Abril de 2026
El próximo presidente de la República enfrentará un reto crucial: evitar que Colombia se apague. Garantizar el suministro de gas natural, reactivar la exploración y explotación de petróleo y minerales estratégicos deben convertirse en prioridades inmediatas.
El país ya cuenta con un diagnóstico claro de las problemáticas del sector minero-energético; por ello, el momento exige pasar de la discusión a la acción. La ruta debe enfocarse en soluciones concretas que devuelvan el dinamismo a un sector fundamental para impulsar el crecimiento económico desde las regiones y fortalecer las finanzas públicas.
Con políticas públicas adecuadas, reglas claras y seguridad jurídica, este sector puede aportar más del 50 % de las exportaciones totales, cerca del 30 % de la inversión extranjera directa y alrededor del 20 % de los ingresos corrientes de la Nación. A esto se suman las regalías, que representan cerca de un tercio de los presupuestos de inversión de alcaldías y gobernaciones, así como aproximadamente el 7 % del PIB.
Para recuperar y fortalecer el sector energético, el nuevo gobierno deberá implementar un paquete de medidas extraordinarias que permita expandir, modernizar y sanear el sistema energético nacional. Esto implica reactivar el sector petrolero y recuperar el protagonismo de Ecopetrol, incrementando de manera acelerada la exploración y producción de crudo y gas natural. Es evidente que esta es una de las principales rutas para reactivar la economía del país, que podría enfrentar una crisis profunda.
Colombia enfrenta hoy el mayor riesgo de desabastecimiento eléctrico desde el apagón de 1992. La demanda de energía crece a una tasa cercana al 4 % anual, mientras que los nuevos proyectos presentan retrasos significativos en licenciamiento ambiental, consultas previas y conexión al Sistema de Transmisión Nacional.
De acuerdo con estimaciones de XM y de los gremios del sector, las inversiones necesarias para evitar un colapso del sistema superan los $40 billones en la próxima década: aproximadamente $18 billones en generación, $12 billones en transmisión y $10 billones en distribución.
La prioridad debe centrarse en recuperar la confiabilidad del sistema eléctrico. Según proyecciones de XM, la energía firme entrará en déficit a partir de este año, con un deterioro más profundo entre 2027 y 2028, alcanzando brechas superiores a 60 GWh/día hacia mediados de la próxima década.
La subasta del Cargo por Confiabilidad de 2024 evidenció la magnitud del problema: solo se asignaron 11 GWh/día nuevos, menos del 40 % de lo requerido para cubrir el periodo 2027–2028 y apenas el 15 % de lo necesario para recuperar una holgura operativa adecuada.
La falta de señales claras de precios, la volatilidad regulatoria y el riesgo político han reducido significativamente el interés de inversionistas nacionales y extranjeros. A esto se suman los retrasos en transmisión, que oscilan entre 2,7 y 6,4 años, afectando la entrada de proyectos de energías renovables en La Guajira, las expansiones en el Valle del Cauca y la Costa Caribe, así como obras críticas en el centro del país.
Sin un fortalecimiento de la infraestructura y sin recuperar la capacidad firme, la transición energética no solo resulta inviable, sino que pone en riesgo la seguridad energética nacional, incrementa las tarifas y debilita la estabilidad macroeconómica.
Frente a este panorama, se requiere una agenda de reformas con decisión política y capacidad técnica para su ejecución:1- Reforma integral del Cargo por Confiabilidad, que actualice su diseño para remunerar adecuadamente el respaldo térmico y el almacenamiento, e incluya un mecanismo “CxC Exprés” que permita la entrada acelerada de proyectos entre 2027 y 2029; 2- Implementación del Plan Térmico 2030, enfocado en la repotenciación de plantas existentes, la conversión a combustibles duales y la expansión mediante tecnologías probadas de rápida entrada en operación; 3- Destrabar la entrada de proyectos renovables en La Guajira mediante un Acuerdo Nacional que garantice su puesta en operación; 4- Actualizar la planeación energética de la UPME, incorporando almacenamiento, demanda flexible y mayor integración de energías renovables; 5- Convertir la gestión de la demanda en un pilar de la confiabilidad del sistema; 6- Reforzar la gobernanza del sector y blindar las instituciones técnicas frente a interferencias políticas.
Sin duda, una apuesta decidida por el equilibrio entre seguridad energética, inversión y crecimiento permitirá fortalecer la economía del país. Colombia necesita un sector energético sólido, confiable y competitivo: sin energía, no hay desarrollo; sin reglas claras, no hay inversión; y sin inversión, no hay futuro.
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