Llamado al presidente de la República y a toda Colombia
Manifiesto por la protección de EPM, el proyecto Hidroituango, las comunidades y la seguridad energética nacional
Desde SINPRO y otros sectores hemos alertado sobre los riesgos de la no entrada en operación, en los tiempos establecidos, de las dos primeras y la totalidad de las unidades de generación del proyecto Hidroituango, que una vez culminado aportará el 17% de la energía del país.
Riesgos para la seguridad energética nacional ante la probabilidad de un fenómeno del Niño en los próximos años que podría desencadenar desabastecimiento y aumento de tarifas, riesgos para la estabilidad del vertedero, riesgos para las comunidades aguas abajo y riesgos para la supervivencia de EPM.
Por tanto, proteger a EPM es proteger a Colombia y la institucionalidad representada en la segunda empresa que más aporta a la Nación y en la que transfiere billonarios recursos a más de 100 municipios de diferentes regiones del país.
Esa EPM estará en grave riesgo si la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) hace efectivas las garantías de 207 millones de dólares por la no entrada en operación comercial de las dos primeras unidades, este miércoles 30 de noviembre, no obstante, la existencia de atenuantes que urgen postergar su funcionamiento.
En tal sentido manifestamos nuestra unión al clamor de la bancada antioqueña en el Congreso de la República y de diversos actores sociales que piden a la Creg prorrogar por un tiempo prudencial esa fecha, con el propósito de hacer las pruebas necesarias orientadas a minimizar riesgos y preservar la integridad de las comunidades de las zonas de influencia y los trabajadores del proyecto, como ha sido la principal premisa de EPM desde el inicio de su construcción.
Llamamos al presidente de la República, a la ministra de Minas y Energía, a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), a XM y a todas las entidades con incidencia en el desarrollo del proyecto Hidroituango, a que escuchen este pedido general y tomen de forma urgente y articulada una decisión encaminada a garantizar la sostenibilidad de EPM, el proyecto, la seguridad energética nacional y la protección de la comunidad.
Extender el plazo de la entrada en operación dejando de lado la ejecución del cobro de las garantías por parte de la Creg es la decisión más adecuada y acertada.
Llamamos al Gobierno Nacional a que, respetando la autonomía de EPM como entidad 100% pública de propiedad del Municipio de Medellín, defina claramente su posición frente a la empresa y al proyecto Hidroituango.
Llamamos a toda la institucionalidad, a todos los miembros del Senado de la República y la Cámara de Representantes, a la Procuradura General de la Nación y al Contralor General de la República, a las demás empresas de servicios públicos del país y la ciudadanía, a unirse solidariamente a las voces que piden proteger a EPM para que siga siendo modelo de rigurosidad, eficiencia, calidad, cobertura, cuidado del ambiente y un ejemplo de aporte al bienestar y progreso de millones de colombianos en distintas regiones del país.
Finalmente hacemos un llamado especial a los entes de control para que ejerzan con responsabilidad su labor, puesto que EPM, Medellín y la seguridad energética se siguen poniendo en riesgo por animadversiones e intereses políticos y particulares, y decisiones lejanas a los rigores técnicos, financieros, jurídicos, ambientales y sociales que han caracterizado a EPM durante 67 años.
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Sigue estrategia de eliminación del ADN de EPM
Cuando se dio la renuncia forzada hace unas semanas de la ingeniera Mónica María Ruiz Arbeláez, desde SINPRO ratificamos las alertas sobre el actuar poco transparente de la actual administración, que con la anuencia de la junta directiva sigue resquebrajando la institucionalidad y haciendo daño a la rigurosidad histórica de EPM; la eliminación, el día de ayer, de la Gerencia de Desarrollo e Innovación (D+I) y el despido del ingeniero John Darío Restrepo Giraldo, quien estaba al frente de esa dependencia, son muestra de ello.
Hace exactamente un año, en carta abierta al gerente general Jorge Andrés Carrillo Cardoso, advertimos sobre movidas como ésta, y de forma especial las que se cocinaban en la Vicepresidencia Ejecutiva Nuevos Negocios Innovación y Tecnología e Información, en cabeza de Darío Amar Flórez, a la que estaba adscrito el gerente despedido y la dependencia eliminada para fusionarla con la de Desarrollo Nuevos Negocios en una recién creada, Nuevas Soluciones, en la que fue encargada la señora Beatriz Eugenia Giraldo Castaño.
La señora Giraldo fue vinculada a EPM un día antes de iniciar la ley de garantías para reemplazar a Jaime Ramos Agudelo, quien renunció por “motivos personales”, justo cuando se le adelantaba una investigación solicitada por SINPRO sobre sus competencias y funciones, y quien había sido nombrado en un proceso como candidato único y en modalidad de “referido”.
