La semana pasada ratificamos nuestro llamado permanente a todos los actores sociales del país a defender a EPM y al proyecto Hidroituango de quienes han querido debilitarlos con declaraciones falsas y actos especulativos.

Por fortuna y ante las gestiones que reiteradamente, junto con otros actores, hemos solicitado de parte de la Presidencia de la República, la semana pasada se firmó un acuerdo de pago con Mapfre, que no obstante ser una gran noticia, no despeja todos los riesgos que se ciernen sobre EPM y el proyecto.

Es imperativo reiterar lo que advertimos desde hace muchos meses y lo que indicamos a la Contraloría General de la República, en el sentido que, como ya lo venía haciendo, a la aseguradora Mapfre le correspondía realizar el pago de la póliza todo riesgo construcción y montaje. La actual administración de EPM, sin motivo claro, no fue diligente en el proceso de cobro iniciado hace 44 meses, gestión que nunca debió dilatar ni interrumpir, puesto que eso podría generar perjuicios adicionales y poner en riesgo toda la empresa.

Ahora bien, el haberse realizado este acuerdo, además de que desmonta cualquier excusa de la actual administración de EPM y del alcalde de Medellín para que los actuales contratistas no continúen con todas las obras, deja la tranquilidad que estos recursos ingresarán directamente a EPM para invertir en el proyecto.

Ya no se pueden argumentar impedimentos para que los actuales contratistas culminen las obras. Es imperativo llegar a un acuerdo para la prórroga hasta la terminación del proyecto; cualquier retraso adicional haría más latentes los riesgos técnicos, jurídicos, financieros, ambientales, sociales y para las comunidades aguas abajo del proyecto. Ya no hay pretextos para declarar “urgencia manifiesta” y traer nuevos contratistas, o para implementar planes improvisados como el denominado plan Mireya.

También queda claro que de presentarse nuevos retrasos en el proyecto, estos serían responsabilidad absoluta de la actual administración y de la junta de EPM, quienes tendrían que responder ante las autoridades competentes y entes de control por sus decisiones, acciones u omisiones -incluido el acuerdo con Mapfre- que causen daños a EPM y al proyecto, como posibles bajas en la calificación por parte de las calificadoras de riesgos y el prepago de deudas con la banca multilateral.

Precisamente y tras el acuerdo con Mapfre, es deber de esta administración restablecer las relaciones con un aliado estratégico histórico para EPM y para el país, como el BID, y buscar con éste un nuevo acuerdo para reconsiderar el prepago total de la deuda por 450 millones de dólares, lo cual podría evitar sobrecostos a EPM dada la tasa actual de cambio, no solo para el pago de esta deuda sino de préstamos recientes como los efectuados con J.P. Morgan, Bank ok Tokio-Mufg y el banco Santander.

Finalmente y no obstante la buena noticia del acuerdo entre EPM y Mapfre, reiteramos nuestro llamado a las autoridades, entes de control y todos los actores sociales, a seguir movilizándonos en todos los escenarios posibles para defender a EPM, a Antioquia y a Colombia de quienes hacen daño a la institucionalidad, a las empresas, al progreso y al país. Hacemos un llamado especial a las pasivas y silenciosas Contraloría General de Medellín y Contraloría de Antioquia para que asuman el papel que les corresponde, especialmente ahora con las acciones u omisiones en torno a la continuidad del proyecto Hidroituango, de parte de la actual administración y la junta directiva de EPM, con su presidente a la cabeza.

SINPRO