La compleja situación financiera que asumirá EPM a partir de 2022, sus efectos en las inversiones de la empresa y en las transferencias a Medellín. Columna de Luis Guillermo Vélez.
En el Juzgado 35 Administrativo de Medellin hace trámite una acción popular interpuesta por SINPRO para proteger los derechos e interese colectivos de los ciudadanos en EPM.
El gobierno local ha tomado malas decisiones que afectan el futuro de EPM y la prosperidad de Medellín, una ciudad que depende en buena medida del éxito financiero de la empresa.
Con el pago de la aseguradora y la prórroga del contrato hay que concentrarse en culminar el proyecto Hidroituango, restablecer relaciones con el BID y hacer veeduría a las finanzas de EPM.
Una mirada a la situación laboral en las dos empresas, en las que se dio otro dudoso movimiento.
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