No obstante que desde SINPRO habíamos solicitado dejar la gerencia D+I y eliminar la de Desarrollo Nuevos Negocios, con la burocracia con que había sido poblada al inicio de la vicepresidencia del señor Amar Flórez, éste encargó de la nueva gerencia a la persona con menos experiencia y conocimiento, como es el caso de la señora Beatriz Giraldo Castaño.
En esta vicepresidencia, donde se siguen presentando algunas situaciones que afectan la convivencia laboral, el señor Amar Flórez utiliza una supuesta reestructuración para cambiar el nombre y rol de algunas dependencias, eliminar otras y de esa forma encontrar la forma de sacar de la empresa a los servidores que estorban a sus intereses y los de su protector en la parte más alta de la administración de Medellín.
No son casos aislados
El arrinconamiento y salida de los ingenieros Mónica Ruiz y John Restrepo, ratificamos podrían ser una constante en la empresa con la actual administración de EPM y la junta directiva actual, en diferentes dependencias y niveles con servidores que por llevar el ADN institucional, defienden los intereses de la empresa y de los ciudadanos.
A estos se podría sumar la “renuncia” en las próximas semanas, de Esteban Barrientos Moreno como gerente general de ENSA, filial de EPM en Panamá, quien presta sus servicios al Grupo EPM desde 2015, y que resulta inentendible, además, al tratarse de quien ha sido calificado por la propia empresa como el mejor funcionario en las filiales.
Y no se puede dejar de lado lo que podría pasar con el Vicepresidente Comercial, Juan Felipe Valencia Gaviria, tras la extraña celeridad de la Personería Medellín para emitir sobre él una sanción, por un asunto que podría catalogarse menor al compararse con casos gravísimos de documentación y antecedentes de varios vicepresidentes y funcionarios traídos por las actuales administraciones de Medellín y de EPM.
Desde SINPRO instamos a los entes de control, medios de comunicación y veedurías ciudadanas a hacer el seguimiento que requieren estos temas, y de forma especial a la Personería de Medellín, para que muestre en estos casos el mismo interés mostrado en el del señor Valencia Gaviria y actúe en consonancia.
Así mismo, hacemos un nuevo llamado a todos los servidores de EPM a la solidaridad institucional y propia, lo cual solo se logra defendiendo a la empresa de quienes se empeñan en hacerle daño.
En este punto queremos llamar la atención, citando una parte del poema de Martin Niemöller, que puede adecuarse: “Primero vinieron por los (…) y yo no dije nada, porque yo no lo era. Luego vinieron por los sindicalistas, y yo no dije nada, porque yo no era sindicalista. Luego vinieron por los (…), y yo no dije nada, porque yo no lo era. Luego vinieron por mí, y no quedó nadie para hablar por mí"
SINPRO
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Nuevo ataque al corazón de EPM
Esta es otra traición al ADN institucional
No cesan los daños al ADN institucional de EPM por parte de la actual administración, encabezada por el gerente general, y la junta directiva de la empresa, presidida por el alcalde de Medellín.
Hoy se hizo efectivo lo que venía siendo un rumor al interior de EPM: la salida de la ingeniera Mónica María Ruiz Arbeláez del cargo como vicepresidente de Estrategia y Planeación.
Esta salida, acordada por la junta directiva en sesión de la semana pasada sin que mediaran argumentos sólidos más allá de ser incómoda para los intereses de quienes hoy están al frente de la empresa, fue disfrazada de un arreglo para llegar a otro cargo en una filial del Grupo EPM, para no verse como una declaración de insubsistencia, que fue lo decidido
El caso de Mónica Ruiz, quien estuvo encargada de la gerencia general de EPM entre febrero y abril de 2021, deja grandes interrogantes sobre el nivel al que ha llegado la actual administración, a la que poco parece importar destrozar el corazón institucional y los rigores históricos de la empresa para cuidar intereses particulares, reflejados, entre otros, en la falta de transparencia de algunos procesos contractuales y los nombramientos en altos cargos de personas sin las calidades y trayectoria que exige EPM.
La situación extrema y de traición a la que fue conducida Mónica Ruiz deja un mal mensaje dentro y fuera de la empresa, puesto que, de acuerdo con información que se conoce al interior de ella, ésta podría no ser la única decisión en este sentido, sino una constante en las próximas semanas en cargos claves y con servidores con el ADN institucional y rigor técnico que defienden los intereses de la empresa y los ciudadanos.
Mónica Ruiz destaca por su amplia trayectoria en EPM, y de forma especial porque en los dos meses de gestión como gerente encargada estaba devolviendo la confianza perdida por las actuaciones de su antecesor, y que se ha perdido de nuevo por las acciones de la genuflexa junta directiva y de su sucesor en el cargo, el actual gerente general, Jorge Andrés Carrillo Cardoso.
Precisamente pedimos a esta junta que tenga niveles mínimos de ética en la toma de decisiones importantes en una institución como EPM.
