Con el despido selectivo, ayer lunes, de 64 de nuestros compañeros y compañeras, 22 de ellos afiliados a SINPRO, ratificamos lo dicho cuando en 2013, tras una primera serie de despidos en EPM y UNE, en el sentido de que no nos oponemos a los cambios, siempre y cuando estos no vayan en contravía de la misión fundamental del Grupo EPM, de orientarse a la eficiente prestación de sus servicios básicos de calidad como empresas sociales y comerciales del Estado, definidos en el Acuerdo 58 de 1955 que dio a luz a Empresas Públicas de Medellín. Esos despidos han continuado, de forma casi imperceptible, hasta ayer.

La alocución del Gerente General de EPM y su publicación de “Preguntas y Respuestas” en Bitácora, relacionadas con estos despidos selectivos, no despejó las inquietudes de los trabajadores y trabajadoras; todo lo contrario, las aumentó, provocando desconcierto e incertidumbre colectiva, pues en vez de generar tranquilidad, dan la sensación de una amenaza permanente y de que todo obedece a una estrategia de cumplir metas de reducción de costos desde instancias mayores y en un año electoral.

Aunque la alta administración de EPM, en cabeza del Gerente General, se escuda en las indemnizaciones establecidas en las cláusulas de estabilidad de las convenciones colectivas de trabajo para no explicar los motivos para esta decisión de terminación unilateral de contratos, traducida en despidos sin justa causa de estos trabajadores -la mayoría con muchos años de servicios a la empresa-, a éstos no se les garantizó la oportunidad de acordar planes de mejora (si es que, en sus evaluaciones y en la mirada de los jefes, no cumplían con las actitudes y aptitudes de cara a “los nuevos retos”). Por lo indagado en varios escenarios, los jefes han debido pasar su cuota de trabajadores para los “ajustes” que requiere la empresa.

Nos preguntamos por qué, después de las observaciones que hicimos en 2013 frente al PIDD, que dejó en evidencia la incapacidad de algunos jefes de alto nivel para gestionar el talento humano, esta herramienta no se utilizó en los últimos dos años. Deja mucho que pensar que la administración no pueda dar cuenta del bajo desempeño de los despedidos. La administración de EPM está en la obligación, por ser una empresa de carácter público, de entregar toda la información sobre esta actuación, indicar a cuánto asciende el monto de las indemnizaciones y los criterios de elección de los despedidos. Con ello, los entes de control, tendrán la obligación de investigar si ello constituye o no un detrimento patrimonial.

Volvemos a manifestar, como en 2012 y en 2013, cuando también se hicieron despidos selectivos en UNE, algunos interrogantes: ¿Existen algunos motivos “especiales” para que trabajadores con un buen desempeño laboral sean despedidos? ¿No basta con un PIDD sino que la evaluación de los trabajadores está sujeta al análisis subjetivo y a veces amañado del jefe? ¿Obedecen estos despidos a “cambios estratégicos” o tienen tinte político o politiquero? ¿Por qué no se realiza la retroalimentación debida cuando las personas no cumplen con su desempeño?

Desde ya estamos alertando y seremos vigilantes de ello, de que 2015, un año electoral, no se utilice a EPM y a la misma UNE con fines politiqueros. El carácter técnico y la capacidad técnica de su capital humano son lo que ha hecho grandes a las dos empresas. Estaremos atentos a todos los procesos que se efectúen antes de que se inicie la Ley de Garantías, pues es en este período cuando se podría utilizar la empresa en el sentido mencionado.

En referencia a los trabajadores despedidos desde el mismo momento de conocer la noticia los hemos buscado, con el fin de recoger información directa y prestarles la asesoría que cada uno requiera, de acuerdo con cada caso en particular.

A todos nuestros afiliados y afiliadas les ratificamos nuestro apoyo permanente. Es en estos momentos cuando es menester valorar el sentido y el significado de contar con el respaldo sindical. Los invitamos a continuar laborando con el mismo profesionalismo con que siempre lo han hecho.

Ahora, más que nunca, debemos cerrar filas en torno a las organizaciones sindicales, para emprender acciones colectivas en defensa del patrimonio público.