Tratar de blindar a EPM de la politiquería y las ganas del GEA y de otros grupos económicos y políticos por privatizarla.
El desastre de Hidroituango constituye el punto de quiebre para repensar a EPM desde una nueva realidad. En manos de comunidad, academia, sindicatos, recurso humano interno y usuarios, reposa la difícil tarea de conservar para todos este incomparable patrimonio público, amenazado por tantos oportunismos políticos e intereses privados. Un reto formidable debería ser convertirla en EMPRESAS PÚBLICAS DE ANTIOQUIA, con todas sus implicaciones y consecuencias. Es en este objetivo que debería centrar su esfuerzo el señor gobernador en vez de estar rumiando su resentimiento de vieja data con la entidad.
Por supuesto el reto inmediato es concluir con éxito el proyecto. Éxito medido en obras de ingeniería pero sobre todo en términos de calidad de vida de la comunidad impactada. Sus modos de vida, sus fuentes de trabajo y sustento, su integridad familiar y afectiva son elementos tanto o más relevantes que la culminación de las obras.
Es necesario un replanteamiento profundo de las inversiones en el exterior. No más aventuras empresariales por cuenta de la abundancia de recursos derivados de un pobre enfoque gerencial que considera las utilidades un objetivo y no consecuencia de una gestión socialmente responsable. EPM tiene la obligación de cumplir su misión con tarifas que permitan rendimientos financieros al dueño institucional pero también prestar servicios públicos de calidad a los dueños reales, como en efecto lo hace, pero a unos costos más accesibles. Si hacen falta recursos para enfrentar la contingencia ahí están esas inversiones innecesarias o mal negociadas con el embeleco de “EPM sin fronteras”. La empresa existe para ser útil y no para ser importante.
La comunidad exige retomar UNE antes que MILLICOM la destruya completamente. Su mala gestión, la pésima calidad de los servicios que presta, el irrespeto a su recurso humano, el nulo compromiso con la institucionalidad, la burla a una comunidad que no ha recibido ni recibirá beneficios de cuenta de una propiedad pública mayoritaria en semejante disparate empresarial, exigen atención inmediata.
Millicom va a exprimir a UNE antes de intentar venderla a un tercero. Ese será el próximo paso de esa joya de socio escogido a dedo por la administración Gaviria y once concejales. Cuanta faltan hacen en este difícil momento los 1.4 billones que debió haber recibido EPM de cuenta del negocio, recursos que nunca salieron realmente del bolsillo de MILLICOM.
Hay que recuperar en el imaginario colectivo la confianza que generaba el nombre EPM. Evidentemente su credibilidad ha sido menguada, no solo por HIDROITUANGO sino, sobre todo, por un preocupante y progresivo alejamiento de la comunidad. Este llamado de atención de la naturaleza es una oportunidad para retomar una conciencia social venida a menos, opacada por el brillo de las utilidades, y una invitación para otorgar al compromiso social la misma jerarquía que concede a la gestión financiera.
Irresponsable el señor gobernador cuando acusa a EPM de jugar “gallina ciega” con el proyecto y despreocuparse de la vida y el sufrimiento de la gente. Si así lo cree, su obligación ética es denunciarlo judicialmente puesto que esas actitudes constituyen un delito. O cuando se queja del desorden que él mismo produce al calificar como “melcocha” el prudente manejo informativo dado al caso. Deja mucho que desear un gobernante que utiliza caminos tan mezquinos para hacer oír su voz como dueño mayoritario de Hidroituango.
Si ha habido corrupción necesariamente se va a conocer y quiénes hayan delinquido tendrán que responder penalmente. Esa cultura EPM tan arraigada no se puede haber perdido. Tanta gente buena, tantos ojos vigilantes, jamás cohonestarían comportamientos indebidos.
Los retos planteados demandan un pacto colectivo en defensa de EPM. Su horizonte empresarial no se agota en los cuatro años del gobierno de turno. Necesitamos líderes que midan su capacidad de trascendencia en su visión de largo plazo. Hay que marginar la entidad de los vaivenes electorales. Que políticos y grupos empresariales saquen sus manos de EPM.
No más gobernantes pignorando ingresos futuros o haciendo proyectos innecesarios con los recursos colectivos. Tal vez eso explique el desasosiego del señor Gobernador al pedir a otros la serenidad que él mismo no muestra. El desastre de HIDROITUANGO pone límites a su pretensión de girar contra los ingresos de próximas generaciones.
