El Juez 16 Administrativo Oral de Medellín ordenó la suspensión provisional de las negociaciones que adelanta Empresas Públicas de Medellín (EPM) para la fusión de UNE y Millicom, cuya aprobación está en trámite ante las Superintendencias de Industria y Comercio, de Sociedades y Financiera, tras la firma realizada por ambas empresas el pasado 2 de octubre sellando el pacto.

La medida cautelar fue solicitada tras una acción popular instaurada por el Sindicato de Profesionales (SINPRO) contra EPM solicitando la nulidad del negocio, teniendo en cuenta la amenaza contra varios derechos colectivos emanados de esta fusión. La primera amenaza es contra el patrimonio público, dado que a juicio de la organización sindical, el actor seleccionado (Millicom) no es el más idóneo, pues no tiene las suficientes garantías y la solidez para custodiar el patrimonio público, tal y como se ha demostrado con la experiencia ya conocida de Colombia Móvil (Tigo) en la cual son socios Millicom, ETB y EPM.

La moralidad administrativa, indica el sindicato,  es otro de los derechos colectivos amenazados con esta fusión, puesto que el proceso de negociación ha vulnerado los principios constitucionales de transparencia e igualdad, al no hacerse el proceso de democratización de propiedad establecido en la Ley 226 de 1995 (enajenación de la propiedad accionaria estatal), es decir, el mismo proceso que hoy se adelanta con la venta de Isagén.

Así mismo, con la pretendida fusión, se amenaza la universalidad del servicio de las tecnologías de la información y la comunicación, pues con el nacimiento de EPM, el Municipio de Medellín (su dueño) le entregó la responsabilidad del acceso universal de los servicios públicos domiciliarios, mientras que en el Acuerdo 17 de 2013 del Concejo de Medellín esta responsabilidad se le transfiere a la Subsecretaría de Servicios Públicos del Municipio, que no tiene ni los recursos ni las competencias para el desarrollo del acceso universal a las TICs.

Otras demandas en trámite

Adicional a esta demanda de nulidad del negocio, ante el Juzgado 28 Oral Administrativo de Medellín cursan otras dos demandas contra la nulidad del Acuerdo 17 de 2013 del Concejo de Medellín, instauradas de forma independiente por el Colectivo ciudadano MedellínNosUne y SINPRO, y por el Sindicato Unigeep.