Agosto de 2024.
Si bien podrían ser necesarios ajustes para adecuarla a las nuevas realidades, cambiar la misión principal de la empresa no lo es. EPM debe centrarse en retomar plenamente su esencia.
En la última década y desde diferentes orillas se ha pretendido modificar el objeto social de EPM para ampliarlo de tal manera que la empresa se meta en “cualquier actividad comercial”.
La primera vez fue en 2014 cuando un congresista antioqueño presentó un proyecto de ley para modificar el objeto social de las empresas de servicios públicos domiciliarios. Aunque se planteaba como genérico, su enfoque era EPM. El proyecto finalmente no fue aprobado, gracias en parte a la gestión de SINPRO en conjunto con diversos actores sociales; sin embargo, hubo un segundo intento en el Congreso, que tampoco tuvo éxito.
Años después, el Plan de Desarrollo Nacional 2018-2022, por medio de un artículo abrió la puerta al cambio del objeto social de las empresas de servicios públicos. Esta vez fue el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien aprovechó la oportunidad para proponer un cambio del objeto social de EPM, ajustado a sus propios intereses. Esa propuesta, nociva e inconsulta, tampoco prosperó gracias a la labor liderada por SINPRO, y provocó la mayor crisis institucional de EPM y de su gobierno corporativo.
SINPRO, que no ha estado de acuerdo con ninguno de los tres proyectos mencionados, no ve necesario un cambio del objeto social de EPM dado que, tal como está, es conveniente para que EPM siga cumpliendo sus actividades, continúe con su plan de inversiones y siga siendo una de las empresas públicas más importantes y eficientes. Es posible que se requieran algunos ajustes para adecuar la empresa a las nuevas realidades más no un cambio general.
Antecedentes
Su objeto social ha permitido a EPM incursionar en otros mercados, permitiendo su crecimiento incluso por fuera de Colombia. Por el contrario, habría que analizar porqué el Grupo EPM tiene como filiales a EPM Inversiones S.A., Maxseguros EPM Ltd. y Promobiliaria S.A. que cumplen con actividades que podrían estar por fuera del objeto social de la empresa.
Hace unos meses, por determinación del Consejo de Estado, la empresa debió terminar las actividades de la Tarjeta Somos al haberse salido de su objeto social con la financiación de electrodomésticos y equipos tecnológicos. Aunque Somos tenía un gran componente social, de acuerdo con el fallo, no está dentro de los alcances de lo que debe hacer EPM.
Ampliar el objeto social de EPM implica abrir una gigantesca puerta, especialmente cuando la empresa aún tiene numerosas tareas pendientes dentro de su misión esencial.
Los alcances del objeto social
El objeto social de EPM está expresado en el Acuerdo Municipal 12 de 1998 que determina: “la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, energía, distribución de gas combustible, telefonía fija pública básica conmutada y telefonía local móvil en el sector rural y demás servicios de telecomunicaciones. Podrá también prestar el servicio público domiciliario de aseo, así como las actividades complementarias propias de todos y cada uno de estos servicios públicos y el tratamiento y aprovechamiento de las basuras”.
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Agosto de 2024.
Entre las tareas de EPM está orientar a esta filial hacia un modelo que le permita gestionar más que solo residuos. Desde SINPRO le ponemos la lupa a este tema.
Un hecho que puede parecer anecdótico evidencia una realidad contundente: las calles de Medellín se llenan de basuras al estarse volviendo una práctica ciudadana común, y no porque Emvarias haya disminuido sus rutas de barrido y recolección.
Cada vez se está produciendo más basura y la costumbre parece que es tirar todo aquello que se considera un desperdicio. Es decir, la cultura del reciclaje o la reutilización de residuos todavía es incipiente, tanto así que, del total de residuos generados, solo se recicla entre el 22% y el 28,4%, de acuerdo con la fuente que se consulte.
Colombia tiene un compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de llegar a unos niveles de aprovechamiento de residuos del 50% para el 2025 y el 70% para el 2030, lo que, con el panorama actual, parece poner a Medellín ante un reto poco probable de cumplir.
Tanto EPM como Emvarias coinciden en que los esfuerzos se deben enfocar hacia una estrategia diferente a llevar los residuos al relleno sanitario La Pradera, que se ha visto en problemas que, ante la mala gestión pasada, ocasionó la inadecuada disposición de los lixiviados (sustancias líquidas que circulan entre los residuos) y con ellos el desplazamiento de la masa de dichos residuos.
Pero si bien al relleno La Pradera hay que mantenerlo en uso por unos años más, la estrategia a poner en marcha indica que cada vez se debe llevar menos basura a éste y, por lo tanto, aprender a reducir lo que se desecha. La clave está en las tres erres: reducir, reciclar y reutilizar. El problema es que Medellín lleva 20 años tratando de aprender esa lección y aún no lo ha logrado.
“La economía circular implica compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y productos existentes todas las veces que sea posible para crear un valor añadido”.
