientes y comprometió dineros que hubieran servido a EPM tras la contingencia de Hidroituango.
Con todo esto, ¿EPM debería hacer seguimiento y control a los recursos que traslada al Municipio? Creemos que sí, pero eso depende de la voluntad de cada Alcalde de turno, que es a su vez el Presidente de la Junta Directiva de EPM.
La SAS Huawei intenta que el Ministerio del Trabajo le autorice despedir 289 trabajadores provenientes de UNE; una petición que el Gobierno no puede avalar.
En letra muerta. Así quedó, en materia laboral, el Acuerdo 17 de 2013 que dio vida a la llamada fusión UNE-Millicom, que dice: “En todo caso se conservarán los derechos laborales de los actuales servidores de UNE EPM Telecomunicaciones S.A.”, sin que, desde la Alcaldía, EPM (Socio mayoritario de UNE con el 50% + 1 acción), el Concejo de Medellín, los organismos de control y el Ministerio de Trabajo se hayan pronunciado al respecto.
Las evidencias son numerosas. Una de ellas, la ostensible reducción de personal en UNE en los últimos años. En 2013 la empresa tenía 2.700 trabajadores; hoy ese número, después de despidos a cuenta gotas y dos grandes planes de retiro, quedan poco más de mil trabajadores, muchos provenientes de Colombia Móvil, con condiciones laborales inferiores y sin la oportunidad de acogerse a una Convención Colectiva de trabajo.
Otra gran evidencia es el calvario vivido por los 601 que, en octubre de 2016, en una supuesta sustitución patronal, fueron enviados de UNE a Huawei Technologies Managed Service Colombia, una SAS creada dos meses atrás con un capital de $500 millones que no daba para pagar ni la nómina de la primera quincena.
Desde ese momento Huawei desconoció derechos laborales y convencionales, inició una serie de despidos y ofrecimientos presionados de retiro, lo que en menos de dos años redujo la nómina, de 601 a 450 trabajadores. No satisfecha, el pasado 6 de noviembre le solicitó al Ministerio del Trabajo autorización para despedir a 289 trabajadores para así “garantizar la sostenibilidad financiera de la empresa”. Desde que inició ese trámite, intensificó las acciones contra los trabajadores y puso en marcha una nueva estrategia: asedio constante; acoso laboral; invento de una figura que llamó “Cartas de Prevención”; y nuevas presiones para obligar al retiro; en resumen, una intención clara: dejar sin empleo a esos 601 trabajadores.
Puerta peligrosa
De darse esa autorización para el despido o permitir la liquidación de la SAS Huawei sin que los trabajadores sean regresados a UNE, su verdadero empleador, el Gobierno Nacional estaría dando un paso peligroso al abrir una puerta para desconocer los derechos laborales, utilizando figuras como las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS).
De acuerdo con el abogado Carlos Alberto Ballesteros, asesor de SINPRO, la creación de las SAS y la utilización de la figura de la sustitución patronal están posibilitando desconocer derechos laborales individuales y colectivos, lo que es paradójico por cuanto esta figura se creó buscando protegerlos frente a maniobras del empleador. “Cualquier empresa puede promover la creación de una SAS con capital y patrimonio reducidos, para que reciba total o parcialmente los trabajadores (sustitución patronal), y al poco tiempo terminar siendo liquidada, lo que eventualmente obligaría a pagar una indemnización, pero dejaría a los trabajadores sin ninguna garantía y sin empleo”, indica Ballesteros. Otra situación es que se crean SAS sustituyendo trabajadores en medio en un conflicto colectivo de trabajo, para aducir que garantías como el fuero circunstancial desaparecen por cuanto ya no laboran en la empresa en conflicto.
Estas figuras están siendo utilizadas recurrentemente, por empresas nacionales y también multinacionales, quienes para efectos de la responsabilidad laboral no son tales, como es el caso de la SAS Huawei con los trabajadores provenientes de EPM y UNE.
Tras el negocio entre UNE y Huawei, y los posteriores hechos laborales, desde SINPRO y otras organizaciones sindicales, con apoyo de la Confederación General del Trabajo (CGT), se iniciaron acciones legales y administrativas, en instancias nacionales e internacionales, para defender los derechos, no solo de quienes pasaron a Huawei, sino de todos los trabajadores del país.
No puede el Estado, a través del Ministerio del Trabajo y sus demás organismos e instituciones, permitir que se den estas situaciones en las cuales empresas locales y transnacionales puedan abusar de la normatividad y violen los derechos de los trabajadores.
Servicios Públicos
Entidades Gubernamentales
Organizaciones Sindicales