No es solo a Medellín a quien EPM transfiere dinero. Los recursos que traslada a varios municipios y los impuestos que paga a la Nación son motores para la economía.
El Acuerdo 58 de 1955, que dio vida a las Empresas Públicas de Medellín, especifica que el Municipio de Medellín creó un ente autónomo con los bienes que conformaban a las Empresas de energía eléctrica, teléfonos, acueducto y alcantarillado. Ese fue el primer y único aporte del Municipio a lo que hoy conocemos como Grupo EPM, en una muy buena decisión, que con el tiempo se fue moldeando hasta convertirse en un gran conglomerado 100 por ciento público, con un patrimonio superior a los 20 billones de pesos.
Ese mismo Acuerdo estableció las reglas de juego de EPM en relación con la operación y ampliación del sistema, el nombramiento de cargos como el del Gerente y de los miembros de la Junta Directiva, y especialmente un tema que aún subsiste: el traslado de aportes de EPM al Municipio de Medellín, único propietario de la Empresa.
Dice el Acuerdo 58 de 1955 en su Artículo 7° que: “las Empresas Públicas de Medellín en cada uno de los dos primeros años de funcionamiento pagará al Municipio de Medellín en concepto de aporte para atender a la satisfacción de necesidades colectivas esenciales, la misma cantidad señalada para el periodo fiscal de 1955, o sea la suma de $1.030.000”, entendiendo “necesidades colectivas esenciales” como la inversión social que debe realizar la Alcaldía, de manera que pueda mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.
Ese artículo, que sigue vigente, fue reglamentado así: “el Concejo de Medellín dispuso que el porcentaje de excedentes financieros de EPM que se transfirieran al Municipio de manera ordinaria fueran equivalentes al 30% de los mismos…”, sobre la base de las utilidades netas. Posteriormente se dispuso la existencia de excedentes ordinarios, extraordinarios y adicionales, que 63 años después se mantienen.
EPM sigue transfiriendo un importante porcentaje de sus utilidades al Municipio para ser destinado a inversión social en la ciudad y sus corregimientos. Ese compromiso fue ratificado a través del Convenio Marco de Relaciones Municipio de Medellín – Empresas Públicas de Medellín, suscrito en 2007 por el exalcalde Sergio Fajardo y el exgerente Juan Felipe Gaviria, respectivamente.
Dice el convenio que “…los requerimientos de transferencias financieras de EPM al Municipio se deben armonizar con las proyecciones financieras de la entidad, de modo que se atiendan los requerimientos del dueño, sin atentar contra la viabilidad, la solvencia y la solidez financiera de EPM, así como tampoco contra las proyecciones de la Empresa”.
Por su parte, el Acuerdo 69 de 1997 dispone que el porcentaje de excedentes financieros de EPM a transferir al Municipio no puede ser superior al 30%, pero el Convenio Marco señala que “…podrá haber transferencias adicionales, definidas y acordadas entre ambas entidades, considerando, por un lado, los requerimientos financieros del Municipio para programas específicos de inversión…”.
Fue justo en 2007, año de la firma del Convenio Marco, cuando se comenzaron a realizar transferencias extraordinarias y adicionales al Municipio, por solicitud de los alcaldes de Medellín de cada época, Alonso Salazar, Aníbal Gaviria y Federico Gutiérrez. Cada uno de ellos argumentó, en su momento, la necesidad de recurrir a más recursos de EPM, según las exigencias de sus Planes de Desarrollo. No puede olvidarse que Aníbal Gaviria lideró la venta de la mitad de UNE EPM Telecomunicaciones S.A. para su proyecto Parques del Río Medellín, una decisión aún muy cuestionada y que causa lamentos entre quienes consideran que UNE, como EPM, debía seguir siendo 100 por ciento pública.
Más que históricas
Este año, producto del ejercicio financiero de 2017, las transferencias de EPM al Municipio de Medellín, las más altas en la historia, se proyectaron en 1,2 billones de pesos, equivalente al 55% de las utilidades. Adicionalmente, al Municipio se destinaron el año anterior, 300 mil millones de pesos de la venta de la participación de EPM en Isagén.