Hacia un nuevo modelo
Lo que viene a continuación es poner en marcha el modelo de la economía circular que ofrece múltiples beneficios en la reducción de residuos al promover el diseño de productos duraderos y reutilizables, el reciclaje eficiente de materiales y la recuperación de recursos. Este enfoque disminuye la necesidad de extracción de materias primas, reduce la contaminación y minimiza la cantidad de residuos que terminan en los rellenos sanitarios.
EPM y su filial Emvarias se están reuniendo con diferentes actores ciudadanos para compartir el Modelo Territorial de la Gestión de Residuos basado en la economía circular. Este proyecto involucra a la Secretaría de Medio Ambiente de Medellín, pero también a cada persona que habita la ciudad y que en el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 quedó registrado como “hay que cuidar mi metro cuadrado”, significando que cada uno es responsable de su entorno cercano.
Así que, manos a la obra, porque la economía circular y el futuro de las basuras es asunto de todos.
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Con Aldeas, EPM se ocupa de contribuir a la calidad de vida y el desarrollo de las regiones en las que hace presencia; de esta manera se viabilizan territorios y proyectos de la organización.
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Agosto de 2024
Después de enfocarse en proyectos fuera de Colombia, EPM da un giro para consolidar su presencia y liderazgo en Antioquia y el país. Urabá antioqueño, el gran beneficiado.
En sus primeros encuentros con los medios de comunicación al asumir el cargo, el gerente general de EPM, John Alberto Maya Salazar, anunció que uno de los principales proyectos de la empresa es construir el sistema de acueducto y alcantarillado del Urabá antioqueño, iniciativa que refuerza la pretensión que EPM vuelva a su esencia y coincide con un tema planteado como prioritario para la empresa por diferentes actores sociales, académicos, gremiales y el nuevo Concejo de Medellín en los Diálogos de Ciudad liderados por SINPRO.
La subregión del Urabá antioqueño presenta un gran potencial de crecimiento gracias a los proyectos de infraestructura vial y portuaria en desarrollo, lo que hace que esta apuesta sea estratégica para EPM.
La subregión aporta hoy el 5,38% del PIB de Antioquia, tiene 12.981 empresas registradas (28,6% jurídicas y 71,4% naturales), aunque por otro lado representa grandes desafíos al tener el 42% de su territorio en zona rural, 49,5% con necesidades básicas insatisfechas, 62% de su población ha sido víctima del conflicto, la tasa de desempleo está por el 14,5% y el 87,85% de sus habitantes se encuentra en informalidad laboral. Lo cierto es que esas cifras cambiarán cuando esté en plena operación Puerto Antioquia. (Ver infografía)
Aunque esta estrategia es nueva, EPM no es un recién llegado a Urabá. Desde 2006 tiene presencia, cuando asumió la prestación del servicio que venía atendiendo la desaparecida Empresa Antioqueña de Energía, EADE. Más adelante lo hizo con los servicios de acueducto y alcantarillado en algunas localidades, y hoy tiene presencia en nueve de los 11 municipios que componen esta subregión, a la que se suma Dabeiba, en el Occidente del departamento.
Abordamos al gerente regional de EPM en Urabá, Luis Fredy Mejía Betancur, quien recordó que, hace unos años, el Grupo EPM estableció una arquitectura institucional y analizó todas las variables para tomar la decisión de atender a subregiones como Urabá desde un Modelo de Integración Territorial, MIT, que tiene sus antecedentes en el Bajo Cauca, dado que las obras del proyecto Hidroituango no solamente implicaron una transformación físico espacial.
Para EPM la definición del MIT es “un instrumento flexible y escalable, que permite establecer estrategias de gerenciamiento sistémico de las intervenciones de desarrollo propiciadas por el Grupo en sus zonas de influencia”; en la práctica el MIT trabaja en cuatro componentes: ambiental, físico espacial, económico e institucional.
Este no es un trabajo que EPM desarrolla en solitario, sino que lo hace en alianza con los municipios, la Gobernación de Antioquia, las corporaciones autónomas regionales, las universidades y la comunidad; para el tema de la financiación se busca el apoyo del gobierno nacional. “Hablamos con el Viceministerio de Agua y Saneamiento buscando recursos para que las cosas pasen. Queremos llegar de manera sostenible y responsable a los territorios, con la buena reputación de EPM”, manifiesta el gerente regional de EPM en Urabá, Luis Fredy Mejía.
Proyecto Sable
Si bien en un inicio se habló de la construcción de un acueducto regional para Urabá, los costos, estimados en más de un billón de pesos, hicieron que se reconsiderara esa opción y se abordara por parte de EPM el llamado proyecto Sable, que consiste en captar las aguas del río León para llevar el servicio de acueducto a los municipios de Turbo, Apartadó y sus respectivos corregimientos. (Ver infografía)
La inversión en el proyecto Sable se estima entre $250.000 y $350.000 millones, fondos que se obtendrán gracias a los esfuerzos conjuntos de EPM, los municipios, la Gobernación de Antioquia y el gobierno nacional.
