Ingresar a nuevos mercados de los servicios públicos domiciliarios en Colombia siempre ha sido la meta de EPM. Sin embargo, la llegada a la costa Atlántica no ha sido una buena experiencia y, por el contrario, se ha convertido en una historia marcada por la politiquería y el clientelismo.

Por Redacción SINPRO

Año y medio después de haber asumido la operación de la distribución de energía en la costa Atlántica, a través de su filial Afinia, EPM no ha podido poner su sello de calidad y buen servicio, como lo ha hecho por más de 60 años en Antioquia y otras regiones del país.

Los números no cuadran por suficientes elementos externos, como que ese mercado nunca ha tenido cultura de pago y que el monto de las inversiones para lograr un servicio continuo es alto; pero también por otras de mayor peso como la eventual politización de la empresa, con el nombramiento de una persona inadecuada para la gerencia general y una junta directiva que responde directamente al alcalde de Medellín. De alguna forma, se copia el modelo vigente en EPM.

A la fecha Afinia es una rueda suelta del Grupo EPM. Una muestra de ello es que el Concejo de Medellín ha citado 10 veces a la administración de Afinia y ni una sola vez ha asistido. ¿Por qué se niegan al control político y solo presentan su gestión a partir de la respuesta de derechos de petición? Para que quede claro, debido a la naturaleza jurídica de Afinia, sus empleados se rigen por el Código de Comercio y el Código Sustantivo de Trabajo, sin embargo, el gerente y su equipo directivo están sometidos a normas de servidores públicos como los controles fiscal, disciplinario y político, así como al régimen de inhabilidades e incompatibilidades.

Cuando Afinia inició operaciones, el primer paso fue llevar el ADN de EPM a través de Blanca Liliana Ruiz, una funcionaria de carrera, nombrada gerente general. Ese acierto duró poco (apenas 10 meses), pues se dice que desde el inicio el plan del alcalde Daniel Quintero era nombrar como primer gerente de Afinia a Javier Lastra Fuscaldo, hoy en propiedad en el cargo.

Lastra es recordado por haber sido el gerente liquidador de Electricaribe y por haber perdido su investidura como concejal de Bogotá, lo que le inhabilita de por vida para ser concejal o diputado. Su cercanía con ciertas casas políticas lo pone en entredicho pues se habla del manejo político y clientelista que se podría dar al Plan de Inversiones de Afinia 2022-2025, que asciende a más de $4,4 billones.

A lo anterior se suma que hace poco la junta directiva de Afinia aprobó el nombramiento de dos asesores para la gerencia. De los nombrados se desconocen sus perfiles, experiencia y las razones de su elección, más allá de que parecen recomendados del propio Lastra o de uno de los miembros de la junta directiva. SINPRO quiso conocer el detalle de los contratos por medio de un derecho de petición enviado el 6 de septiembre de 2021, pero a la fecha la empresa no ha respondido, pero continuamos buscando la información mediante acción de tutela que está en curso.

El informe de la Superservicios

Hace poco la Superintendencia de Servicios Públicos (Superservicios) reveló que como parte de los compromisos que se establecieron en el contrato de adquisición de acciones de CaribeMar de la Costa S. A. S. E. S. P. (Afinia) por parte de EPM, activó el comité de seguimiento al programa de gestión suscrito por Afinia.

Según la Superservicios hay un incumplimiento en las metas de reducción de pérdidas de energía por un tiempo más prolongado del estimado en los compromisos iniciales, a lo que Afinia respondió que ha tenido problemas con la contratación de su personal y en la compra de equipos para lograr dicho objetivo.

Sin embargo, pudimos constatar que desde el inicio de operaciones de Afinia se ha hecho de manera constante contratación de personal a término fijo e indefinido, sin incluir el personal que venía laborando en la antigua Electricaribe y que continuó contratado. 

Otro tema preocupante es que la recuperación de cartera no ha estado dentro de los rangos previstos y se continúa en el 83,5% y con $345 mil millones de cartera castigada en solo cuatro meses. Aunque es una región colombiana con una cultura de pago muy diferente a la antioqueña, se esperaba que la filial acogiera la habilidad de EPM para educar frente al pronto pago. No obstante, también hay que tener en cuenta que la pandemia ha afectado el bolsillo de los colombianos, así como el pago de sus compromisos mensuales.