26 de julio de 2022

• Llamado al país y a las autoridades nacionales
• Funcionamiento del proyecto no puede obedecer a intereses particulares o políticos
• De no operar en noviembre se podrían materializar varios riesgos
• El país no puede arriesgarse a que por intereses particulares o políticos se pare o se postergue la entrada en operación del proyecto Hidroituango el próximo 30 de noviembre.

Las torpezas de las actuales administraciones de Medellín, EPM y la Junta Directiva que afectan los tiempos con demandas temerarias, anuncios improvisados, modificaciones abruptas en la alimentación del campamento, empecinamiento por cambiar los contratistas y un cuestionado proceso licitatorio para las obras finales; cualquiera sea el motivo, pasar de esa fecha podría detonar una cadena de riesgos para el proyecto, la empresa y el país.

Luego de superar la post contingencia y concentrarse en la culminación de las obras -que bordean el 90%-, se estableció como reto la entrada en operación, en noviembre de 2022, de las dos primeras unidades, que aportarán al Sistema Interconectado Nacional (SIN) 600 de los 2.400 megavatios que generará el proyecto, el 17% de la energía del país en 2026.

Dada su importancia, reiteramos las advertencias de SINPRO desde hace más de dos años sobre lo que significarían nuevos retrasos o la parálisis del proyecto:

• Se pondría en riesgo la sostenibilidad de EPM y los aportes billonarios a la Nación vía impuestos, las transferencias a Medellín para inversión social ($1,8 billones en 2022) y las transferencias a más de 50 municipios y tres corporaciones autónomas regionales de Antioquia para agua potable, saneamiento básico y mejoramiento ambiental (En 2021 se acercaron a los $100 mil millones).

• Se pondría en riesgo la entrada en operación de las dos primeras unidades en los tiempos establecidos y desencadenaría el retraso de las otras seis, lo que se traduciría en nuevas multas de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) a EPM por incumplimiento del cronograma y la venta de energía en el mercado mayorista de energía eléctrica del proyecto Hidroituango.

• Si en 2023 el proyecto no tiene en operación 3 o 4 de las unidades de generación de energía eléctrica y ante la alta probabilidad de que se presente un fenómeno del Niño fuerte entre 2023 y 2024, el país podría enfrentarse a un apagón de grandes proporciones, lo que pondría en riesgo la seguridad energética nacional ante un eventual desabastecimiento y la posibilidad, además, de aumento de las tarifas de energía eléctrica en todas las regiones de Colombia.

• Una decisión de parar o retrasar las obras y puesta en funcionamiento del proyecto supondría mayores costos y acarrearía nuevas multas para EPM por incumplir los compromisos de subastas anteriores, y pérdidas billonarias por concepto de asignación de energía en Firme (ENFICC), de ventas de generación y por la ejecución de garantías de entrada en operación y de conexión, con los consecuentes riesgos para la sostenibilidad del proyecto y del Grupo EPM.

• Se pondría en peligro la estabilidad de algunas estructuras y del vertedero, que ha trabajado continuamente desde hace casi cuatro años sin haber sido diseñado para hacerlo de esa forma.

• Aumentarían las posibilidades de infiltraciones del macizo rocoso y afectaría la estabilidad de los taludes exteriores y obras subterráneas, lo que podría afectar también el mantenimiento de vías.

• Se pondría en peligro la integridad de las comunidades aguas abajo del proyecto ante el aplazamiento de la mitigación de riesgos para ellas.

No es aconsejable, por tanto, ninguna declaración o actuación que afecte el curso de las obras civiles finales, que podrían generar nuevas e innecesarias incertidumbres frente a la entrada en operación del proyecto hidroeléctrico más importante del país.

Desde SINPRO creemos que no se han eliminado, y por el contrario, hoy son más evidentes algunos de los riesgos que hemos venido advirtiendo, en el sentido de que persiste la pretensión de hacer “ajustes necesarios”, lo cual podría derivar en la adjudicación del contrato a una empresa china -Sinohydro, Yellow Rivers o una alianza entre ellas-; el camino y los inconvenientes presentados con esta nueva licitación para la culminación y puesta en marcha del proyecto Hidroituango son muestra de ello.

De ahí nuestro llamado al país y a las autoridades nacionales frente a las decisiones que afecten la entrada en operación del proyecto y la seguridad energética nacional.

Olga Lucía Arango Herrera,

Presidente

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