La seguridad energética nacional está estrechamente ligada al Grupo EPM que genera cerca del 25% del total de la energía que requiere el país. Ese porcentaje será cercano al 40% cuando entren en operación las ocho turbinas de Hidroituango, un proyecto que ha debido enfrentar diversas trabas y a detractores, incluido el actual Gobierno Nacional, que hasta sugirió su desmonte -por fortuna ya descartado-, sin valorar su impacto en la estabilidad y en la sostenibilidad energética del país.
Como parte de esas acciones y arguyendo una supuesta mejora en la calidad del servicio y universalizar la cobertura, el Gobierno anunció a mediados del año pasado una reforma a la ley 142 de 1994, que junto a la ley 143 regula los servicios públicos domiciliarios y el sector eléctrico. Pese a esos anuncios, dicha propuesta no ha sido presentada, dejando a millones de colombianos a la espera de soluciones para el acceso al agua potable, saneamiento básico, energía y gas para sus hogares y negocios.
Dada esa incertidumbre, y especialmente ante los desaciertos en las decisiones que el ejecutivo ha venido tomando en contra de las empresas de los sectores de energía y gas, lo que afecta de forma directa a los usuarios, el Representante a la Cámara por Antioquia, Juan Fernando Espinal Ramírez, le dijo a SINPRO que, antes de reformar la legislación, es prioritario establecer una política pública de energía robusta y estructurada que no dependa de los gobiernos de turno sino de unas reglas de juego claras que trasciendan en el tiempo y se enfoquen en las necesidades del país y sus ciudadanos.
Espinal plantea cuatro pilares para estructurar una política pública en tal sentido: seguridad o soberanía energética, transición, diversificación de la matriz y aspectos transversales, los cuales, en conjunto, responden a la importancia estratégica de la energía, no solo como motor económico, sino también como factor clave para garantizar la seguridad, la competitividad y la sostenibilidad del país; promovería el desarrollo y protegería los derechos de la población, alineándose con los principios de equidad, justicia y sostenibilidad.
Seguridad y diversificación
En virtud de la inestabilidad y las condiciones actuales a las que ha sido sometido el sector energético suena, por ahora, casi impensable pensar en nuevos proyectos como Hidroituango, el Representante nos expresó la necesidad de ampliar la matriz energética de Colombia que en el último año se ha caracterizado por un aumento en la participación de fuentes de energía renovable. Hasta cerca del primer semestre del año pasado, se incluyeron 66 proyectos renovables; además, se están probando 514 megavatios de energía solar, 32 megavatios de energía eólica y 12,5 megavatios de otras fuentes. Se estima que el 68% de la capacidad instalada del país proviene de fuentes renovables, lo que posiciona a Colombia como una de las matrices eléctricas más limpias del mundo.
Proyectos en curso
A propósito del parlamentario antioqueño, nos dio a conocer que esta iniciativa, la política pública de energía, no es la primera que desarrolla en este ámbito; actualmente lidera dos proyectos de ley de gran relevancia, el primero, la agilización de licencias ambientales, con la que se busca reducir de 90 a 60 días el tiempo para obtener esas licencias en proyectos eólicos y solares, fomentando así el desarrollo acelerado de energías renovables; y el segundo, la declaratoria del gas natural como recurso esencial para la transición energética dado que, de los 37 millones de colombianos que consumen gas, el 85% vive en estratos 1, 2 y 3, y es fundamental para la industria, el comercio y más de 200.000 vehículos que lo usan.
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