30 de julio
En los últimos meses hemos puesto en evidencia los sistemáticos golpes a la moral de los servidores de EPM, como consecuencia de las actuaciones de la actual administración y la Junta Directiva de la empresa, que sin importar los impactos negativos en la sostenibilidad de EPM, siguen obedientes el juego de quien por la “dignidad” de su cargo debería ser el principal custodio del más importante patrimonio público de los habitantes de Medellín.
Además de las más de veinte renuncias de trabajadores de todos los niveles en EPM que han sido llevados a condiciones extremas de presión -situación que solo tenía antecedentes similares en el año 2002-, hace uno meses fue la denuncia efectuada por la mayoría de los integrantes del equipo jurídico de la empresa, sobre una serie de hechos que, bajo la gestión del entonces Vicepresidente de Asuntos Legales, Alexánder Sánchez Pérez -otro de los tantos directivos ingresados en esta administración-, iban en sentido contrario a los valores y al rigor jurídico histórico de la empresa.
Estos casos, que como hemos denunciado insistentemente desde SINPRO, no son aislados sino una práctica soterrada y común de esta administración. Ahora, de acuerdo con varias denuncias que hemos recibido, esa presión, de diferentes formas, se ha trasladado a los servidores de EPM que ya cumplieron o están próximos a cumplir los requisitos para tomar la decisión de acceder a su jubilación.
Quienes patrocinan estos hechos y quienes se prestan para estas prácticas, o desconocen las leyes o las pisotean sin rubor. Una de ellas es la relacionada con la edad de retiro forzoso, ley 1821 de 2016, que permite seguir laborando hasta los 70 años.
Con las características de la actual administración, desde SINPRO invitamos a todo el personal “jubilable”, a no ceder a esas presiones y seguir contribuyendo a la sostenibilidad y al engrandecimiento de EPM con júbilo, significado profundo de su condición. No hacerlo es además dejar espacio a quienes solo interesa la burocracia y el ingreso de la politiquería a nuestra empresa.
La otra norma es la de acoso laboral, (ley 1010 de 2006), al darse situaciones de maltrato, persecución, discriminación, inequidad, entorpecimiento o desprotección, ejercida por quienes se presten a ello, es decir, de jefe a subalterno, entre compañeros o de subalterno a jefe, para infundir temor o angustia, causar perjuicio laboral, desmotivar o inducir a la renuncia.
De presentarse alguna de estas situaciones, los afiliados a SINPRO tienen a su disposición todo el equipo de asesoría legal del Sindicato para acompañarlos.
Reiteramos así mismo nuestro llamado a denunciar, de forma documentada, hechos que conozcan y que atenten contra la sostenibilidad de la empresa o violenten los derechos de los servidores de la empresa.
No debemos olvidar, ni por un instante, que el patrimonio público representado en EPM está soportado, no solo en su solidez institucional, en su infraestructura, en la calidad y cobertura, en sus rigores históricos y en su reputación, sino también en la calidad, capacidad y sentido social de su talento humano, que la ha hecho la empresa de servicios públicos más importante del país.
SINPRO
Este es nuestro homenaje para los padres, que hoy sea un día especial para todos ustedes.
22 de julio
La capacidad y compromiso de toda la Gente EPM, trabajadores y directivos que quieren la empresa y la cuidan como patrimonio público y como fuente de bienestar y progreso, han hecho que sea menor el impacto negativo de las actuaciones de una administración y una Junta Directiva sometidas a los intereses de quien impone decisiones que han puesto en riesgo la sostenibilidad de EPM y los recursos que aporta a Medellín, Antioquia y el país.
No contentos con los daños financieros y reputacionales hechos a EPM, se han empeñado ahora en golpear la moral de algunos servidores que valientemente han puesto el pecho a situaciones difíciles, han manifestado su preocupación por la situación de la organización, han pedido respeto por la institucionalidad y han antepuesto el deber a los intereses de quienes nada les importa la empresa y la ven como botín y fortín burocrático, clientelista y de populismo.
Dentro de este panorama se han dado varias renuncias en EPM, algo nunca visto en la empresa, cerca de una veintena en lo corrido del presente año, de servidores que han dado la pelea desde adentro para evitar que actuaciones omnímodas pongan en riesgo y le hagan más daño a EPM de parte de la actual administración, orientada por el alcalde de Medellín, con la venia de la Junta Directiva de la empresa.
Estos casos, lamentables para la institucionalidad, el rigor, la gobernabilidad y la sostenibilidad de EPM, y por supuesto para la parte humana y profesional, no son hechos aislados sino consecuencia de una práctica soterrada de esta administración, la de llevar a extremos a los servidores que les duele la empresa, a quienes han puesto el pecho a situaciones difíciles, como por ejemplo el sacar avante el proyecto Hidroituango, y a quienes se opongan o sean incómodos a los intereses particulares ya descritos, hasta hacerlos renunciar y reventar a EPM por dentro, pero no lo vamos a permitir.
