Superados en gran medida los problemas generados por la contingencia y con ellos algunas de las consecuencias más relevantes, no puede pensarse en nada diferente a la culminación de las obras y la puesta en marcha del proyecto Hidroituango, que sigue estando en riesgo ante las posturas e intereses políticos de quienes se empeñan en destruirlo, y con ello el patrimonio público representado en EPM, la segunda empresa más importante de Colombia.

Desde el Sindicato de Profesionales de EPM y UNE (SINPRO) hacemos un llamado a los ciudadanos y a las instituciones a defender el proyecto Hidroituango por lo que significa socialmente y por lo que representa para la seguridad energética nacional.

Retrasarlo por cualquier motivo o desembalsarlo, como algunos pocos pretenden, sigue poniendo en riesgo la sostenibilidad del proyecto que generará el 17% de la energía del país.

Retrasar el proyecto o dar marcha atrás podría producir grandes riesgos técnicos y sociales; pondría en peligro la estabilidad de algunas estructuras y del vertedero, que ha trabajado continuamente desde hace 3 años sin haber sido diseñado para ello; podría aumentar las posibilidades de infiltraciones del macizo rocoso y afectar la estabilidad de los taludes exteriores y las obras subterráneas, pudiendo afectarse también de forma directa el mantenimiento de vías y la integridad de las comunidades aguas abajo ante el aplazamiento de la mitigación de riesgos para ellas, como se ha advertido en distintas oportunidades.

Retrasar el proyecto o dar marcha atrás supondría poner en riesgo el cumplimiento de las obligaciones de energía en firme y con ello generarse un eventual desabastecimiento y aumento de tarifas de energía en todo el país.

Retrasar el proyecto o dar marcha atrás pondría en riesgo dineros públicos a cargo de EPM y con ello la afectación de los billonarios recursos económicos que la empresa le transfiere a más de 60 ciudades y municipios de Colombia y a la Nación, vía impuestos, para inversión social.

Retrasar el proyecto o dar marcha atrás derivaría en multas por incumplimiento en el cronograma de generación de energía y con ello pérdidas que afectarían directamente la transferencia de esos billonarios recursos que se transfieren para inversión social.

Retrasar o dar marcha atrás podría desatar un riesgo en cadena que no solo pondría en peligro el proyecto Hidroituango y la seguridad energética del país, sino la institucionalidad, el buen uso de los recursos públicos, el futuro de EPM y de sus filiales y el de más de 50 mil empleos directos e indirectos en diferentes ciudades de Colombia.

Por todo esto, reiteramos nuestro llamado a los ciudadanos y a todas las instituciones del país a defender el proyecto Hidroituango y la seguridad energética nacional.

SINPRO