El bienestar y desarrollo de Colombia está soportado, en gran medida, en servicios públicos como agua, energía, gas, saneamiento básico y tratamiento de residuos sólidos, esenciales para mejorar la calidad de vida, reducir la pobreza, atraer inversión y fomentar la competitividad en todo el país. Hoy más que nunca todos estos servicios requieren acciones urgentes.
Al presidente Abelardo De La Espriella y a su equipo de gobierno les espera una agenda, con carácter prioritaria, para trabajar en las mejoras que requiere el sector de los servicios públicos domiciliarios, que representa alrededor del 6,5% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
En este artículo queremos hacer un paralelo entre algunas propuestas de los gremios del sector de los servicios públicos y las promesas y propuestas efectuadas por el presidente, en su campaña. Hacerlas realidad requerirá el aporte de todos los actores posibles: gobierno, gremios, empresas, academia y la ciudadanía.
Uno de los frentes más críticos es el energético, que debe sortear cuatro problemas simultáneos: un Fenómeno de El Niño que amenaza con ser el más intenso en setenta años, una deuda con el sector que tiene en jaque a las comercializadoras Air-e y Afinia, un país que paga por importar el gas que podría extraer de su propio subsuelo, y proyectos de generación y transmisión que llegan tarde a una demanda de energía que no da espera.
En materia energética, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos, Andesco, identifica algunas prioridades para el Gobierno: seguridad energética como prioridad de Estado; estabilidad financiera de las empresas de servicios públicos; establecer marcos tarifarios que equilibren eficiencia, sostenibilidad e inversión; confianza para invertir en infraestructura energética; una solución integral para la región Caribe; y tomar decisiones técnicas, no políticas.
La Costa Caribe, en cuidados intensivos
Esta región requiere de atención especial por la situación de Air-e, cuyas deudas con las generadoras y transmisoras ascienden a $4 billones, los problemas de Afinia para realizar una operación normal y las deudas de los clientes estatales.
Sobre estos temas el presidente propuso reducir las tarifas de energía mediante mejoras en la infraestructura, disminución de pérdidas y atracción de inversionistas que adelanten proyectos solares y eólicos, y se comprometió con los generadores a honrar la deuda de Air-e lo más pronto posible para evitar un racionamiento.
Licencias exprés
Gremios como la Asociación Colombiana de Generadores de Energía, Acolgen, han alertado del rezago que se acumula desde hace cinco años por retrasos en los trámites de licenciamiento ambiental, trabas en los procesos de consulta previa con comunidades, inseguridad en los territorios y señales regulatorias inestables que desincentivan la inversión privada.
Entre tanto, el presidente prometió agilizar el licenciamiento de proyectos de generación con renovables y ampliar la matriz eléctrica hacia tecnologías todavía incipientes en Colombia, como biomasa, geotermia, biocombustibles y energía nuclear.
Cada una de esas fuentes exige inversiones más altas que las tecnologías convencionales, lo que convierte la seguridad jurídica y la estabilidad regulatoria —no sólo la voluntad política— en la condición real para que los inversionistas lleguen.
La llama del gas
Naturgas y otros gremios han presentado propuestas concretas: garantizar el abastecimiento de gas natural a mediano y largo plazo, lo que implica para el gobierno, en cabeza de la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, revisar la política de restricción a la exploración y producción de nuevos recursos, incluyendo la posibilidad de retomar, de forma ordenada y con estrictos controles ambientales, proyectos de exploración no convencional.
El nuevo gobierno, por su parte, prometió un uso responsable del fracking sin intervención de páramos y ecosistemas protegidos. Además, poner fin a las importaciones de gas, con el objetivo de reducir los costos energéticos en el país que, según el presidente, suben los costos un 45%.
Por su parte, el vicepresidente José Manuel Restrepo recomendó que algunos de los primeros decretos del gobierno deben ser el de autorizar la firma de nuevos contratos de exploración de gas y petróleo, y otro que permita la exploración no convencional. El nuevo gobierno plantea tratar el gas como un recurso estratégico para garantizar el suministro, acelerando campos descubiertos, proyectos costa afuera, transporte e infraestructura.
La inversión en acueducto y saneamiento básico
Para Andesco el principal desafío del gobierno en materia de agua potable y saneamiento básico es construir una agenda de Estado con visión de largo plazo que trascienda los periodos de gobierno y tenga como objetivo garantizar la universalización del servicio con sostenibilidad, eficiencia, calidad y cobertura.
El presidente, en campaña, propuso participar en la construcción de acueductos regionales como Tumaco y soluciones para los sistemas de acueducto de Buenaventura y Quibdó, territorios con décadas de déficit en infraestructura hídrica.
Propuesta controversial
Hay un punto en materia de servicios públicos que no está escrito en el plan de gobierno, pero que fue recurrente en las declaraciones del presidente cuando estaba en campaña respecto a que, para reducir el Estado en un 40% debe eliminar 136 entidades, entre ellas las centrales eléctricas de Nariño, Cauca, Caquetá, Huila y Meta, y las empresas de energía de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y Urrá.
En este punto en particular, desde SINPRO proponemos revisar las empresas públicas del sector eléctrico como activos estratégicos que pueden alcanzar su mayor punto de eficiencia tal y como lo hace EPM, en lugar de pensar en su eventual venta o liquidación.
Por ahora estas propuestas deberán ser analizadas y traducidas en planes y proyectos que conformarán el Plan Nacional de Desarrollo. Habrá que dar el respectivo compás de espera sobre estos temas, los cuales algunas requieren acciones inmediatas y otras, medidas de corto, mediano y largo plazo.
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