Por: Luis Fernando Múnera López (*), ex director de Planeación y de Control Interno de EPM

UNE EPM Telecomunicaciones S. A., empresa mixta con mayoría pública y patrimonio de todos los medellinenses, hoy está sometida al poder omnímodo de Millicom, su socio privado, sin el suficiente control por parte de EPM y del Municipio de Medellín.

Millicom está abusando del control administrativo que tiene sobre UNE EPM Telecomunicaciones S.A., en beneficio propio y de otras empresas de su grupo empresarial, afectando, de paso, el patrimonio del Municipio de Medellín, los derechos laborales de sus trabajadores y, sobre todo, el servicio para sus usuarios.

EPM, representante del patrimonio mayoritariamente público de UNE EPM Telecomunicaciones S.A., no tiene control sobre esa empresa, porque renunció de forma voluntaria e irregular a la mayoría en la Junta Directiva, y porque la administración y operación de la misma le fueron entregadas al socio privado por autorización del Concejo de Medellín.

El problema se agrava porque el control político que debería ejercer el Concejo de Medellín es inexistente, el control fiscal de la Contraloría General de Medellín es ineficaz y se ha evadido el control disciplinario de la Procuraduría General de la Nación y de la Personería de Medellín sobre sus directivos y demás funcionarios.

En los últimos días se han presentado en UNE EPM Telecomunicaciones S.A. varios hechos que afectan la estabilidad y las condiciones laborales de los trabajadores. Me refiero a despidos colectivos y a la sustitución patronal impuesta unilateralmente a algunos trabajadores por la empresa a favor de Huawei. Alguien debería recordarles que el Acuerdo 17 de 2013 del Concejo de Medellín, que autorizó la fusión de UNE con Millicom, garantiza expresamente, en su artículo 1 literal e, la conservación de los derechos laborales de los trabajadores. Y exigirles que lo cumplan. Los hechos que menciono violan esta disposición sin que nadie intervenga para evitarlo.

UNE EPM Telecomunicaciones S.A. viene contratando servicios externos de instalación, expansión, mantenimiento y operación de sus servicios con otras empresas y personas vinculadas al grupo Millicom, sin que haya un control de EPM sobre las condiciones de calidad y de costo. La tercerización con empresas del grupo Millicom significa un alto riesgo de fuga de recursos con deterioro de las utilidades esperadas de la empresa. De hecho, la vicepresidenta de Finanzas de EPM informó recientemente que EPM no espera dividendos de UNE EPM Telecomunicaciones S.A. para los próximos años. 

Según la Constitución Política y la Ley colombianas, el Municipio de Medellín es responsable de la calidad, cobertura y costo del servicio de telecomunicaciones para la comunidad, pero, después de la fusión, UNE aumentó exorbitantemente las tarifas, especialmente en los estratos bajos, mientras la calidad de sus servicios se ha deteriorado sensiblemente, sin que la administración municipal y la de EPM puedan evitarlo.

EPM no ejerce control sobre las decisiones claves de UNE EPM Telecomunicaciones S.A., incumpliendo lo mandado en el Acuerdo 17 citado arriba, que en su artículo 1, literal b, la obliga a vigilar el buen funcionamiento de esta empresa. Este vacío de control ha permitido que Millicom imponga omnímodamente las decisiones descritas. EPM debe recobrar el control de la Junta Directiva, entregado irregularmente a Millicom.

Como ciudadano solicito que Juan Esteban Calle Restrepo o Jorge Londoño De La Cuesta, gerente general anterior y actual de EPM, respectivamente; Marcelo Cataldo, presidente de UNE EPM Telecomunicaciones S.A.; John Jairo Vásquez, auditor interno de UNE; Hernán Darío Vergara Castro, auditor corporativo de EPM; o los concejales Aura Marleny Arcila Giraldo y Bernardo Alejandro Guerra Hoyos informen a la comunidad sobre esta situación. Y que se corrijan los daños causados a los trabajadores y a la empresa. Claro, si a alguno de ellos le duele UNE.

(*) Artículo original editado, periódico El Mundo (18-10-2016)