Abril de 2024 

Algunas decisiones de la anterior administración también afectaron negativamente a Empresas Varias y la gestión de residuos en Medellín. La nueva administración trabaja en soluciones para prevenir y evitar una emergencia sanitaria.

Durante sus cerca de 60 años, Emvarias, encargada de prestar el servicio de aseo domiciliario en la ciudad, nunca había enfrentado una crisis tan grave como la que surgió en el último período de gobierno de Medellín, La empresa, filial de EPM, que tuvo utilidades hasta 2019, comenzó a registrar pérdidas desde 2020, hasta el punto de cerrar el año 2023 con un saldo negativo de $30.000 millones.

Lo que encontró su actual gerente, Gustavo Castaño Galvis, un hombre con experiencia en el área, lo dejó perplejo: muchos contratos que el Distrito de Medellín suscribía directamente con Emvarias, como lavado de puntos críticos y de señalética, recolección de escombros y limpieza en eventos los trasladaron a Metroparques, y desde allí se entregaron a particulares. Es decir, una tercerización contractual que afectó gravemente los ingresos de la empresa, tal y como le ocurrió al Jardín Botánico.

Un aspecto que podría parecer trivial, pero que en realidad tiene un gran impacto en la imagen de la ciudad, es el contrato para reemplazar las cestas de basura vandalizadas, cuya responsabilidad de pago recae en la Alcaldía de Medellín y que ha estado suspendido desde 2022. En la actualidad existen unas 500 cestas que requieren reposición, de las cuales el 50% se encuentran en el centro de la ciudad. La falta de este servicio ha contribuido al aumento de la basura en las calles. Por fortuna, en las últimas semanas se reinició su reposición.

El futuro de La Pradera

Pero lo más preocupante y de urgente gestión, para el gerente de Emvarias, es lo que sucede en el relleno sanitario La Pradera, ubicado en Donmatías, donde depositan basuras cerca de 43 municipios, y que de no actuarse con prontitud podría ocasionar una emergencia sanitaria en Antioquia.

La Pradera está compuesto por tres vasos: La Carrilera, La Música y Altair. Este último, que aún opera, ya había colapsado en 2021 al presentar problemas ante la presión ejercida por las bolsas de gases y lixiviados (líquidos formados, en general, por la acumulación de residuos sin separación y tratamiento). Por eso fue necesario construir unos pozos, lo que solo se hizo hasta 2022 y hubo que suspender las acciones por falta de recursos. En 2023 se evidenció la necesidad de continuar las obras, pero no se hacen con la profundidad requerida. “Hubo mucha improvisación, no se tomaron las decisiones en el momento, pero ya estamos trabajando con Corantioquia, que nos autorizó utilizar un espacio que denominamos Cambio Menor y estamos gestionando otro vaso conocido como La Piñuela, que tendrá una vida útil de siete años”, explicó el gerente de Emvarias, Gustavo Castaño.

Las obras de mitigación están costando más dinero del previsto porque no se realizaron cuando se debía y no se avanzó en proyectos necesarios como la estación de transferencia que, entre otros aspectos, genera eficiencia al parque automotor.

Al igual que EPM, Emvarias ha visto una pérdida de su enfoque técnico debido a la incorporación de personas con poco conocimiento del negocio. En la actualidad, varios funcionarios de EPM han sido asignados a la empresa en comisión con el objetivo de restablecer su orientación técnica, asegurando que las decisiones se tomen con base en este criterio. De igual manera, se espera que la contratación vuelva a ser transparente y fundamentada en criterios técnicos.

El contrato inviable

Otro de los problemas que recibió la nueva gerencia de Emvarias es el contrato suscrito en septiembre de 2023 cuyo objeto es un piloto de recolección de basura y una prueba piloto de camiones de basura de cargue lateral, por más de $200.000 millones.

Los inconvenientes son de corte financiero, planeación, infraestructura y movilidad. Se destaca que con ese piloto Emvarias perdería la capacidad de medir los residuos que recoge, además de que solo se realizaría en sectores planos, mientras la mayor parte de la ciudad está ubicada en laderas. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, solicitó a la Procuraduría General de la Nación apoyo para anular dicho contrato.

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