La SAS Huawei intenta que el Ministerio del Trabajo le autorice despedir 289 trabajadores provenientes de UNE; una petición que el Gobierno no puede avalar.

En letra muerta. Así quedó, en materia laboral, el Acuerdo 17 de 2013 que dio vida a la llamada fusión UNE-Millicom, que dice: “En todo caso se conservarán los derechos laborales de los actuales servidores de UNE EPM Telecomunicaciones S.A.”, sin que, desde la Alcaldía, EPM (Socio mayoritario de UNE con el 50% + 1 acción), el Concejo de Medellín, los organismos de control y el Ministerio de Trabajo se hayan pronunciado al respecto.

Las evidencias son numerosas. Una de ellas, la ostensible reducción de personal en UNE en los últimos años. En 2013 la empresa tenía 2.700 trabajadores; hoy ese número, después de despidos a cuenta gotas y dos grandes planes de retiro, quedan poco más de mil trabajadores, muchos provenientes de Colombia Móvil, con condiciones laborales inferiores y sin la oportunidad de acogerse a una Convención Colectiva de trabajo.

Otra gran evidencia es el calvario vivido por los 601 que, en octubre de 2016, en una supuesta sustitución patronal, fueron enviados de UNE a Huawei Technologies Managed Service Colombia, una SAS creada dos meses atrás con un capital de $500 millones que no daba para pagar ni la nómina de la primera quincena.

Desde ese momento Huawei desconoció derechos laborales y convencionales, inició una serie de despidos y ofrecimientos presionados de retiro, lo que en menos de dos años redujo la nómina, de 601 a 450 trabajadores. No satisfecha, el pasado 6 de noviembre le solicitó al Ministerio del Trabajo autorización para despedir a 289 trabajadores para así “garantizar la sostenibilidad financiera de la empresa”. Desde que inició ese trámite, intensificó las acciones contra los trabajadores y puso en marcha una nueva estrategia: asedio constante; acoso laboral; invento de una figura que llamó “Cartas de Prevención”; y nuevas presiones para obligar al retiro; en resumen, una intención clara: dejar sin empleo a esos 601 trabajadores.

Puerta peligrosa

De darse esa autorización para el despido o permitir la liquidación de la SAS Huawei sin que los trabajadores sean regresados a UNE, su verdadero empleador, el Gobierno Nacional estaría dando un paso peligroso al abrir una puerta para desconocer los derechos laborales, utilizando figuras como las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS).

De acuerdo con el abogado Carlos Alberto Ballesteros, asesor de SINPRO, la creación de las SAS y la utilización de la figura de la sustitución patronal están posibilitando desconocer derechos laborales individuales y colectivos, lo que es paradójico por cuanto esta figura se creó buscando protegerlos frente a maniobras del empleador. “Cualquier empresa puede promover la creación de una SAS con capital y patrimonio reducidos, para que reciba total o parcialmente los trabajadores (sustitución patronal), y al poco tiempo terminar siendo liquidada, lo que eventualmente obligaría a pagar una indemnización, pero dejaría a los trabajadores sin ninguna garantía y sin empleo”, indica Ballesteros. Otra situación es que se crean SAS sustituyendo trabajadores en medio en un conflicto colectivo de trabajo, para aducir que garantías como el fuero circunstancial desaparecen por cuanto ya no laboran en la empresa en conflicto.

Estas figuras están siendo utilizadas recurrentemente, por empresas nacionales y también multinacionales, quienes para efectos de la responsabilidad laboral no son tales, como es el caso de la SAS Huawei con los trabajadores provenientes de EPM y UNE.

Tras el negocio entre UNE y Huawei, y los posteriores hechos laborales, desde SINPRO y otras organizaciones sindicales, con apoyo de la Confederación General del Trabajo (CGT), se iniciaron acciones legales y administrativas, en instancias nacionales e internacionales, para defender los derechos, no solo de quienes pasaron a Huawei, sino de todos los trabajadores del país.

No puede el Estado, a través del Ministerio del Trabajo y sus demás organismos e instituciones, permitir que se den estas situaciones en las cuales empresas locales y transnacionales puedan abusar de la normatividad y violen los derechos de los trabajadores.