Esas cifras son tan significativas como los cerca de 4,7 billones de pesos transferidos por EPM al Municipio en los últimos cinco años o los 8,4 billones transferidos en los últimos 10 años, que es equivalente a aproximadamente el 75% del valor total presupuestado para la construcción de la central hidroeléctrica Ituango.
¿A dónde van las transferencias?
Los recursos que vía transferencias entrega EPM se integran al presupuesto del Municipio, los cuales, de acuerdo con los reportes de la Secretaría de Hacienda, se destinan a gran parte de las actividades de las diferentes dependencias de la Alcaldía de Medellín.
La Secretaría de Cultura Ciudadana en el año 2017 utilizó recursos transferidos por EPM en el programa Cerros tutelares y en planes de inclusión y diversidad étnica, lectura y fomento a empresas culturales, entre otros. La de Gobierno en los planes Desarme y Delinquir no paga; la de Servicios Administrativos en el Plan de Potenciación del talento humano; la de Movilidad en semaforización; la Privada en comunicación organizacional; la de Comunicaciones en estrategias de comunicación y divulgación y la Subsecretaría de Servicios Públicos en los programas de alumbrado público, mantenimiento de la estratificación, censo catastral y Mínimo Vital de Agua Potable, entre otros. Todos esos planes y programas están contemplados como inversión social.
La importancia de EPM 100% pública
Si EPM no existiera o no transfiriera recursos, es claro que la realidad de Medellín sería muy distinta, puesto que las transferencias anuales equivalen aproximadamente al 20 por ciento del presupuesto del Municipio. La calidad y la cobertura de los servicios que presta; su aporte social permanente; los recursos y la calidad de vida que genera a Medellín, a Antioquia y a Colombia; la capacidad y compromiso social de su talento humano; entre otros, son argumentos suficientes para defender por siempre a EPM como modelo nacional e internacional de eficiencia como empresa 100 por ciento pública.
Es momento de defender mucho más a EPM 100% pública. Las nuevas generaciones de medellinenses y antioqueños han crecido con la presencia permanente de EPM y no tienen consciencia real de su relevancia en el crecimiento organizado y sostenido de una ciudad como Medellín y de sus aportes al departamento y al país.
Es necesario que el Municipio mantenga pública a EPM, pero también que sea consciente de que el traslado de excedentes financieros no es ilimitado, pues situaciones como la contingencia presentada en el Proyecto Hidroeléctrico Ituango, llevan a pensar que los resultados financieros de 2018 y 2019 van a ser inferiores a los de los últimos años, por lo que el Municipio debe repensar sus planes en el corto plazo y la próxima administración deberá abrocharse el cinturón.
Los otros beneficiados
Además de lo que transfiere cada año a Medellín, durante 2017 EPM transfirió 62.000 millones de pesos a 52 municipios y tres corporaciones autónomas, mientras que en los últimos cinco años el pago de impuestos a la Nación ha oscilado entre 800 mil y 950 mil millones de pesos, siendo el segundo mayor contribuyente después de Ecopetrol.
Los municipios deben invertir esos recursos en proyectos de saneamiento básico, tratamiento de aguas residuales y disposición de residuos sólidos, entre otros; las corporaciones autónomas, por su parte, deben destinarlos a programas de protección del medio ambiente.
¿Cuál es el papel de las calificadoras de riesgo? ¿Cómo han calificado históricamente y califican ahora a EPM tras la contingencia de Hidroituango? Aquí se lo contamos.
Una falla estructural en su casa cambió los planes de Pedro (*), que no solo tendrá que buscar con qué reparar inmediatamente los daños, sino buscar dónde alojarse con su familia durante el tiempo que duren los trabajos, abstenerse de realizar o minimizar otros gastos, algunos no tan necesarios, que tenía previstos. Por fortuna, su historia crediticia y el ser organizado con sus cuentas, le permitirá conseguir el dinero para las reparaciones.
Al igual que a Pedro con su vivienda, la contingencia del proyecto hidroeléctrico Ituango le significó a EPM tomar decisiones rápidas para atenderla, buscar la afectación mínima a sus finanzas y dar tranquilidad a los bancos que les debe y a los tenedores de bonos de la Empresa; obligaciones que debe honrar para mantener buen crédito y una buena reputación ante las calificadoras de riesgos, cuya principal tarea es medir el endeudamiento y el apalancamiento que tiene una organización.
¿Qué miden las calificadoras de riesgo?
