Una reforma a la medida de la realidad del país

 

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El proyecto de reforma fiscal presentado inicialmente por el gobierno fue impopular por errores básicos que no deben presentarse en una nueva iniciativa.

Como cualquier ciudadano que organiza las finanzas de su hogar para cumplir con el pago de los créditos, el ahorro y algunos antojos, al Gobierno Nacional le corresponde gestionar las finanzas públicas para pagar deuda, hacer inversión social y avanzar en proyectos de infraestructura física. En ambos casos la dinámica funciona de la misma forma: un dinero ingresa al bolsillo y sale para pagar los compromisos adquiridos.

La reforma tributaria, que tanto revuelo ha ocasionado desde que inició su trámite, tiene su explicación en la necesidad del gobierno de financiar los subsidios para las familias más vulnerables, que se incrementaron con la pandemia. A partir de marzo de 2020 se disparó el desempleo y con este disminuyó el poder adquisitivo. La situación es tal que el DANE asegura que a raíz de la pandemia 2,4 millones de hogares ya no comen tres veces al día.

Lo anterior explica la razón para presentar una reforma tributaria, contrario a lo que anunció el presidente Iván Duque a comienzos del 2020 cuando dijo que era lo menos pertinente por el momento. Pero la pandemia cambió el panorama y por eso se presentó como solución para ayudar a las familias más necesitadas y, adicionalmente, para enviar a los mercados y a las calificadoras de riesgo el mensaje de la solidez de las finanzas del país.

¿Qué pasó para que la reforma tributaria no tuviera un buen desenlace? Básicamente hubo tres errores fundamentales. El primero ser demasiado ambiciosa, pues el proyecto inicial estaba orientado a recaudar $23,4 billones (US$6.294 millones), equivalente a un 2% del PIB. Los críticos de la reforma, incluidas personas cercanas al gobierno nacional dijeron que la cifra no se correspondía con la solicitud que se ha hecho de reducir el tamaño del Estado (comenzando por el Congreso de la República) y el anuncio de la compra de nuevos aviones de caza por un valor de US$4.500 millones. Con ello se le mandó al gobierno el mensaje de priorizar el gasto público.

El segundo error, y tal vez el que más alteró el ánimo de la ciudadanía en general, fue la propuesta de ponerle IVA a productos de la canasta familiar, impuestos a los servicios públicos domiciliarios, declaración de renta para salarios desde $2.500.000, entre otras iniciativas, que fueron entendidas como fuertes tributos para las familias de clase media. Coloquialmente la gente leyó la reforma tributaria como “matar al pollito sano para darle caldo al enfermo”.

El tercer error, fue de corte político, pues al parecer el gobierno no se consensuó con ningún grupo de interés el contenido del proyecto, en especial con los congresistas, las cabezas de los partidos políticos, gremios y actores sociales representativos, ni hizo un esfuerzo por comunicar el contenido y, por el contrario, hubo desinformación y descontextualización de éste.

La nueva propuesta

Después de haber retirado la propuesta inicial, que produjo la salida del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, el nuevo titular de esa cartera, José Manuel Restrepo, aseguró que este otro proyecto está enfocado en una reforma que recaudaría $14 billones.

La primera gran diferencia.

En este nuevo intento por tener una reforma fiscal, el gobierno se compromete a la austeridad en el 20% del gasto público, lo que se considera un gran esfuerzo, pero viable de llevarlo a la práctica.

Al mencionar el recorte del gasto público, el gobierno también debería ponerle la lupa a lo costosa que le sale la corrupción al país. Según la Contraloría General de la Nación, el Estado pierde un aproximado de $50 billones al año por corrupción, que se hace visible en actos como sobornos, apropiación de bienes públicos, extorsión y nepotismo, de acuerdo con un estudio de la Universidad Externado.

Los analistas han sido incisivos en que la reforma tributaria debe apuntar específicamente a combatir la evasión y la elusión de impuestos, en lugar de abrir la base gravable. En ese sentido, el gobierno hará énfasis en la población con mayores ingresos y “no tocaremos los bolsillos de las clases media y baja”, acotó el Ministro de Hacienda. 

Finalmente, este nuevo intento por tener una reforma fiscal acorde con la realidad económica del país debe contar con un proceso de comunicación lo suficientemente amplio para que se observe su validez y pertinencia. Esto es presentarlo al país antes de llevarlo al Congreso, de manera que los ciudadanos no sientan que se les están imponiendo tributos sin sustento.

 

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