Soluciones innovadoras
En Urabá, específicamente en Turbo, se construyó un acueducto aéreo innovador. EPM instaló seis kilómetros de tubería suspendida en el aire, ya que las viviendas están ubicadas en una zona de manglar, lo que impide la construcción de un acueducto tradicional. Esta solución demuestra el enfoque innovador de la gestión actual de EPM, que se asocia a temas como el cambio climático, gestión de la biodiversidad y el cuidado de las fuentes hídricas.
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Agosto de 2024.
Paola Holguín y Juan Espinal nos cuentan cómo va el proyecto de ley para proteger al río Aburrá, conocido como río Medellín, al que se ha unido la bancada antioqueña en el Congreso de la República.
Hace algunos meses visitamos los talleres del Metro de Medellín ubicados en el municipio de Bello. Durante nuestra conversación con el gerente de la empresa, uno de los temas centrales fue la falta de atención e intervención de todas las entidades en el río Aburrá, el más importante del área metropolitana, que cubre más de 100 kilómetros lineales y atraviesa 14 municipios, donde confluyen más de tres millones de ciudadanos.
A pesar de existir mecanismos de protección como los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA) y el Consejo de Cuenca, la ausencia de una institución pública con autonomía administrativa, financiera y jurídica, como lo fue en su momento el Instituto Mi Río, ha dejado un vacío significativo.
En respuesta a esta necesidad, radicamos en el Congreso de la República un proyecto de ley que busca declarar al río Aburrá como ‘Sujeto de Derechos’. Esta iniciativa promueve conceder al río, su cuenca y afluentes, personería jurídica y crea el Comité de Orientación y Planificación del río Aburrá – COPRA, para adelantar acciones, recaudar recursos provenientes de entidades públicas, cooperación internacional y particulares interesados en la recuperación, conservación y protección del río. Esta herramienta se fundamenta en la Sentencia T-622 del 2016, que declaró al río Atrato como Sujeto de Derechos.
Este proyecto, cuya importancia ha sido reconocida por diversos actores, ha logrado convocar a toda la bancada de congresistas antioqueños y se ha socializado en enriquecedores espacios de diálogo en los concejos municipales de Caldas, La Estrella, Envigado, Bello, Girardota y Medellín, al igual que en la Asamblea de Antioquia, donde se han recogido ideas y recomendaciones que permiten nutrir el texto y servirán de insumo para la reglamentación, que estará bajo la responsabilidad del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Corantioquia y Cornare (COPRA).
El río Aburrá, que conocemos como el rio Medellín, cubre más de 100 kilómetros lineales y atraviesa 14 municipios, donde confluyen más de tres millones de ciudadanos.
Símbolo de la región
El río Aburrá no es solo un cuerpo de agua, es un símbolo vital para la región. Históricamente ha sido una fuente crucial de vida, desarrollo y crecimiento económico para el Valle de Aburrá. Su reconocimiento como ‘Sujeto de Derechos’ implica una transformación en la manera en que las políticas públicas abordan su recuperación, conservación y manejo. Esto incluye una perspectiva legal y moral que reconoce al río como un ente viviente con derechos propios, más allá de ser un recurso natural.
El proyecto de ley que hemos presentado no solo busca proteger al río Aburrá, sino también promover una gestión integral y sostenible de sus recursos. La iniciativa establece un marco legal que permite la defensa activa de sus aguas y su ecosistema. Además, la implementación de un instrumento como el COPRA facilitará la movilización de recursos y la ejecución de proyectos.
Uno de los beneficios más significativos de este proyecto de ley es su capacidad para fomentar la participación ciudadana y la cooperación interinstitucional. Al involucrar a diversas entidades públicas, privadas y comunitarias se crea un sentido de corresponsabilidad y compromiso colectivo con la causa ambiental. Esto puede traducirse en acciones más efectivas y sostenibles a largo plazo.
Trabajo en equipo
Es alentador ver cómo el Concejo Distrital de Medellín y la Asamblea Departamental de Antioquia están sesionando conjuntamente para analizar las problemáticas que enfrenta el río.
La Junta del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, liderada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ha destinado recursos hasta por hasta $50 mil millones para intervenir los puntos críticos identificados en un estudio de la Universidad Nacional, que señala 84 áreas prioritarias; y el Plan de Gestión del Área 2024 - 2027 que contempla una inversión de $1,7 billones, tiene como uno de sus ejes centrales: ‘Hábitat Sostenible, la conexión de nuestro rio Aburrá Medellín con la movilidad, los corredores verdes y una gran red ecológica para un Aburrá verde’.
La aprobación del proyecto de ley en su primer debate en la Cámara de Representantes es un paso significativo, pero aún quedan tres debates más para que se convierta en Ley de la República. Este proceso legislativo es crucial para asegurar que el río Aburrá reciba el reconocimiento que merece.
Llegó el momento de ponerle la cara al río Aburrá con acciones concretas. El reconocimiento del río como ‘Sujeto de Derechos’ es un primer y crucial avance en la lucha por su recuperación, protección y conservación. Es fundamental que sigamos trabajando juntos, desde todos los frentes, para garantizar un futuro sostenible para el río Aburrá y, por ende, para toda la región. La salud del río es un reflejo de nuestra propia salud y bienestar como sociedad.
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