Los alivios para el bolsillo ofrecidos por EPM a sus usuarios durante la actual emergencia social invitan a resaltar el espíritu de solidaridad institucional.

Sin distingo de raza, origen geográfico, condición social o credo, el Covid-19 afectó, literalmente, a todo el mundo, aunque en diferente medida. Los más vulnerables han profundizado su fragilidad económica, laboral y social, pero daños se han extendido a todos, poniendo a prueba la verdadera dimensión solidaria y colaborativa de los seres humanos y de las instituciones.

Al margen de las discusiones que tienen que abordarse sobre el nuevo rumbo al que se pretende encarrilar a EPM y que podría afectar su sostenibilidad -el anunciado cambio o ampliación de su objeto social, la incongruencia entre la planeación a largo plazo versus el planteamiento de los nuevos focos estratégicos para el presente cuatrienio, la culminación y puesta en marcha del proyecto Hidroituango, el monto de las transferencias al Municipio, la operación de CaribeMar, el alto nivel de endeudamiento, y el control de UNE, entre otros-, resulta justo hacer un balance de las medidas propias y las dictadas por el Gobierno Nacional, adoptadas por EPM durante la actual emergencia, que no obstante afectar los ingresos de la empresa, se han traducido en alivio y en aporte a la mitigación de los efectos económicos y sociales que han sufrido las familias de Medellín, Antioquia y el país, incluidas las de los servidores y los contratistas de EPM.

“Un primer paso se dio tan pronto iniciada la cuarentena obligatoria (…), garantizando a los usuarios en Antioquia el acceso, sin restricciones, a los servicios públicos domiciliarios esenciales”

 Un primer paso se dio tan pronto iniciada la cuarentena obligatoria decretada por el Gobierno Nacional, garantizando a los usuarios en Antioquia el acceso, sin restricciones, a los servicios públicos domiciliarios esenciales, lo que se tradujo en la reconexión de energía y gas en 38.876 hogares, el congelamiento temporal del cobro de intereses de mora por el no pago de los mismos, la suspensión del abono a las deudas pendientes en las recargas de agua y energía, la financiación sin intereses de recargas de los programas Aguas y Energía Prepago, y la congelación de cuotas de financiación de créditos con la empresa, entre ellas las relacionadas con la tarjeta SOMOS.

Estratificación de los alivios

Aunque es claro que la emergencia ha afectado a todos y en escalas diferentes, también podría afirmarse que a mayor vulnerabilidad, mayor necesidad de requerimientos básicos. De ahí que EPM, siendo cuidadoso con su propia sostenibilidad, aplicó los principios de equidad y de proporcionalidad para definir algunos alivios, teniendo como base el estrato y condición social de los hogares. En ese contexto, puso en marcha una serie de medidas temporales, de aplicación inmediata y con efectos paliativos en el corto, mediano y largo plazo para todos los usuarios de los estratos 1 a 6 y clientes no residenciales para los servicios de acueducto, alcantarillado, energía y gas. Ver infografía.

Situación tarifaria

En lo corrido del año y especialmente durante el período de cuarentena se han presentado innumerables quejas ciudadanas en el país por el incremento de las tarifas de servicios públicos, anunciados en su momento por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), respectivamente, que con la emergencia agravan de forma notoria la situación económica de millones de hogares de todos los estratos sociales, así como el de las empresas y todas las instituciones públicas y privadas.

“Como parte de las medidas de alivio implementadas por EPM, la empresa decidió no aplicar, por ahora, el ajuste de las tarifas de acueducto y alcantarillado”

Bajo esa premisa y como parte de las medidas de alivio implementadas por EPM, la empresa decidió no aplicar, temporalmente, el ajuste de las tarifas de acueducto y alcantarillado; e implementar la Resolución 048 de la CREG que permite a los usuarios opciones de pago para la tarifa del gas, financiándola hasta por 60 meses.

Pese a las medidas del Gobierno para que el costo del kilovatio hasta julio no suba, se presentan reclamos de los ciudadanos por las alzas en las facturas de energía, afectando especialmente a los estratos 1, 2 y 3, que según la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), son el 88 % de los más de 13,52 millones de clientes residenciales y reciben subsidios del Gobierno. Estos incrementos obedecen en gran medida a que muchos usuarios no son conscientes de la necesidad de ahorro para no pasar el tope del consumo de subsistencia, sobre el que se aplica el subsidio. Es decir, todo kilovatio que se use de más, a partir del consumo de subsistencia, se paga a tarifa plena, lo que se refleja en el valor de la factura.

En los últimos días, el Ministerio de Minas y Energía indicó que los recibos del servicio de energía remitidos a los usuarios para el mes de junio no podrán registrar un incremento en la tarifa frente a mayo. Así mismo se prohibió a las prestadoras del servicio la realización de la medición por promedio de consumo.

Durante la emergencia, EPM, en este sentido, ha buscado proteger a los usuarios, a través de varias campañas, recomendando el uso eficiente de los servicios públicos domiciliarios, dado que, al haber más personas en casa, muchas de ellas trabajando o estudiando, los consumos tienden a incrementarse.

Solidaridad compartida

Más allá de los alivios referentes a los servicios públicos domiciliarios, EPM ha realizado otras acciones, en materia de salud: convenio con la Universidad de Antioquia para la formación y apoyo a profesionales de la salud y el desarrollo de contenidos pedagógicos sobre el Covid-19, en contraprestación con la formación de personal adscrito al Departamento Médico; y un aporte económico de $3.000 millones a la IPS Universitaria para la dotación de equipos biomédicos en su Unidad de Cuidados Intensivos.

Así mismo, en conjunto con la Alcaldía de Medellín creó el Fondo Abrazando con Amor, administrado por la Fundación EPM, al cual aportó $1.300 millones, con los que se han distribuido kits alimentarios en Medellín, otros municipios antioqueños y Uribia en La Guajira; cuotas monetarias en Boyacá, Caldas, Santander y Sucre; y la proporción de insumos médicos a 12 instituciones de la salud de Caucasia, Puerto Nare, Ituango, San Andrés de Cuerquia, Toledo, Buriticá, Cañasgordas, San Jerónimo, Sonsón, El Santuario, Betania y Mutatá.

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