Desde SINPRO hacemos un nuevo llamado a la Gente EPM a resistir, a no caer en estas trampas, a fortalecer el trabajo de defensa de nuestra empresa, la empresa de todos los ciudadanos de Medellín, como lo hemos venido haciendo históricamente y de forma especial en los últimos meses ante la arremetida e intento de entrada de la politiquería y la corrupción a EPM.
Esta es una invitación a que, por cualquier medio, nos hagan llegar información o denuncias documentadas de hechos que atenten contra la sostenibilidad de la empresa, así como de situaciones que violenten los derechos de los servidores, lo cual servirá a todos para evitar que sigan adelantando la estrategia de reventar a EPM y a su Gente por dentro. De nuestra parte seguiremos garantizando responsabilidad y reserva con las fuentes y la información recibida.
De esta situación vamos a salir más fuertes. Sigamos defendiendo nuestra empresa y el patrimonio de los ciudadanos de Medellín representada en ella.
SINPRO
Ante el panorama en el que se ha puesto a EPM cursa una acción popular interpuesta por SINPRO por la vulneración de derechos e intereses colectivos de los ciudadanos.
La institucionalidad, situación financiera y reputación de EPM han sido puestas en riesgo como nunca en 66 años, por las acciones y decisiones irresponsables en cabeza de quien ve a EPM como un juguete para satisfacer su egocentrismo y megalomanía, olvidando que la “dignidad” que debería ostentar lo obliga a salvaguardar el patrimonio público y los intereses de los ciudadanos de Medellín, verdaderos dueños de la empresa.
Desde el inicio del período de la actual administración municipal, EPM ha sido sometida a una serie de acciones en las que el alcalde de Medellín ha ejercido un rol de dominación sobre la Junta Directiva de la empresa, imponiendo decisiones burocráticas, clientelistas y con alta carga de politiquería y populismo, con la venia de la actual junta, poniendo en alto riesgo, entre otros, el proyecto Hidroituango, y con ello, la sostenibilidad del Grupo EPM y los recursos que le aporta a Medellín, a Antioquia y al país.
Las consecuencias son grandes. Basta observar el daño reputacional ante la vulneración permanente del código de gobierno corporativo y la inestabilidad generada por los escándalos alrededor de los gerentes nombrados por el alcalde -una vergüenza-, y la preocupación por posibles efectos: sobrecostos y mayores retrasos en el proyecto Hidroituango, multas, riesgos para la seguridad energética del país, demora en los pagos de las aseguradoras y baja en las calificaciones de riesgo, lo que se podría traducir en la solicitud de los acreedores de EPM para que les pague anticipadamente las obligaciones de largo plazo, hoy cerca de 22 billones de pesos.
“Basta observar el daño reputacional ante la vulneración permanente del código de gobierno corporativo y la inestabilidad generada por los escándalos alrededor de los gerentes nombrados por el alcalde…”
A este se sumó un nuevo riesgo, el embargo de la Contraloría General de la Nación a las cuentas de Integral, que posiblemente extienda a los demás contratistas del proyecto Hidroituango, lo que podría derivar, como ya lo hemos advertido desde el año pasado, en la culminación anticipada de la relación con los contratistas (Adenda AMB 39 de 2020), paralizando las obras y sería la excusa para aducir fuerza mayor o urgencia manifiesta.
Ante el panorama en el que se ha puesto a EPM, cursa en el Juzgado 35 Administrativo de Medellín una acción popular interpuesta por SINPRO contra el Municipio de Medellín en cabeza de su representante legal, por la vulneración y la puesta en riego de derechos e intereses colectivos estipulados en el artículo 4 de la ley 472 de 1998, como son la defensa del patrimonio público, el acceso a los servicios públicos y a su prestación eficiente y oportuna, y la moralidad administrativa.
Las pretensiones de esta acción popular son claras. En primer lugar, que se declare el incumplimiento al gobierno corporativo de EPM por parte del alcalde de Medellín como representante legal del Municipio; de igual forma, que se declare que sus actuaciones condujeron al aumento del costo de las obligaciones financieras de EPM, poniendo en peligro la estabilidad de la empresa; y, finalmente, que se condene al alcalde a restituir los mayores valores del costo financiero que ha tenido que reconocer EPM en sus obligaciones ante el mercado financiero.
Con esta acción popular de parte de SINPRO y otras que adelantan algunos ciudadanos se busca ponerle “tatequieto” a quienes juegan con EPM con sus actuaciones omnímodas frente a la empresa, a la Fundación EPM y a diferentes instituciones de la ciudad como la propia.
“Con esta acción popular de parte de SINPRO y otras que adelantan otros ciudadanos se busca ponerle “tatequieto” a quienes juegan con EPM”.
Solo hay que dar un vistazo a lo que representa la empresa para no dudar en defenderla. El Grupo EPM genera más de 60.000 empleos directos e indirectos; la cobertura general con promedio del 95% en servicios de energía, acueducto, alcantarillado, gas y aseo; los aportes realizados en los últimos cinco años a Medellín por $6,4 billones en transferencias para inversión social; la entrega en 2020 en transferencias del sector eléctrico por $85.500 millones a 52 municipios y tres corporaciones autónomas regionales de Antioquia; y el aporte por más de $5 billones a la Nación vía impuestos.
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