Hay momentos en que, como por arte de magia, suceden eventos que parecen señales para ayudarnos como ciudadanos y como sociedad nos sacudamos del letargo, del desconocimiento y hasta de cierta indiferencia frente a algunos temas, que no obstante ser de primordial importancia, los hacemos secundarios o ajenos, sin lograr entender que tarde o temprano nos afectarán de diferentes formas. La enajenación de las acciones de la Nación en Isagén, que no es otra cosa que su privatización, es una de esas señales para no quedarnos quietos frente a ese y a otros temas de gran importancia, como el Proyecto de Ley 030 de 2014, que hace curso en la Comisión Sexta del Senado, y que está orientado a modificar el objeto social de las empresas de servicios públicos domiciliarios.

El día de ayer (14 de mayo), el Consejo de Estado profirió medidas cautelares que frenan durante un tiempo, hasta que se falle de fondo, la subasta para la venta de las acciones de Isagen, en la que participarían solo tres firmas, todas ellas extranjeras. Esa venta, cuya única motivación pública expresada por el Gobierno Nacional es la de financiar proyectos de infraestructura, las llamadas vías 4G, dejan un mal sabor por su inconveniencia y lo que significa para el país esta privatización, tal y como se ha debatido ampliamente, aunque con oídos sordos por parte de quienes parecen lucrarse de este negocio, otro más que se hace a espaldas de la comunidad o haciendo de ella una mesa de segundo plato. Casos cercanos tenemos como los de la fusión UNE-Millicom y el Acuerdo 01 del Concejo de Medellín.

Pero hay más. El caso de la privatización total de Isagen es solo la punta del iceberg, pues van saliendo a flote y de a poco, otras aterradoras monstruosidades que apuntan a la privatización, a pedazos y por vías “soterradas”, del patrimonio público, y peor aún, de los servicios públicos domiciliarios y los recursos naturales básicos para ello.

En una carta abierta dirigida al Presidente de la República, el pasado miércoles, el Comité de Desarrollo y Control Social de los Servicios Públicos Domiciliarios “Conectémonos”, en cabeza de su presidente y vocal de control en la Junta Directiva de EPM, se da una alerta sobre la venta de Isagen como excusa para que extranjeros y privados se queden con más de 5.500 millones de metros cúbicos de agua, las aguas subterráneas, los acuíferos, los ríos y las 23.000 hectáreas de bosques del país, así como la afectación a corto plazo de las tarifas de energía y agua; adicional a la entrega de parte de la soberanía nacional.

En esa carta abierta se entrelaza este tema con el Proyecto de Ley 030, presentado por el hoy aspirante a la Alcaldía de Medellín, Eugenio Prieto Soto (Del mismo grupo de los artífices de los Acuerdos 17 de 2013 –Fusión UNE-Millicom- y 01 de 2015 –Conglomerado Público de Medellín), que modifica, entre otros, el artículo 18 de la Ley 142 de 1994, ampliando el objeto social de las empresas de servicios públicos domiciliarios a diferentes actividades que nada tienen que ver con su objeto natural. Con Parques del Río en Medellín ya dieron otro zarpazo.

Desde SINPRO venimos desarrollando acciones con diferentes aliados, entre ellos Conectémonos, incluidas gestiones en la Comisión Sexta del Senado, donde hace trámite actual el Proyecto de Ley, con el fin de que, como se establece legalmente, su debate se haga de frente a la comunidad y de los usuarios de servicios públicos domiciliarios del país (todos los ciudadanos), a través de audiencias públicas en diferentes ciudades y con la participación de quienes conocen verdaderamente el sector, pues finalmente, de darse la aprobación del Proyecto de Ley, a todas luces inconveniente y nefasto para el país y para todos los colombianos, se perdería una parte más del patrimonio público, pues es una forma velada de acabar y privatizar lo que queda de él.

En diferentes escenarios, incluidos los académicos, hemos mostrado lo lesivo del Proyecto y así lo seguiremos haciendo, pues no descansaremos en esta lucha por defender el patrimonio público de los ciudadanos, representados en empresas de altísimo valor para el país, como EPM, Isagen, Aguas de Barrancabermeja, la propia UNE y todas las que se han construido bajo el rigor técnico y el aporte de un talento humano altamente capacitado y formado en el país.

Otra arista de la que no nos habíamos dado cuenta, va más allá de nuestras fronteras, pero aquí también tiene sus tentáculos. Esta arista es el Trade in Services Agreement (TISA, por sus siglas en inglés), un acuerdo internacional, bien secreto, del cual hacen parte más de 50 países, incluyendo la Unión Europea, EE.UU., Japón, Canadá, Chile, México, Australia, Corea del Sur y, cómo no, Colombia. El TISA entre otras cosas, “evitará que privatizaciones fallidas vuelvan a manos del sector público, restringirá leyes y reglamentos nacionales en áreas tales como la seguridad de los trabajadores y las regulaciones ambientales y de protección al consumidor, y restringirá la autoridad reguladora en áreas tales como la concesión de licencias de establecimientos de salud, centrales eléctricas, instalaciones de eliminación de residuos y la acreditación para universidades y escuelas”, de acuerdo con

Entre los muchos objetivos del TISA está relacionado con los servicios públicos, donde estaremos gran parte de los muchísimos perdedores: “los trabajadores que se enfrentan a la pérdida de empleos y a la presión a la baja sobre los salarios, los usuarios de los servicios públicos y las pequeñas empresas locales que no pueden competir con las corporaciones multinacionales”.

Es pues esta señal con Isagen la que nos debe tocar a todos, sindicatos, organizaciones sociales, trabajadores y el pleno de la comunidad, a movilizarnos para defender con dignidad lo que nos queda de patrimonio público.