Aunque en Colombia persiste un estigma general sobre el sindicalismo, en especial por las posturas del que no comprende ni se adapta a las nuevas realidades laborales, económicas y sociales, reconforta que hay un gran sector de éste, y también de empleadores, que entienden la premisa que si hay empresas hay trabajadores, y con trabajo y trabajadores aumenta la probabilidad de que existan sindicatos con la misión de defender y mejorar, en paralelo, las condiciones de trabajadores y empresas.
Esa percepción, alimentada por algunos sectores y centrales sindicales que, en lugar de enaltecer ese papel se entregan a los gobiernos y a las administraciones de turno, se ha reflejado, entre otros, en que la afiliación sindical no supere el 4% de los trabajadores, quienes podrían ejercer su derecho a la libre asociación contemplado en la Constitución.
En SINPRO hemos asumido por 23 años nuestra misión como Sindicato de Profesionales de EPM y UNE bajo tres principios honrados sin dilaciones: la defensa de los trabajadores, el aporte a la sostenibilidad empresarial y la defensa de la institucionalidad y el patrimonio público representado en una organización como EPM, 100% pública.
Muestras de ello fueron las posiciones que asumimos y las acciones que emprendimos frente a las decisiones de las administraciones de Medellín y EPM en el período 2020-2023, que no solo pusieron en riesgo el proyecto Hidroituango y la seguridad energética nacional, sino la sostenibilidad de EPM y los intereses de los habitantes de Medellín, sus verdaderos dueños.
Al asumir el liderazgo de la defensa del patrimonio público, enfrentamos y denunciamos, entre otros, el negocio que hicieron con Afinia; la situación caótica a la que llevaron a Emvarias; el engaño a los ciudadanos con falsas promesas con las tarifas de energía; y la intención de exprimir aún más a EPM, a pesar de haber recibido de la empresa más de $7 billones en transferencias para inversión social en Medellín.
Así mismo, hicimos frente al constante ataque de esa administración al talento humano de EPM, mientras el sindicato de base de la empresa negociaba un acuerdo de bandas salariales, un esquema que frena el crecimiento y la promoción de los actuales trabajadores, incluidos sus propios afiliados –a los que “defiende”-, y baja las condiciones salariales de los ciudadanos que aspiran trabajar en EPM, una compañía que emplea de forma directa e indirecta a más de 60.000 personas en todo el país, genera el 26% de la energía para Colombia, que después de Ecopetrol es la que más recursos le aporta a la Nación, que le transfiere a Medellín el 25% del presupuesto total de la ciudad y le entrega anualmente más de 200 mil millones de pesos a 52 municipios de Antioquia y Corporaciones Autónomas Regionales.
Bajo esos mismos principios, como sindicato mayoritario, acabamos de llegar a un acuerdo para la nueva vigencia de nuestra convención colectiva de trabajo con EPM, en la que se refleja un equilibrio entre derechos laborales y sostenibilidad de la empresa, garantía de paz laboral y la concentración de esfuerzos en todos los retos que hoy tiene EPM para recuperar en su totalidad la senda de su rigurosidad histórica y seguir siendo modelo en la prestación de servicios públicos con eficiencia, calidad y cobertura, como esperan los usuarios y todos sus grupos de interés.
Para mantenernos por ese camino, desde SINPRO seguimos de cerca el proceso de reestructuración administrativa que adelanta EPM, la cual debe responder a las reales necesidades de la empresa para encarar sus desafíos presentes y futuros, dejando de lado cualquier indicio de interés personalista. También, y sin pretender coadministrar, que no es tarea sindical, seguimos atentos a todo lo que se relacione con EPM, defenderemos su condición 100% pública, mantendremos nuestros ojos en las decisiones sobre Afinia, Emvarias, Hidroituango, las filiales y los proyectos que se emprendan y, de forma especial, a las decisiones relacionadas con el talento humano, finalmente la cara del servicio.
Precisamente y como organización sindical responsable, en esta edición abordamos temas de gran interés, entre ellos varios relacionados con la seguridad energética y la política de energía del país; la situación de ISA, que vive una realidad similar a la de EPM en el pasado cuatrienio; el impacto para los usuarios de lo que pasa con los trabajadores de UNE; dos artículos que pueden ayudar a los ciudadanos a entender los componentes de la factura de servicios públicos y a comprender por qué hay interrupciones programadas del acueducto; los avances del proyecto Hidroituango; y un homenaje que hacemos al emprendimiento de la región que, desde hace más de 100 años y por iniciativa de grandes prohombres, dio lugar a la creación de empresas emblemáticas, fuentes de empleo y parte del progreso del país.
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