Hacemos un llamado a todos los servidores de la empresa, puesto que su lealtad como funcionarios de ella tiene que ser siempre con EPM como institución y con la comunidad, y no con las administraciones de turno. Desde SINPRO seguimos atentos a todas las acciones que vayan en contravía de EPM.
SINPRO
26 de julio de 2022
Las torpezas de las actuales administraciones de Medellín, EPM y la Junta Directiva que afectan los tiempos con demandas temerarias, anuncios improvisados, modificaciones abruptas en la alimentación del campamento, empecinamiento por cambiar los contratistas y un cuestionado proceso licitatorio para las obras finales; cualquiera sea el motivo, pasar de esa fecha podría detonar una cadena de riesgos para el proyecto, la empresa y el país.
Luego de superar la post contingencia y concentrarse en la culminación de las obras -que bordean el 90%-, se estableció como reto la entrada en operación, en noviembre de 2022, de las dos primeras unidades, que aportarán al Sistema Interconectado Nacional (SIN) 600 de los 2.400 megavatios que generará el proyecto, el 17% de la energía del país en 2026.
Dada su importancia, reiteramos las advertencias de SINPRO desde hace más de dos años sobre lo que significarían nuevos retrasos o la parálisis del proyecto:
No es aconsejable, por tanto, ninguna declaración o actuación que afecte el curso de las obras civiles finales, que podrían generar nuevas e innecesarias incertidumbres frente a la entrada en operación del proyecto hidroeléctrico más importante del país.
Desde SINPRO creemos que no se han eliminado, y por el contrario, hoy son más evidentes algunos de los riesgos que hemos venido advirtiendo, en el sentido de que persiste la pretensión de hacer “ajustes necesarios”, lo cual podría derivar en la adjudicación del contrato a una empresa china -Sinohydro, Yellow Rivers o una alianza entre ellas-; el camino y los inconvenientes presentados con esta nueva licitación para la culminación y puesta en marcha del proyecto Hidroituango son muestra de ello.
De ahí nuestro llamado al país y a las autoridades nacionales frente a las decisiones que afecten la entrada en operación del proyecto y la seguridad energética nacional.
Olga Lucía Arango Herrera,
Presidente
Información para periodistas:
C.S. Juan Carlos Arboleda Meneses: 3113904179 - @SinproColombia - Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla.
Superados en gran medida los problemas generados por la contingencia y con ellos algunas de las consecuencias más relevantes, no puede pensarse en nada diferente a la culminación de las obras y la puesta en marcha del proyecto Hidroituango, que sigue estando en riesgo ante las posturas e intereses políticos de quienes se empeñan en destruirlo, y con ello el patrimonio público representado en EPM, la segunda empresa más importante de Colombia.
Desde el Sindicato de Profesionales de EPM y UNE (SINPRO) hacemos un llamado a los ciudadanos y a las instituciones a defender el proyecto Hidroituango por lo que significa socialmente y por lo que representa para la seguridad energética nacional.
Retrasarlo por cualquier motivo o desembalsarlo, como algunos pocos pretenden, sigue poniendo en riesgo la sostenibilidad del proyecto que generará el 17% de la energía del país.
Retrasar el proyecto o dar marcha atrás podría producir grandes riesgos técnicos y sociales; pondría en peligro la estabilidad de algunas estructuras y del vertedero, que ha trabajado continuamente desde hace 3 años sin haber sido diseñado para ello; podría aumentar las posibilidades de infiltraciones del macizo rocoso y afectar la estabilidad de los taludes exteriores y las obras subterráneas, pudiendo afectarse también de forma directa el mantenimiento de vías y la integridad de las comunidades aguas abajo ante el aplazamiento de la mitigación de riesgos para ellas, como se ha advertido en distintas oportunidades.
Retrasar el proyecto o dar marcha atrás supondría poner en riesgo el cumplimiento de las obligaciones de energía en firme y con ello generarse un eventual desabastecimiento y aumento de tarifas de energía en todo el país.
Retrasar el proyecto o dar marcha atrás pondría en riesgo dineros públicos a cargo de EPM y con ello la afectación de los billonarios recursos económicos que la empresa le transfiere a más de 60 ciudades y municipios de Colombia y a la Nación, vía impuestos, para inversión social.
Retrasar el proyecto o dar marcha atrás derivaría en multas por incumplimiento en el cronograma de generación de energía y con ello pérdidas que afectarían directamente la transferencia de esos billonarios recursos que se transfieren para inversión social.
Retrasar o dar marcha atrás podría desatar un riesgo en cadena que no solo pondría en peligro el proyecto Hidroituango y la seguridad energética del país, sino la institucionalidad, el buen uso de los recursos públicos, el futuro de EPM y de sus filiales y el de más de 50 mil empleos directos e indirectos en diferentes ciudades de Colombia.
Por todo esto, reiteramos nuestro llamado a los ciudadanos y a todas las instituciones del país a defender el proyecto Hidroituango y la seguridad energética nacional.
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