Es posible que doña Patricia, Germán, María Luisa y Simón no sepan o no les interese saber quien administra TigoUNE, la empresa que escogieron para el internet, telefonía o televisión que requieren para trabajar, estudiar o divertirse; todos ellos esperan precio, cobertura y calidad, además de una buena y oportuna atención, lo que necesita, como mínimo, de personal suficiente y altamente calificado para satisfacer sus necesidades como clientes.
Esas dos últimas condiciones no parecen haber sido prioritarias para Millicom desde que, hace 12 años, el Concejo de Medellín de la época le cedió el control de UNE EPM Telecomunicaciones S.A., tras aprobar su fusión con Millicom, propietaria de Tigo, no obstante EPM ser el socio mayoritario con 50% más una acción.
Mientras se avanza en los trámites para la venta de esas acciones, aprobado en agosto de 2024 por el Concejo, la administración Millicom, que además de haber demostrado ser un mal socio también ha sido un muy mal empleador, le solicitó recientemente al Ministerio de Trabajo le autorice el despido de 81 trabajadores, la mayoría de ellos provenientes de EPM en 2006 cuando la empresa escindió su negocio de telecomunicaciones y creó a UNE.
Esos 81 trabajadores, que representan el 12% de los que hoy laboran en TigoUNE, parecen ser una simple cifra para la administración Millicom, que ha reducido el talento humano en más de 2.000 empleados, alrededor del 75%, al pasar de 2.750 servidores en 2013 a unos 700 hoy, con despidos a cuentagotas, planes de retiro y el paso en 2016, mediante una supuesta sustitución patronal, de 601 trabajadores a Huawei Technologies Managed Service Colombia SAS, que con los años también se fue deshaciendo de ellos hasta quedar con unos 100, es decir, solo el 17% de los que pasaron a esa empresa de origen chino.
Tan poco valora Millicom a estos trabajadores, que su solicitud, claramente improvisada y sin fundamentos técnicos ni financieros, omite detalles cruciales. No reconocen que 24 de ellos tienen condiciones especiales de protección laboral, ni han especificado quién asumiría eventualmente sus responsabilidades. Además, muchas de estas cargas caerían sobre quienes permanecen, o se externalizarían a terceros, como ha ocurrido en los últimos años, lo que afectaría la calidad de los servicios que reciben usuarios como doña Patricia, Germán, María Luisa, Simón y tantos otros.
Desde 2014, quienes ingresan a la empresa fusionada lo hacen a Tigo, bajo condiciones laborales inferiores. Por UNE no ha ingresado ni un solo trabajador, lo que denota, entre otros, que ha buscado de forma permanente debilitar a los sindicatos. Aquí surge otra inquietud: ¿pasará luego todo el personal de TigoUNE a Movistar, con la que el Gobierno le aprobó la fusión de la red?
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