En octubre el alcalde de Medellín presentará al Concejo de nuevo un proyecto de Acuerdo para modificar el objeto social de EPM. ¡Qué implica eso para la empresa?
Al momento de publicar esta nota, el alcalde de Medellín anunció que retirará, por ahoya y hasta el mes de octubre, el proyecto de Acuerdo de que habla este editorial.
El 1° de julio se radicó en el Concejo de Medellín un proyecto de Acuerdo que busca se concedan facultades, por seis meses, al alcalde de Medellín para que modifique el objeto social de EPM. De otorgar ese poder omnímodo, el cabildo podría estar dando un paso, que junto al de la entrega de UNE, podría ser el más grave de esa corporación en su historia reciente, al existir la posibilidad de dejar al garete a la empresa.
Se trata de tres líneas, muy diversas. La primera, el ofrecimiento y prestación de servicios relacionados con biocombustibles, infraestructura, movilidad sostenible, tecnologías de la información, servicios compartidos y “adecuación de tierras para dotarlas con riego, drenaje o protección de inundaciones”. La segunda, la producción, transformación, gestión y explotación comercial de infraestructura, información, conocimiento, subproductos y todo tipo de bienes; ofertas de financiación, soluciones para las personas, el hogar, el comercio y la industria; servicios de corresponsal de seguros y turísticos asociados a su infraestructura. Y una tercera, que avala a la Junta Directiva de EPM para que adopte y ejecute actividades que busquen el beneficio con nuevas tecnologías. Como ya se dice desde varios frentes de la ciudad, en ese objeto “cabe un tren de lado”.
Hoy ya no se habla de privatización o de la naturaleza 100% pública de EPM. No hace falta. El lenguaje y las actuaciones son distintas, pero los objetivos podrían ser los mismos. En palabras del exfuncionario Francisco Valderrama “se abona terreno para el próximo paso: invocar la necesidad de un “socio estratégico” para responder a negocios en los que no tendría por qué haberse involucrado. ¿O es que el propósito es privatizar por la puerta de atrás…?”
Sin adentrarlos aún en el análisis pormenorizado del proyecto de Acuerdo firmado por el propio alcalde y por el gerente de EPM, consideramos que con esas facultades el Concejo no solo le otorgaría un cheque en blanco al mandatario, también se deslindaría de su obligación y su responsabilidad de tomar las decisiones más adecuadas para brindar calidad de vida a los ciudadanos, con base en el debate y en el estudio técnico, jurídico, financiero y social de los temas sobre los que deben decidir en nombre de ellos.
De ahí que, desde SINPRO, coincidimos con Medellín Cómo Vamos en el sentido que la discusión del objeto social de EPM, y de paso su autonomía, debe hacerse de forma abierta, amplia y pública, ya que compromete a una empresa que le genera cuantiosos recursos al Municipio para inversión social y que es vital para la estabilidad energética del país. Tampoco es adecuado, dice Medellín Como Vamos, plantear que la junta directiva pueda cambiar el objeto social discrecionalmente, cuando lo vea necesario, al no ser esta una empresa por acciones sino una empresa industrial y comercial, ciento por ciento pública, cuyos dueños somos todos los medellinenses.
Si bien, como ya lo hemos dicho en diversas oportunidades, EPM es un ente autónomo y las actuaciones del alcalde en calidad de representante de la comunidad deben enmarcarse exclusivamente a través de la Junta Directiva, que él escoge y preside, es innegable que su pensamiento y acciones en torno a los temas más relevantes de EPM tienen incidencia directa en la sostenibilidad de la empresa, como ya sucedió en administraciones pasadas, para bien o para mal.
“Sería una oportunidad de oro para los actuales 21 integrantes del Concejo, debatir amplia, abierta y públicamente”
Toca entonces trasladarnos poco más de dos décadas atrás, cuando un aguerrido y socialmente comprometido Concejo de Medellín se opuso a la privatización de EPM. El resultado fue el Acuerdo 069 de 1997 que transformó a EPM en una empresa industrial y comercial del estado, de naturaleza 100% pública y de propiedad única del Municipio de Medellín. Sería una oportunidad de oro para los actuales 21 integrantes del Concejo, debatir amplia, abierta y públicamente, como ya se ha planteado, pero especialmente con los análisis de todo tipo que se requieran, y con apoyo de técnicos, expertos en todo lo que plantea el proyecto de Acuerdo, y la voz de la comunidad, para decidir sobre el presente y futuro de EPM, con la discusión de los cambios que se plantean al objeto social.
No podemos olvidar, así mismo, que a pesar de que gran parte de la agenda pública se ha concentrado en la emergencia actual por el coronavirus, hay varios temas adicionales al objeto social, en los que debemos centrar gran parte de nuestra atención por lo que podrían implicar para la sostenibilidad de la empresa, como el proyecto Hidroituango, la entrada en operación de la porción CaribeMar de Electricaribe y el debate que deberá darse frente al futuro y el control de UNE EPM Telecomunicaciones S.A., entre otros.
Desde SINPRO, como ya lo hicimos en 2015 y 2016 cuando en el Congreso de la República se pretendió modificar en parte la Ley 142 de 1994, para ampliar el objeto social de las empresas de servicios públicos domiciliarios a diferentes actividades que nada tenían que ver con su objeto natural, estaremos liderando varias acciones en diferentes escenarios, apoyando lo que, al final de los análisis que se hagan sean favorables para EPM, y manifestando nuestra oposición a lo que vaya en contravía de su naturaleza, objeto y autonomía.
Esperamos, así mismo, que el alcalde de Medellín cumpla efectivamente con lo manifestado en conversatorio que sostuvimos cuando aún era candidato: “EPM es y seguirá siendo 100% pública (…) vamos a recuperar la buena imagen, la marca y la confianza en EPM”.
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