10 de septiembre de 2018
En el Concejo de Medellín continúa el proceso de socialización del Proyecto de Acuerdo 150 que busca autorizar a EPM para enajenar algunas participaciones accionarias, entre ellas sus acciones en ISA. Por una interpretación jurídica de la empresa sobre la Ley 226 de 1995, el Proyecto no incluye las inversiones en el exterior, la cual es objeto de discusión en el cabildo municipal.
Preocupa a SINPRO, de manera especial, que tanto los alcaldes de Medellín como los concejales de la ciudad le hayan otorgado tantas licencias a las Juntas Directivas y a las anteriores administraciones de EPM para ir entregando de a poco el patrimonio público de los medellinenses.
El propósito señalado por la empresa para adelantar la gestión del Proyecto de Acuerdo en el Concejo y otras decisiones que se vienen tomando, es obtener recursos para atender los requerimientos financieros derivados de la coyuntura del Proyecto Hidroituango.
Por todo lo conocido, tras la contingencia, es evidente que estamos en un momento histórico para el presente y futuro de la empresa, por lo que cualquier decisión del Concejo y de la Administración de EPM, tiene que hacerse con total responsabilidad y absoluta transparencia, pues están en juego su sostenibilidad y una muy buena parte del desarrollo de Medellín, de Antioquia y de Colombia.
Hoy más que nunca, como organización sindical responsable, nuestra posición frente a las situaciones estructurales y coyunturales que afectan a EPM, está sustentada en los tres principios fundamentales de SINPRO: sostenibilidad y viabilidad de la empresa, defensa del patrimonio público y defensa de la estabilidad de los trabajadores.
Dejamos constancia de que apoyamos todas las investigaciones que permitan conocer las causas que nos condujeron a la actual situación financiera de EPM, que no es atribuible exclusivamente a la contingencia; así como las que permitan conocer los responsables de lo sucedido con el Proyecto, que no solo deben buscarse en EPM, puesto que todas las decisiones que se han tomado frente al mismo se hicieron al más alto nivel.
El Concejo de Medellín, en estos momentos, debe basar cualquier decisión que tome con respecto a EPM, teniendo como principal fundamento de acción el rigor técnico, el rigor jurídico y el rigor financiero que caracteriza a la empresa. Esto debe primar sobre cualquier decisión, especialmente en el campo financiero.
Ahora, si bien somos conscientes de la necesidad inmediata de EPM para obtener liquidez, creemos que la ruta debe iniciarse con la desinversión en el exterior en los negocios que no son rentables o que han generado pérdidas para EPM, como Aguas de Antofagasta y el Parque Eólico Los Cururos, sin perjuicio de los resultados de las investigaciones para clarificar dichos negocios, en los que están comprometidos dineros 100% públicos.
En paralelo a la consecución de los recursos provenientes de esas desinversiones, que también tiene que hacerse con total transparencia, consideramos correcta la enajenación de algunos de los activos puestos a consideración del Concejo con el Proyecto de Acuerdo 150: Hidroeléctrica del Río Aures, Gestión Energética, Inversiones de los Aseguradores Colombianos, Terpel, Emgesa, Davivienda, Banco BBVA de Colombia, Acerías Paz del Río, Promioriente y Gas Natural del Oriente.
En lo que respecta a las acciones que EPM posee en ISA, siempre hemos considerado que es un activo de altísimo valor para la empresa no solo por lo que representa financieramente sino porque es uno de los patrimonios públicos más importantes del país. No obstante, estamos de acuerdo con incluir la enajenación de estas acciones, sí y solo sí en caso de que la necesidad de recursos inmediatos por parte de EPM requiera hacer uso de esta opción.
Desde SINPRO creemos que el tema de la venta del 50% más una acción de UNE EPM Telecomunicaciones S.A. ni siquiera debe ser considerada en el Concejo, pues esta empresa representa más que una “inversión relevante” para EPM, pues hace parte del patrimonio que la ciudadanía confió a la empresa y al Municipio de Medellín (Alcaldía y Concejo). Por UNE seguiremos dando las batallas que se requieran, porque además nuestro principal fundamento como sindicato es la de defender a nuestros afiliados y a todos los trabajadores que construyeron esta empresa desde EPM.
