Han pasado 17 meses del inicio de la contingencia. Ahora que ha entrado en franco proceso de recuperación, es importante un balance del camino recorrido y las dificultades a enfrentar.

De parte de EPM hay señales muy positivas frente a Hidroituango, que afirman que a mediados del año 2020 iniciará el montaje de equipos en la casa de máquinas y la central comenzará a generar energía a finales de 2021, así como el anuncio del reconocimiento de cobertura para el pago de la póliza del seguro correspondiente a la contingencia.

Por otro lado, se sigue esperando que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) levante la Resolución 0820 de 2018 que impide seguir las obras, y adicionalmente, se atraviesan decisiones como la del Juzgado 75 Penal Municipal de Bogotá que, tras denuncia de la Fiscalía 40, ordenó conformar una mesa técnica para presentar una evaluación de la estabilidad del macizo rocoso donde está la presa; la del Tribunal Superior de Medellín (TSM) sobre derechos del río Cauca; o el informe de la Contraloría General de la Nación; elementos que se constituyen en trabas para un proyecto que traerá grandes beneficios y recursos para el desarrollo del país.

En dos columnas del periódico El Mundo (Más riesgos para Hidroituango, del 24 y el 31 de julio de 2019), el ingeniero José Hilario López analizó las consecuencias de varios hechos que ponen trabas al proyecto, a pesar de que se han presentado contundentes aspectos positivos, como la estabilidad tanto de la presa como del macizo rocoso, y la integridad de las cavernas de casa de máquinas. Así mismo, alertó sobre varios riesgos para el Proyecto, para EPM, la sociedad Hidroituango, la Gobernación de Antioquia, la Nación, el sector energético y la ingeniería colombiana, entre otros, lo que afectaría finalmente a los ciudadanos, como pasa ahora con el aumento de la tarifa de energía en el país ($4 por kilovatio/hora) para solucionar problemas de empresas como Electricaribe (Ver recuadro).

Riesgos técnicos y ambientales

López manifiesta que a raíz de la contingencia, EPM aceleró la construcción de la presa mediante un lleno prioritario, complementada con la instalación de una pantalla cortaflujo con la que garantiza estabilidad, comprobada con la operación satisfactoria de presa y vertedero en la última temporada de lluvias, presentándose filtraciones muy por debajo del máximo especificado para su operación y para garantizar la estabilidad del empotramiento de la presa y la seguridad para las estructuras subterráneas, mientras que las mediciones de infiltraciones y deformaciones confirman la estabilidad del macizo.

Así mismo, el Juzgado 75 Penal Municipal de Bogotá ordenó conformar una mesa técnica (organismos de control y fiscalización nacional, Ministerios de Ambiente y de Salud, Departamento de Antioquia, EPM y las víctimas) para presentar una evaluación de la estabilidad del macizo rocoso “con el objeto de garantizar la continuidad o no del proyecto, o en caso contrario la suspensión del mismo”. Sobre la orden de un juez de desarrollar un plan de choque para limpiar y recolectar el buchón de agua en el embalse, EPM reactivó el “Plan de manejo de macrofitas y residuos flotantes”, con lo que se controló un problema en el que la empresa ya venía trabajando y del que tiene amplia experiencia de otros proyectos.

Riesgos jurídicos

El ingeniero López alerta sobre estos riesgos y trabas, y habla de lo ordenado por el Tribunal Superior de Medellín (TSM), manifestando que “es poco probable que una comisión integrada por instituciones conservacionistas y ecologistas llegue a concluir que el impacto sobre la cuenca del río Cauca y las afectaciones a las comunidades puedan ser manejables. Con mucha probabilidad va a sobredimensionar los impactos negativos del proyecto, entre otros, a la pesca y la minería”. Es necesario indicar que las medidas de mitigación y compensación por efectos del proyecto que se consideraron adecuadas y sus revisiones subsecuentes, ya están plasmadas en las licencias ambientales.

De otro lado, la orden de recuperar el río Cauca, al no especificar cómo, puede llevar a esa comisión a concluir que, para regresarlo a su cauce natural, sea necesario demoler los 20 millones de metros cúbicos de la presa, transportarlos y disponerlos en sitios adecuados. Eso, afirma López, “no sólo terminaría con el mayor proyecto hidroeléctrico concebido por la ingeniería nacional, sino que obligaría a estructurar todo un plan de demolición y cierre de la obra, mucho más costoso que lo que se ha invertido y falta para terminar en el proyecto”.

Sobre estos temas, se debe tener en cuenta que, EPM por su propia iniciativa, ha realizado muchas acciones para atender y compensar los efectos de la contingencia, por lo que, además, sería inaceptable pretender que la sociedad Hidroituango y EPM paguen por daños no imputables al evento o que pueden ser el acumulado de los malos manejos de la cuenca y sus recursos durante centenares de años.