Aunque EPM es una empresa cien por ciento pública de propiedad del Municipio de Medellín, y por tanto no emite acciones en la bolsa de valores, en 1997 se inscribió en el Mercado Público de Valores para emitir bonos de deuda que le permiten mayor solvencia financiera, lo que hizo que contase con calificación de riesgo para dichos títulos, y que desde 2003 recurriese a firmas calificadoras de riesgo como Fitch Ratings, BRC Investor y Moody´s Investor Service, que hacen una revisión periódica de la capacidad de pago, la emisión y colocación de bonos, y la deuda corporativa, entre otros.
Para estas firmas, los indicadores más importantes para emitir sus calificaciones son las relaciones entre la deuda y el Ebitda, y entre el Ebitda y el gasto financiero. Históricamente las calificaciones dadas a EPM siempre fueron óptimas, pero como era de esperarse, la contingencia de Hidroituango hizo que Fitch Ratings disminuyera la calificación de EPM, de BBB+ a BBB, y bajó su perspectiva a negativo. Lo anterior no quiere decir que las finanzas de EPM se hayan puesto en riesgo, pero sí que se requieren de medidas para afectarlas lo menos posible.
La mayor parte de la deuda de EPM está concentrada en bonos globales y bonos en moneda local, por lo que la calificación sobre el riesgo de esa inversión es relevante, en la medida en que es una especie de invitación o no a comprar lo que la Empresa ofrezca.
De acuerdo con la conclusión de varios analistas de valores consultados, la decisión tomada por la Junta Directiva de EPM de autorizar el estudio de la posible enajenación de activos, para mantener los niveles adecuados en las relaciones deuda-Ebitda, Ebitda-gasto financiero, se busca mostrar la fortaleza financiera de EPM con el fin de mejorar su perfil de deuda y mantener o mejorar su calificación crediticia. Sin embargo, y como los mercados van a una velocidad diferente y son más rápidos que los conceptos de las calificadoras de riesgo, como era de esperarse por la situación de Hidroituango, en primera instancia los bonos de EPM han tenido impactos negativos en precio.
Lo anterior significa que las decisiones que EPM tome en relación con este tema son fundamentales, no solo para mantener su reputación interna y externa, sino para reducir posibles impactos ante una rebaja de la calificación, pues eso podría significar que a futuro la consecución de recursos sea a tasas de interés más altas.
De las decisiones acertadas que se tomen y del buen manejo que hagan de sus respectivos recursos, le permitirán a Pedro dejar de nuevo su vivienda en las mejores condiciones y sin demasiadas afugias económicas adicionales, y a EPM concentrar la mayor parte de sus esfuerzos en sacar adelante el proyecto hidroeléctrico Ituango y mantener o elevar la calidad y cobertura de los servicios que actualmente presta.
Tras la contingencia de Hidroituango, la Junta Directiva de EPM aprobó estudiar posibles desinversiones, un asunto que pone a pensar.
Con finanzas sólidas, que se espera no sean afectadas por la contingencia del proyecto hidroeléctrico Ituango, la Junta de EPM aprobó estudiar la venta de activos hasta por 3 billones de pesos, en caso de requerirse para atender las necesidades del proyecto y seguir con sus compromisos financieros habituales. ¿Es el momento de desinvertir en los negocios que no han dado resultados económicos para la Empresa?
En los últimos cinco años, EPM ha decidido la venta de parte de sus activos por tres razones bien diferentes. La primera en 2013, cuando aduciendo la necesidad de buscar un socio estratégico para poder competir en el negocio de las telecomunicaciones, el alcalde de la época, Aníbal Gaviria, llevó al Concejo de Medellín la propuesta de vender el 50% menos una acción de UNE EPM Telecomunicaciones S.A. Como se dice en el argot popular, se mató la gallina de los huevos de oro, porque en adelante EPM no volvió a ver un peso de la empresa.
El segundo hecho ocurrió a comienzos de 2016, cuando fue llevada al Concejo de Medellín la propuesta de vender el 13.14% de la participación accionaria de EPM en Isagén, ante la posible pérdida de liquidez y bursatilidad de la acción en el corto plazo, el cambio de rol de Isagén al quedar en manos de un competidor de EPM, y la oportunidad histórica de vender las acciones a buen precio.