Precisamente y en referencia al talento humano, queremos dejar muy en claro que todos estos esfuerzos orientados a la sostenibilidad de EPM, no puede tener efectos sobre la estabilidad laboral de los trabajadores, que somos quienes hemos construido y hemos hecho grande con conocimiento, dedicación, sentido de pertenencia, profesionalismo y compromiso con los ciudadanos a nuestra Empresa a lo largo de su historia. La administración de EPM no puede ni podrá escudarse en la contingencia de Hidroituango para afectar a los trabajadores, su patrimonio más valioso.
Finalmente, y este debate lo daremos en diferentes escenarios, es hora de que el Concejo, la Alcaldía, EPM y todas las instituciones de la ciudad, revisemos el tema de las transferencias al Municipio. El Convenio Marco firmado en 2007 (Sergio Fajardo-Juan Felipe Gaviria) puso en riesgo la sostenibilidad de la empresa y pisoteó el Acuerdo 69 de 1997 al aumentar las transferencias del 30 al 55% de las utilidades de EPM.
En estos momentos hay que pensar mucho más en cuidar la principal fuente de desarrollo y bienestar de la ciudad y de los ciudadanos, que son los directos beneficiarios de la inversión social que se deriva de la sostenibilidad de EPM.
Junta Directiva SINPRO
6 de septiembre de 2018
Dos pasos importantes orientados a defender los derechos de nuestros afiliados en UNE se dieron en los últimos días.
El primero de ellos se dio el 24 de agosto, con una reunión entre la nueva Junta Directiva del Sindicato, el Vicepresidente de Gestión Humana Ricardo González Andrade y el Director de Relaciones Laborales de UNE, para discutir sobre varios temas relevantes, entre ellos el estado de las negociaciones de la Convención, la creciente apertura de procesos disciplinarios y despidos asociados al Reglamento de Vivienda, y la persecución a SINPRO.
En lo referente a la negociación y de acuerdo con las conversaciones sostenidas en los últimos meses, se dejó claro que SINPRO no ha cesado en la presentación de propuestas novedosas y de beneficio mutuo, -de las que hemos respetado el compromiso de no hacer públicas para no entorpecer un acuerdo-, y que le facilitan a la empresa económica y jurídicamente su implantación. La última de ellas está en manos de la administración de UNE.
En relación con los procesos disciplinarios, la Empresa manifestó que éstos se han sustentado en la aplicación del Reglamento de Vivienda, aspecto en el que SINPRO viene analizando con su equipo de abogados, que ha venido asesorando jurídicamente a los afiliados que han sido objeto de dichos procesos y entablar las demandas a que haya lugar.
Adjudicación de créditos
El segundo paso se dio el pasado jueves, cuando gestionamos la adjudicación de siete (7) nuevos créditos de vivienda, con lo que en lo corrido de 2018 hemos logrado que este beneficio haya llegado a 28 de nuestros afiliados en UNE y permitiendo el ascenso en la lista de espera a quienes hacen parte de ella. De acuerdo con la rotación del Fondo se espera que antes de culminar el año haya una nueva ronda de asignaciones para nuestros afiliados.
Condiciones para acceder al beneficio
Es importante que antes de hacer una solicitud de crédito al Fondo y con el fin de evitar contratiempos, se tengan en cuenta algunos aspectos importantes: el conocimiento del Reglamento de Vivienda, la pertinencia del préstamo, el nivel de endeudamiento, el tiempo de espera en fila, las cuotas de amortización, las condiciones del crédito y los tiempos de los trámites para el desembolso, entre otros.
Representantes Comité de Vivienda
Estos son los representantes de SINPRO en el Comité de Vivienda con UNE, entre principales y suplentes: Hugo León Franco Fernández, Carlos Fernando Lopera Velásquez, Olga Lucía Arango Herrera y Luis Oriol Suárez.