Riesgos institucionales y reputacionales

Las acciones judiciales y fiscales pueden generar riesgos contra EPM y el Departamento de Antioquia, dado que algunos fallos parecen no tener en cuenta el impacto financiero y social de los mismos sobre las dos entidades y las finanzas de Medellín, que dependen en gran medida de EPM. Estos impactos “deben evaluarse cuidadosamente pues podría ocurrir que por satisfacer exigencias exorbitantes de activistas o por intereses politiqueros, así como de competidores de EPM en la subasta convocada por la Creg, se produzca una situación catastrófica para el sector eléctrico, la región y Medellín”, dice López.

De esas mismas acciones, señala López, depende que EPM, como gestor del proyecto, y la ingeniería colombiana, queden marcados internacionalmente por un estruendoso fracaso técnico y financiero, afrontando un daño irreparable o, por el contrario, que gocen de un gran prestigio por su competencia y habilidad para rescatar un proyecto tan complejo y llevarlo a feliz término”. También está en juego la reputación de la justicia colombiana para resolver este tipo de casos, con un claro entendimiento del interés público en decisiones tan críticas para tantos actores.

“También está en juego la reputación de la justicia colombiana para resolver este tipo de casos, con un claro entendimiento del interés público…”.

Riesgos para el sector eléctrico

Otros riesgos asociados son los relacionados con el sector energético que, si bien con los resultados de la subasta realizada a principios de 2019 aseguran la confiabilidad del sistema eléctrico hasta 2023, el costo de energía subiría sustancialmente por la mayor generación térmica requerida, y se necesitaría inversión adicional que reemplace la firmeza proporcionada por Hidroituango. Sobre esto, López agrega que “ante un eventual fracaso de Hidroituango es improbable que, por lo menos en el corto y mediano plazos, se vuelvan a construir grandes embalses hidroeléctricos, que, con los térmicos son los únicos que garantizan la energía firme que requiere el sistema eléctrico nacional”.

Balanza a favor

En contraste con esas trabas, son más fuertes las señales positivas que, objetivamente, deberían inclinar la balanza hacia la continuación de las obras y sacar adelante el proyecto. Una de ellas es la decisión de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) que el pasado mes de julio levantó la alerta roja para las comunidades ubicadas aguas abajo del corregimiento Puerto Valdivia.

Viabilidad de Hidroituango y seguros

A lo anterior se suman varios anuncios muy positivos, realizados por EPM en el mes de septiembre, uno de ellos es el de la confirmación, tras las respectivas inspecciones, de la viabilidad del proyecto, producto de la estabilidad de la presa y del macizo rocoso, así como de la integridad de las cavernas de la casa de máquinas.

Así mismo hizo público el anuncio de la aseguradora Mapfre, tras realizar sus propias investigaciones, sobre el pago de la póliza, al determinar que la causa de la contingencia está enmarcada en la cobertura “Todo riesgo construcción y montaje”, aplicando a la reparación de la infraestructura, obras civiles y de equipos, así como al lucro cesante por el retraso en la entrada en operación. Ese anuncio, a su vez, produjo una reacción positiva de las calificadoras de riesgo Moody´s Investor Service y Fitch Ratings.

Solidez de EPM

Otro aspecto que fortalece el optimismo frente al proyecto, son los resultados financieros obtenidos por EPM en 2018 y en el primer semestre de 2019, que ratifican la solidez de la empresa, por lo que son varias las fuentes de recursos para continuar y culminar las obras del proyecto Hidroituango, incluidos los provenientes del plan de enajenaciones para hacer frente a los requerimientos de liquidez derivados de la contingencia, con la venta de algunos activos en el exterior, uno de los cuales ya se concretó, el del Parque Eólico Los Cururos en Chile, que no había sido una buena inversión para la empresa.

Finalmente, y no menos importante, es la posición asumida por todos los candidatos a la Alcaldía de Medellín, de comprometerse al ciento por ciento con la continuación de las obras y la culminación del proyecto hidroeléctrico más importante de Colombia en los últimos años, Hidroituango, no solo por lo que representa para el sector energético nacional, sino por lo que contribuirá con el desarrollo económico, social y turístico de Medellín y de las regiones que hacen parte de su zona de influencia y para la Nación.

¿Justo pagar por Electricaribe?

El 1° de octubre los colombianos que residen en estratos 4, 5 y 6, los locales comerciales, la industria y los usuarios no regulados comenzaron a pagar una sobretasa de 4 pesos por kilovatio, aprobada en el Plan de Desarrollo Nacional, con retroactivo a mayo de este año, para “salvar” a empresas como Electricaribe y Emcartago, con problemas de suministro de energía, como consecuencia de malos manejos, mal servicio y escasa inversión en infraestructura.

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