En ese momento el Concejo de Medellín debatió la conveniencia de recaudar los 1.48 billones de pesos que representaban las acciones y, a renglón seguido, tomar la decisión de qué hacer con esos dineros, pues EPM se encontraba con la suficiente solvencia en caja como para entregar gran parte de los recursos a la Alcaldía de Medellín, que los requería para avanzar en las obras del Tranvía de la carrera 80.
El tercer momento es el actual. El anuncio de una posible venta de activos surgió a raíz de la contingencia ocurrida en el proyecto hidroeléctrico Ituango, iniciada el 28 de abril. La posible enajenación o venta de activos y/o participación en sociedades hasta por 3 billones de pesos, fue anunciada por EPM como parte de un plan de desinversión planificado, con el fin de tener alternativas de fondeo de recursos que le permitan no solo atender la contingencia de Hidroituango sino seguir cumpliendo sus planes de inversión, operación y servicio de la deuda.
Las tres decisiones de desinversión se dieron en momentos históricos totalmente diferentes. Mientras que la venta de UNE buscaba recursos inmediatos para la alcaldía, la de Isagén sucedió en tiempos de calma financiera y la tercera en un momento coyuntural difícil. Sin embargo, ello no quiere decir que esta venta de activos sea un asunto menor, pues este tipo de decisiones toma su tiempo y siempre debe ser consultada y aprobada por el Concejo de Medellín.
Para Carlos Enrique Rodriguez, director de Renta Variable de Ultraserfinco, EPM “actualmente tiene habilitadas líneas de crédito con el fin de prevenir una necesidad de caja en el mediano plazo, la venta de activos es una medida complementaria para afrontar la actual situación como consecuencia de la emergencia del proyecto Hidroituango.
Si bien el patrimonio puede disminuir, EPM recibiría caja y no aumentaría su endeudamiento de forma considerable con el objetivo principal de conservar el grado de inversión. En resumen, puede decirse que la decisión no es desacertada”.
Finanzas sólidas
Pese a que la contingencia de Hidroituango continúa, EPM espera retomar el control del proyecto en octubre y reprogramó su entrada en operación para dentro de tres años. Por otro lado, las directivas han sido enfáticas en advertir que las finanzas de la Empresa siguen siendo sólidas y que al corte de abril de 2018 reportó ingresos por 5,1 billones de pesos, con un Ebitda de 1,7 billones de pesos.
A la pregunta de si es mejor enajenar activos o buscar recursos de otra forma para no afectar el patrimonio de la Empresa, Rodriguez señaló que “lo que se busca con la venta de activos es mejorar la posición de caja y reducir la deuda neta de la compañía. Al buscar un socio estratégico, por ejemplo, no se estaría mejorando el apalancamiento de la compañía”. Lo que sí debe quedar claro para la sociedad en general, es que no se debe abrir nunca la puerta de la Empresa a un “socio estratégico”, pues ello no es otra cosa que la entrada de los privados a EPM.
Es claro entonces que, si no es una decisión equivocada, la enajenación puede verse como una posibilidad de salir de activos que actualmente no le están aportando a EPM. Sobre ello Rodríguez dijo que “EPM tiene activos tanto a nivel nacional como internacional, nosotros creemos que las desinversiones se van a dar en el ámbito internacional y la valoración de dichos activos debería ser independiente al proyecto de Hidroituango, por tener flujos independientes. El precio final definitivamente va a depender de las circunstancias y necesidades del Grupo EPM”.
Según la Contraloría General de Medellín, hay inversiones de EPM en el exterior por las cuales se pagó mucho dinero y ha habido bajo retorno de la transacción. Un ejemplo fue el proyecto hidroeléctrico Bonyic, en Panamá, que tuvo un presupuesto inicial de 50 millones de dólares y al final se gastaron 314 millones de dólares. Otros negocios cuestionados son Aguas de Antofagasta (Adasa) y el Parque Los Cururos, en Chile; y Ticsa en México.
"La enajenación puede verse como una posibilidad de salir de activos que actualmente no le estan aportando a EPM"
Es posible que sea el momento propicio para repensar las inversiones extranjeras y salir de aquellas que no sean rentables para EPM, aunque la Empresa ha señalado en varias oportunidades que según el plan financiero es necesario esperar unos años más en algunas de ellas, para conseguir el retorno de la inversión.
Esa es una pregunta que se hacen los trabajadores colombianos. Tome la decisión que mas le convenga.
