Agosto de 2024
Una visión de Todos por Medellín de una de las tareas prioritarias que debe abordar EPM, la protección de su gobernabilidad.
La importancia estratégica de EPM para Medellín y la región es indiscutible. Entre 2020 y 2023 entregó casi siete billones de pesos en transferencias (ordinarias y extraordinarias) al Distrito de Medellín, representando un 23% del total de sus ingresos y su patrimonio representa casi el 52% del patrimonio total del Conglomerado Público de Medellín.
Justamente, el convencimiento de que esta empresa es valiosa ha impulsado a que se tengan los ojos abiertos de la sociedad entera a lo largo de sus casi 70 años de historia como empresa ciento por ciento pública. Hace cuatro años enfrentamos una crisis sobresaliente en EPM. De ella tenemos que aprender como sociedad y ofrecer soluciones prácticas que permitan avanzar y seguir apostando a la sostenibilidad de la empresa.
Aunque a algunos les puede sonar lejano aquello del gobierno corporativo, en la practica la mayor debilidad en los últimos cuatro años de la empresa estuvo centrada allí. El gobierno corporativo es el conjunto de factores que influyen en la toma de decisiones estratégicas en una organización, con el ánimo de que cumpla su misionalidad y se mantenga en el largo plazo. Su importancia, desde el punto de vista de la lucha contra la corrupción, radica en reforzar la transparencia con la que se toman decisiones.
Es por esto por lo que el abordaje de las mayores debilidades del gobierno corporativo de EPM es fundamental en el presente de la empresa. Los diseños institucionales están pensados para imaginar los peores escenarios y erigir barreras para que justamente no se den.
Varias señales de deterioro pueden ejemplificarse y, por tanto, buscar que se corrijan: intento de modificación de los estatutos para que las modificaciones futuras no fueran al Concejo Distrital y el interés manifiesto de que fuera la junta la que en lo sucesivo hiciera los cambios al objeto social; nombramiento de miembros de junta directiva como un vocal de control cercano al alcalde y contratista del Distrito; presencia en la Junta Directiva de servidores de la administración central que no asisten por delegación; nombramiento de gerentes sin las calidades profesionales que requiere el cargo, publicación de información relevante por parte del Alcalde antes de su divulgación ante la Superintendencia Financiera de Colombia o información manipulada para fines políticos o contractuales, tal como ocurrió con el caso de los contratistas del proyecto Hidroituango y la información sobre el deterioro de la inversión en Tigo-Une y sus impactos en las transferencias al Distrito.
Así, el mayor reto ahora es cómo se establece un acuerdo, ya no de voluntades sino vinculante, entre el distrito como propietario y la administración de la empresa para garantizar que tanto el gerente como la junta sean de altas calidades profesionales y éticas, que en el nombramiento de los miembros independientes haya posibilidad de que además del alcalde puedan ternar organizaciones de la sociedad civil y la academia para que el gobierno de este patrimonio que es de todos los medellinenses no dependa casi en su totalidad de las decisiones del alcalde de turno, entre otros asuntos que deberán profundizarse, restando discrecionalidad y generando unos límites razonables en pro de salvaguardar y potenciar el patrimonio público.
Todos por Medellín está diseñando un modelo de cumplimiento legal y de ética pública que le permita hacer seguimiento a los riesgos de corrupción en todo el conglomerado público del Distrito bajo la metodología GRC (gobernanza, riesgos y cumplimiento). Dentro de la gobernanza, además de ética y rendición de cuentas, intercambio transparente de información, políticas de resolución de conflictos de interés, administración de recursos públicos, está lo relacionado con gobierno corporativo.
Producto de este análisis tendremos informes anuales y generación de alertas, en principio, con una muestra de entidades del conglomerado, y aspirando a que se puedan incluir todas aquellas buenas prácticas que eviten la materialización de los riesgos relacionados con la corrupción y la falta de transparencia.
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