Junta Directiva SINPRO
27 de agosto de 2018
La Asamblea de Delegados de SINPRO, en sesión del pasado 16 de agosto, respaldó la gestión efectuada por el Sindicato en los últimos años y eligió la Junta Directiva para el período 2018-2020.
Con el apoyo de los Delegados y de los afiliados, la Junta Directiva asume los retos estratégicos del Sindicato, basado en sus tres pilares fundamentales: defensa de los derechos de los trabajadores de EPM, UNE y Huawei; aporte a la viabilidad y sostenibilidad de las empresas; y defensa del patrimonio público.
En su primera sesión de trabajo, realizada el pasado viernes 24 de agosto, los miembros de la Junta hicieron la respectiva elección de los cargos en la misma, quedando así: Olga Lucía Arango Herrera (Presidente), Maritza White Restrepo (Vicepresidente), Luis Fernando Ángel Escobar (Secretario), Ditter Hugo Ruiz Burgos (Tesorero), René Fernando Higuita Girón (Fiscal), Adriana Yanette Calderón Álvarez (Vocal), Hugo Albeiro Herrera Lopera (Vocal), Hugo León Franco Fernández (Vocal), Jacqueline Restrepo Henao (Vocal) y Luis Oriol Suárez (Vocal).
Junta Directiva SINPRO
31 de agosto de 2018
Participa en sondeo sobre el Plan desarrollo de Medellín
Teniendo en cuenta la opinión de los ciudadanos, el Consejo Territorial de Planeación de Medellín (CTP), del que hace parte SINPRO en representación de los sindicatos, busca aportar al progreso de la ciudad, con el seguimiento y evaluación permanente al Plan de Desarrollo de la ciudad, en aspectos como empleo digno, seguridad, servicios públicos, salud, educación, convivencia ciudadana, medio ambiente y cultura, entre otros. (Ver Plan de Desarrollo 2016-2019 “Medellín cuenta con vos”)
Por eso, desde SINPRO te invitamos a que como ciudadano y/o como servidor público, inviertas unos cinco minutos de tu tiempo, para que respondas a 20 sencillas preguntas efectuadas por el CPT, como Sondeo al Plan de Desarrollo de Medellín (Haz clic aquí para ingresar) y contribuir a la vigilancia de los recursos públicos de la ciudad, gran parte de los cuales provienen de las grandes transferencias que el Grupo EPM le hace al Municipio de Medellín.
Olga Lucía Arango Herrera
Presidente SINPRO
Colombia ocupa un deshonroso puesto entre los países más corruptos del mundo, según el ranking de la ONG Transparencia Internacional, que asegura que en nuestro país el costo de la corrupción es cercano al 1% del Producto Interno Bruto (PIB) por año, mientras que el diagnóstico de la Asobancaria es mucho más crudo, al decir que la cifra alcanza el 5% del PIB por año.
Mal contados, estamos hablando de que $9 billones de recursos del Estado se quedan anualmente en las manos de los corruptos, en lugar de financiar obras y proyectos de inversión social, que brinden calidad de vida a toda la ciudadanía, especialmente a poblaciones con necesidades básicas insatisfechas. Nombres como Dragacol, Foncolpuertos, Odebrecht, Reficar, los mal llamados carteles de la contratación, de los cuadernos, del cemento, del azúcar, de los pañales, por mencionar algunos, están ligados a la palabra corrupción, que involucra no solamente al sector público sino al privado.
Pensando en recuperar esos recursos para el país y en ser más severos con los que cometen actos de corrupción, y consecuentes con nuestra defensa del patrimonio público, SINPRO se compromete con la Consulta Anticorrupción e invita a todos los afiliados a leer su contenido en www.vencealcorrupto.com para que puedan tomar una decisión frente a la corrupción, enemiga número uno del buen manejo de los recursos públicos.
Junta Directiva SINPRO
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