La pérdida de 2,25 billones de pesos en la rentabilidad de los fondos privados de pensiones durante los primeros meses de este año, ponen nuevamente en alerta a los pensionados y a los trabajadores afiliados a dichos fondos, que ven como se trasladan esas pérdidas a sus ahorros y como se reducen sus expectativas de una pensión digna y de acuerdo con los aportes realizados a lo largo de su vida laboral.
Desde 1994, los trabajadores colombianos pueden escoger entre dos regímenes pensionales: el solidario de Prima Media con prestación definida (RPM), administrado por Colpensiones (antes ISS) y el de Ahorro individual con solidaridad, bajo las administradoras de fondos de pensiones (AFP) Colfondos, Old Mutual, Porvenir y Protección.
Cada uno de esos dos regímenes tiene características diferentes y genera expectativas diferentes, por lo que es importante resaltarlas y poder entender los riesgos que implica estar en uno u otro, teniendo en cuenta que las diferencias más notables se presentan para efectos de obtener la pensión de vejez.
Régimen de Prima Media - Colpensiones
Este régimen establece unas condiciones básicas para obtener la pensión:
· Edad: 57 años para las mujeres y 62 años para los hombres.
· Semanas cotizadas: Un mínimo de 1.300, que equivalen a cerca de 25 años de trabajo.
· Ingreso base de liquidación (IBL): Promedio de lo cotizado en los últimos 10 años.
· Monto: Un porcentaje que oscila entre el 55% y el 79%, dependiendo del ingreso y del número de semanas cotizadas.
Régimen de Ahorro Individual – Fondos privados (AFP)
En éste el afiliado se pensiona a la edad que quiera siempre y cuando tenga un capital que soporte financieramente la pensión, el cual resulta del saldo de su cuenta de ahorro individual, conformada por los aportes obligatorios (que realizan empleador y trabajador, del 16% del salario); los ahorros voluntarios; el bono pensional si hubiere lugar a ello; y la rentabilidad.
Como la rentabilidad depende del mercado y éste de la economía, se supone que ante un buen resultado los afiliados terminarían siendo muy favorecidos, sin embargo en los mejores momentos de la economía, la comparación entre el resultado de los fondos y los del régimen de prima media han sido desventajosos para los afiliados a las AFP. Normalmente en el fondo privado las personas se pensionan con un 30% menos, haciendo los mismos aportes; si eso es así, cuando aparece la rentabilidad negativa el resultado es más crítico, pues el sistema está hecho de manera que el fondo nunca se afecta y pierde el ahorrador.
Para saber cómo ha evolucionado su cuenta individual de ahorro para pensión en el respectivo fondo al que cotiza, cada trabajador tiene la opción de conocer y comparar la evolución de los mismos, revisando los extractos de dicha cuenta en los últimos meses y años.
Los pensionados
¿Cómo se afecta el capital que tienen los actuales pensionados, que es lo que respalda el monto de la pensión especialmente para quien se encuentra en la modalidad de retiro programado? Es necesario recordar que en 2011 la Corte Constitucional consideró que de acuerdo con la ley no es posible dejar de incrementar la pensión tomando como referente el incremento del IPC, pero con la finalidad de evitar la desfinanciación de la cuenta es posible que la pensión termine siendo equivalente al mínimo legal.
Ante este riesgo, es recomendable que quien está afiliado a una AFP solicite por escrito al respectivo fondo le haga la proyección financiera para que informen sobre la probable pensión en el fondo y la comparación con el régimen de prima media. Esa información es fundamental para que el afiliado tome la decisión de continuar o no en dicho fondo.
Traslado a Colpensiones
Después de los análisis individuales de la conveniencia de estar en uno u otro régimen, el afiliado a un fondo privado de pensiones puede solicitar su traslado “pacífico” inmediato a Colpensiones (si le falta más de 10 años para cumplir la edad). Si le falta menos de ese tiempo, ya no puede trasladarse “pacíficamente”, por lo que podrá hacerlo mediante un proceso judicial tendiente a obtener la nulidad o ineficacia de la afiliación al fondo privado y recuperar el régimen que administra Colpensiones, como lo han logrado miles de personas.
Teniendo en cuenta la realidad planteada, sería conveniente, además de ético, que los empleadores que promovieron en su momento la afiliación masiva a los fondos, asesoren y orienten a los trabajadores para que retornen al régimen de prima media.
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