Compartimos con todos nuestros afiliados y los trabajadores de EPM y del Grupo EPM, el manifiesto por la seguridad energética nacional publicado el día de ayer por los tres más importantes periódicos del país, El Tiempo, El Espectador y El Colombiano, replicado a su vez por otra gran cantidad de medios de comunicación:

Señor Contralor Carlos Felipe Córdoba: Hidroituango es un proyecto de país

Desde SINPRO, Sindicato de Profesionales de EPM y UNE, llamamos a la Contraloría General de la República y con ella al Gobierno Nacional, a los órganos de control, a las autoridades energéticas, a todos los estamentos de la nación y a la ciudadanía, a proteger y preservar los recursos públicos representados en EPM y en el proyecto Hidroituango en el que reposa gran parte de la sostenibilidad energética del país.  En tal sentido:

Manifestamos nuestro apoyo por preservar lo público, así como la intención de seguir enfrentando todas las acciones que atenten contra la sostenibilidad de EPM y la del proyecto Hidroituango.

Manifestamos nuestro respeto por las investigaciones que adelantan la Contraloría General de la República y demás autoridades competentes, siempre que éstas se hagan con rigurosidad técnica y objetividad, dejando de lado intereses políticos o mediáticos, al estar en juego la seguridad energética de Colombia, el proyecto Hidroituango y la supervivencia de EPM como empresa pública sostenible, responsable y eficiente prestadora de servicios públicos en el país.

Manifestamos tranquilidad por la conclusión del fallo de responsabilidad fiscal proferido por la Contraloría General de la República respecto a que no hubo hallazgos de corrupción en el proyecto Hidroituango, lo que ratifica la importancia que todos los demás fallos y conclusiones estén soportados en análisis técnicos, con base en las necesidades del país, como son la sostenibilidad energética y la de sus empresas públicas.

Manifestamos que las obras del proyecto Hidroituango deben continuar con los actuales contratistas, dado que un eventual cambio demoraría entre 6 y 12 meses. Este retraso supondría mayores costos, nuevas multas, relevo de personal técnico y la solicitud de prepago de la deuda que por cerca de 22 billones de pesos tiene EPM con el BID y otras entidades, lo que pondría en riesgo la seguridad energética del país y la supervivencia de EPM.

Manifestamos que una posible decisión en tal sentido podría afectar también de forma directa la integridad de las comunidades aguas abajo del proyecto ante el aplazamiento de la mitigación de riesgos para ellas, como ya lo han advertido las autoridades ambientales y el Puesto de Mando Unificado.

Manifestamos nuestra preocupación por el hecho que, ante la pretensión de la Contraloría General de la República de recuperar 4,3 billones de pesos -que ya se están recuperando con el pago de la póliza todo riesgo, construcción y montaje, y la de lucro cesante, por parte de la aseguradora Mapfre-, se ponga en riesgo el patrimonio de EPM, cercano a los 50 billones de pesos.

Manifestamos que un posible fallo en segunda instancia por parte de la Contraloría General de la República, carente de un enfoque técnico, podría desatar un riesgo en cadena que no solo pondría en peligro el proyecto Hidroituango y la seguridad energética del país, sino la institucionalidad, el buen uso de los recursos públicos, el futuro de EPM y de sus filiales en todo el país y el de más de 60 mil empleos directos e indirectos, como también se ponen en riesgo las transferencias que hace a Medellín y a 52 municipios de Antioquia y del país en los cuales EPM tiene presencia, y su permanencia como el segundo mayor aportante a la Nación, después de Ecopetrol, vía impuestos, y con ello la calidad de vida de millones de colombianos.

Insistimos en nuestro llamado a la Contraloría General de la República; al Contralor General, Carlos Felipe Córdoba Larrarte; al Gobierno Nacional; al Presidente de la República, Iván Duque Márquez; y demás autoridades competentes, a que faciliten y ofrezcan todas las garantías para que se culmine el proyecto Hidroituango, con los contratistas actuales, sin obstáculos adicionales y sin dejar de lado las investigaciones requeridas. La seguridad energética de Colombia está en sus manos.

Olga Lucía Arango Herrera

Presidente