En los últimos meses se ha debatido la conveniencia de que EPM vuelva a tener un gobierno corporativo sólido, que permita enviar un mensaje de tranquilidad a sus grupos de interés.

El concepto de gobierno corporativo llegó a Colombia con la apertura económica de los años noventa, con el objetivo de crear “un ambiente de confianza, transparencia y rendición de cuentas necesario para favorecer las inversiones a largo plazo, la estabilidad financiera y la integridad de los negocios”, según la Guía de Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo para Empresas Competitivas, Productivas y Perdurables, editado por la Superintendencia de Sociedades, Confecámaras y la Cámara de Comercio de Bogotá.

La llegada de una nueva administración a Medellín implica el cambio de estilo en el manejo del conglomerado público, que incluye a EPM, pero generalmente los alcaldes han sido precavidos y han respetado la autonomía y reglas de gobierno corporativo de la empresa, evitando que los mercados y las calificadoras de riesgo reciban mensajes erróneos. Por ejemplo, Fitch Ratings bajó las calificaciones de EPM hasta BBB- y mantuvo su observación negativa, luego de la renuncia masiva de la junta directiva de EPM en agosto de 2020.

El Convenio Marco Municipio de Medellín – EPM, que hace parte del Modelo de Gobierno Corporativo de la empresa, estableció la dinámica de esas relaciones, la junta directiva, el presupuesto y las transferencias, entre otros, y sobre los “compromiso de transparencia frente a la comunidad” para a aplicación de los principios de transparencia, imparcialidad y objetividad en todos sus procesos contractuales y de selección del personal.

“El Convenio Marco Municipio de Medellín – EPM, que hace parte del Modelo de Gobierno Corporativo de la empresa, estableció la dinámica de esas relaciones”.

Hacer énfasis en el gobierno corporativo y la importancia del respeto de los gobernantes por la autonomía de EPM no son asuntos mínimos, puesto que en 16 meses el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, los ha pisoteado y se han constituido en parte de su discurso político donde sobresalen dos elementos: EPM estaba en quiebra y él llegó para rescatarla.

Al preguntarles a expertos sobre los más graves errores cometidos por la actual administración de Medellín contra el gobierno corporativo de EPM, el gerente de Sala de Juntas Consultores, Ricardo Mejía Cano, dice que: “desconocer la junta directiva que el alcalde ratificó cuando se posesionó y luego obligó a renunciar, y mentir sobre el currículo de Alejandro Calderón Chatet y la manera como fue seleccionado para la gerencia”.

Al haber elegido en reemplazo de Calderón Chatet a un miembro de la junta directiva de EPM, el alcalde nuevamente puso en riesgo la reputación de la empresa.

Cambios para los próximos gobiernos

Como representante del Municipio de Medellín y miembro de la junta de EPM (en ambos casos por máximo cuatro años), quien sea Alcalde de Medellín tiene grandes compromisos con la ciudad y, en especial, con el futuro de la empresa que le genera cerca del 25% de los recursos para poder cumplir con los programas de gobierno.

Como el actual alcalde no ha respetado las reglas de gobierno corporativo de EPM, cabría la posibilidad de que los próximos gobernantes se comprometan con unas reglas de juego básicas, en pro de la sostenibilidad de EPM. ¿Cuáles podrían ser esas nuevas reglas? Según Mejía “es urgente separar las funciones de dueño que debe ejercer el alcalde, las de direccionamiento de la junta y las ejecutivas de la gerencia. Desafortunadamente la Ley 142 de Servicios Públicos permite que el alcalde controle los tres órganos de gobierno”.

Sobre este tema, la directora del Instituto Colombiano de Gobierno Corporativo (ICGC), Catalina Zea Muñoz, explicó que “reconociendo el riesgo de intereses particulares que pueden surgir de los cambios de gobierno, donde no sea necesariamente la sostenibilidad institución la que prime, sino intereses particulares de corte político, es necesario analizar los mecanismos regulatorios que permitan blindar el interés estratégico de largo plazo, asegurando procesos de selección de los miembros de la Junta y la Gerente bajo unos perfiles que obedezcan a estándares de conocimiento, experiencia y habilidades que aseguren contar con los perfiles adecuados para el rol que desempeñan, estableciendo que las dos elecciones no queden en manos de un solo actor”.

Zea agregó que se debe analizar, a la luz de los cambios regulatorios pertinentes, la posibilidad de blindar la estabilidad de la Junta, buscando equilibrio entre los cambios de sus miembros de manera escalonada para asegurar: i) mantener la historia de la empresa, ii) permitir rotaciones que renueven su diálogo, y iii) mitigar el riesgo de intervenciones políticas.

“Colombia ha avanzado en la eliminación de la participación de ministros en las juntas de empresas con participación del Estado, evitando conflicto de interés con su función”.

La selección de los administradores

Ricardo Mejía dijo que “para ingresar a la OCDE se aprobó el CONPES 3851 donde se indica que el Gobierno Nacional debe evitar involucrarse en las juntas y la gestión cotidiana de sus empresas; debe darles autonomía para ejercer sus funciones. En 2015 los 16 ministros participaban en la junta de alguna empresa estatal o mixta, hoy no hay ninguno, y se han ido retirando viceministros y funcionarios del gobierno para dar paso a profesionales independientes. ¿Por qué departamentos y municipios no siguen la misma regla? Porque a nivel local prima la politiquería sobre la buena administración”.

Mejía reiteró que lo más fácil sería regresar a lo que decían los estatutos de EPM en 1955: “La junta estará compuesta por el Alcalde de Medellín o el Secretario que él designe, quienes la presidirán, dos miembros de distinta filiación política elegidos por el Concejo de Medellín entre sus miembros, más cuatro nombrados por el Alcalde de ternas enviadas por el Banco de la República, los comerciantes, los bancos establecidos en Medellín y la Andi Medellín”, y “la dirección y administración estarán a cargo del Gerente General, de libre nombramiento y remoción de la Junta Directiva”.

La ética como principio fundamental

En su Código de Ética, el Grupo EPM se reconoce como sujeto ético con responsabilidades sociales y compromisos con valores como la transparencia, la calidez y la responsabilidad. Según la RAE, la ética es un conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida. Desde la filosofía, la ética es una disciplina que estudia el comportamiento humano y su relación con las nociones del bien y del mal, los preceptos morales, el deber, la felicidad y el bienestar común. Socialmente a la ética se le relaciona con el buen comportamiento.

“Con un alcalde, una junta y un gerente de EPM sin valores ni principios, que mienten y con propósitos turbios, no hay Código de Buen Gobierno ni de Ética que pueda ser efectivo”.

Así como hay quejas por el irrespeto al gobierno corporativo de EPM, también las hay sobre el cumplimiento al Código de Ética del grupo EPM. Ricardo Mejía afirma que “con un alcalde, una junta y un gerente de EPM sin valores ni principios, que mienten y con propósitos turbios, no hay Código de Buen Gobierno ni de Ética que pueda ser efectivo”.

Para la directora del ICGC “el Código de Ética (de EPM) presenta de manera estructurada un conjunto de reglas que obedecen a los valores que fundamentan el actuar en la empresa; en él se establecen los principios y expectativas que gobiernan el comportamiento de los individuos y la organización, y que trascienden el compendio de normativas en un contexto en particular”.

Es importante que cada ciudadano sea un veedor del gobierno corporativo y del comportamiento ético de EPM. Es necesario que el ADN que la empresa tiene hace 66 años se conserve por su bien y el de Medellín.

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