ue enfrenta grandes riesgos, al que le adeuda alrededor de $9 billones de subsidios de energía, gas natural y opción tarifaria; con el impago de la deuda por parte de Air-e; una crisis estructural del sistema eléctrico en el Caribe; incertidumbre jurídica y regulatoria que espanta la inversión; caída en la producción de gas natural; déficit de energía firme que en poco tiempo podría alcanzar 5% negativo; rezago normativo; crecimiento histórico en la demanda de energía y la inminente llegada de un fenómeno de El Niño de grandes proporciones, entre otros, que han puesto en riesgo la sostenibilidad del sector y la prestación del servicio a los colombianos.

El pasado 5 de junio, en un ejercicio de responsabilidad ciudadana convocado por el Sindicato de Profesionales de EPM -SINPRO-, en el que participaron organizaciones como Acolgen, Andeg, Andesco, Asoenergía, Asocodis, Naturgas, Ser Colombia, Ceera, EPM, Celsia, GEB, Afinia, la sociedad Hidroituango, el Clúster de Energía Sostenible de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, académicos y expertos independientes del sector, se expuso la situación que enfrenta la seguridad energética nacional y se plantearon propuestas concretas y urgentes que deberían ser estimadas por el próximo gobierno -cualquiera sea-, con el propósito de evitar el desabastecimiento de energía y gas, y dar estabilidad regulatoria a un sector fundamental para el país.

Desde SINPRO sintetizamos 10 propuestas concretas al próximo gobierno nacional:

1. Pagar la deuda del Estado con el sector energético; de no hacerlo, el sistema podría apagarse. El Ministerio de Hacienda debe estructurar un plan de pago con garantías reales en los primeros 30 días de gobierno.

2. Declarar emergencia energética operativa y activar un plan de racionamiento. Desde el primer día de gobierno se debe poner en funcionamiento el Comité de Crisis Energética, ordenar simulacros en el país y brindar información veraz a los ciudadanos.

3. Resolver la crisis en la región Caribe, donde el 30% de la población sufre pobreza energética. Estructurar un Plan de Desarrollo Eléctrico Caribe con entre 8 y 10 billones de pesos en 5 años, masificar el sistema prepago con consumo de subsistencia garantizado y presencia efectiva del Estado para desmantelar los grupos que bloquean las obras de infraestructura.

4. Recuperar la confianza de los inversionistas. Hay $60 billones de inversión represada en el sector para los próximos 8 años, la cual no llegará sin reglas claras. Se requiere un

decreto de estabilidad jurídica para proyectos de generación, transmisión y distribución; reactivación de la CREG con personal idóneo; y el compromiso público del gobierno de respetar las señales de mercado.

5. Desbloquear los 15.000 megavatios (MW) de proyectos represados en cola de conexión, que no han podido entrar al sistema por trámites, licencias, bloqueos o falta de punto de conexión. Se requiere reactivar los PINES (Proyectos de Interés Nacional Estratégico) con seguimiento diario, plazos máximos de respuesta institucional y un mecanismo de sanción a quienes demoren sin justificación las decisiones.

6. Asegurar, a través de mayor exploración, el suministro de gas nacional, del que solo hay reservas para alrededor de 5 años.

7. Construir una política pública energética. Convocar un Consejo de Seguridad Energética con participación de todos los actores y formular un Plan Energético Nacional 2026-2050 que oriente las decisiones de largo plazo con un principio rector: todas las fuentes son necesarias, todas son complementarias.

8. Modernizar la regulación. Se requiere una reforma que concentre a la UPME en la planeación energética y a la CREG en regulación con decisiones oportunas.

9. Proteger el bolsillo de los colombianos con una regulación estricta del alumbrado público y reformando el sistema de subsidios con base en el Sisbén y el consumo real.

10. Realizar campañas ciudadanas con lenguaje claro. La energía es calidad de vida, no megavatios; el ciudadano no entiende de cargos por confiabilidad ni de energía firme, entiende de facturas, calor y apagones.

La seguridad energética no es un debate técnico ni ideológico, es una condición esencial para el bienestar de los colombianos. El país tiene recursos naturales, capital humano y empresas para superar esta crisis; lo que no puede seguir faltando es voluntad política para actuar. De no hacerlo, podríamos estar abocados a una situación tan crítica como la vivida en 1992, con sus consecuencias económicas y sociales.

Que no tengamos que decir: apague y vámonos