Después de Ecopetrol, el Grupo EPM es el segundo mayor contribuyente a la Nación, con pagos anuales cercanos al billón de pesos en impuestos. 

Editorial SINPRO

El Grupo EPM genera 14.000 empleos directos y 46.000 indirectos, es decir, uno de cada 100 trabajadores en Antioquia y dos de cada 100 en Medellín están ligados de alguna manera a él. Ese impacto se complementa con otro, también de gran magnitud, como es el de la cobertura de los servicios que les presta a los ciudadanos, a la industria y al comercio en general, en cuanto a energía (96,1%), acueducto (96,6%), aguas residuales (93,3%) y gas (84,6%), fundamentalmente en la ciudad y el departamento.

Al revisar las transferencias de EPM al Municipio de Medellín en los últimos cinco años, se encuentra que éstas son de $5,3 billones, que sumados a $600.000 millones de la venta de las acciones en Isagen, equivalen al 112% del presupuesto total de la ciudad para 2019, que es de $5,27 billones. En transferencias del sector eléctrico EPM destinó, en ese mismo período de cinco años, poco más de $340.000 millones para 53 municipios y tres corporaciones autónomas regionales de Antioquia. Después de Ecopetrol, el Grupo EPM es el segundo mayor contribuyente a la Nación, con pagos anuales cercanos al billón de pesos en impuestos. En conclusión, EPM es más que una gallina que pone huevos de oro, es una vaca con leche abundante y de muy buena calidad para el país.

En las últimas dos décadas ha sido usual que los alcaldes de Medellín y los gobernadores de Antioquia lideren los índices de favorabilidad de mandatarios en Colombia, fenómeno que para expertos en marketing político se explica, fundamentalmente, en dos aspectos: la protección que los antioqueños dan a sus dirigentes y los recursos con que cuentan esos gobernantes para su gestión, muchos de los cuales se soportan en la infraestructura, servicios y aportes económicos provenientes de EPM.

Resulta entonces incomprensible que a pesar de la importancia de EPM para el desarrollo local, regional y nacional, exista quienes, encabezados por el Gobernador de Antioquia y otros politiqueros de profesión, hayan aprovechado la contingencia de Hidroituango para desinformar o decir verdades a medias, que buscan hacer daño a una empresa símbolo de transparencia, de eficiencia, de confiabilidad y de solidez, y como ejemplo de que es posible confiar en lo público.

No todo es color de rosa en EPM, esa es una realidad inocultable. Eso puede verse, por ejemplo, con la reciente desvinculación de una veintena de empleados, motivada, según la empresa, por “una decisión administrativa” que, sin embargo, solo apunta a ciertos niveles en la organización, pero ninguno a los directivos.

Desde hace varios años nuestra organización sindical ha reclamado a la empresa retomar los rigores técnico, jurídico y financiero característicos de EPM, debilitados por algunas administraciones recientes, especialmente la del ex gerente Juan Esteban Calle, que teniendo como excusa la austeridad, hizo de la planeación un mero nombre y propició el recorte de los recursos para el mantenimiento de infraestructura y para la capacitación del talento humano, base del éxito histórico de la empresa y cimiento para su futuro. Recortes enmascarados en austeridad que, acompañados de alto endeudamiento, se orientaron para invertir en el exterior… Los resultados de esas “inversiones” ya se conocen, desperdiciando gran parte de la leche.

Ahora bien, el tema de la austeridad reclamada tras la contingencia de Hidroituango parece enfocarse sólo a la empresa, puesto que el Alcalde de Medellín, Presidente de la Junta Directiva de EPM, no da ejemplo y, por el contrario, no solo sigue recibiendo parte de las utilidades de EPM ($1,1 billones presupuestados) sino otros $177.276 millones provenientes de los mayores excedentes aportados por EPM, y además siguió gastando miles de millones de pesos en publicidad. En materia de austeridad parece que el Alcalde se hace el desentendido.

Hay que dejar en claro que EPM es mucho más que Hidroituango, como lo evidencian los resultados de la empresa, pero una parte importante de su futuro sí está ligado al del proyecto. De ahí la importancia de que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) levante lo más pronto posible la Resolución 0820 de 2018, que solo permite realizar actividades orientadas a proteger la vida de las comunidades afectadas, y restringe cualquier otra actividad.

Con todo este panorama, es necesaria la unión efectiva de los ciudadanos y las organizaciones para defender y fortalecer a EPM como entidad 100% pública sostenible, y asegurar muchas más décadas de bienestar y progreso para los medellinenses, los antioqueños y los colombianos.

Si bien se estima que las transferencias hasta 2023 superen cada año el billón de pesos, a excepción de 2020 cuando serían de $769 mil millones, éstas podrían verse afectadas por los nuevos compromisos adquiridos con la recuperación y puesta en marcha de Hidroituango, por lo que es necesario, entre otros, repensar y disminuir el porcentaje de las transferencias al Municipio. Como dice el adagio popular: “A la vaca que te da la leche no hay que extraerle la ubre”.