La semana pasada ratificamos nuestro llamado permanente a todos los actores sociales del país a defender a EPM y al proyecto Hidroituango de quienes han querido debilitarlos con declaraciones falsas y actos especulativos.
Por fortuna y ante las gestiones que reiteradamente, junto con otros actores, hemos solicitado de parte de la Presidencia de la República, la semana pasada se firmó un acuerdo de pago con Mapfre, que no obstante ser una gran noticia, no despeja todos los riesgos que se ciernen sobre EPM y el proyecto.
Es imperativo reiterar lo que advertimos desde hace muchos meses y lo que indicamos a la Contraloría General de la República, en el sentido que, como ya lo venía haciendo, a la aseguradora Mapfre le correspondía realizar el pago de la póliza todo riesgo construcción y montaje. La actual administración de EPM, sin motivo claro, no fue diligente en el proceso de cobro iniciado hace 44 meses, gestión que nunca debió dilatar ni interrumpir, puesto que eso podría generar perjuicios adicionales y poner en riesgo toda la empresa.
Ahora bien, el haberse realizado este acuerdo, además de que desmonta cualquier excusa de la actual administración de EPM y del alcalde de Medellín para que los actuales contratistas no continúen con todas las obras, deja la tranquilidad que estos recursos ingresarán directamente a EPM para invertir en el proyecto.
Ya no se pueden argumentar impedimentos para que los actuales contratistas culminen las obras. Es imperativo llegar a un acuerdo para la prórroga hasta la terminación del proyecto; cualquier retraso adicional haría más latentes los riesgos técnicos, jurídicos, financieros, ambientales, sociales y para las comunidades aguas abajo del proyecto. Ya no hay pretextos para declarar “urgencia manifiesta” y traer nuevos contratistas, o para implementar planes improvisados como el denominado plan Mireya.
También queda claro que de presentarse nuevos retrasos en el proyecto, estos serían responsabilidad absoluta de la actual administración y de la junta de EPM, quienes tendrían que responder ante las autoridades competentes y entes de control por sus decisiones, acciones u omisiones -incluido el acuerdo con Mapfre- que causen daños a EPM y al proyecto, como posibles bajas en la calificación por parte de las calificadoras de riesgos y el prepago de deudas con la banca multilateral.
Precisamente y tras el acuerdo con Mapfre, es deber de esta administración restablecer las relaciones con un aliado estratégico histórico para EPM y para el país, como el BID, y buscar con éste un nuevo acuerdo para reconsiderar el prepago total de la deuda por 450 millones de dólares, lo cual podría evitar sobrecostos a EPM dada la tasa actual de cambio, no solo para el pago de esta deuda sino de préstamos recientes como los efectuados con J.P. Morgan, Bank ok Tokio-Mufg y el banco Santander.
Finalmente y no obstante la buena noticia del acuerdo entre EPM y Mapfre, reiteramos nuestro llamado a las autoridades, entes de control y todos los actores sociales, a seguir movilizándonos en todos los escenarios posibles para defender a EPM, a Antioquia y a Colombia de quienes hacen daño a la institucionalidad, a las empresas, al progreso y al país. Hacemos un llamado especial a las pasivas y silenciosas Contraloría General de Medellín y Contraloría de Antioquia para que asuman el papel que les corresponde, especialmente ahora con las acciones u omisiones en torno a la continuidad del proyecto Hidroituango, de parte de la actual administración y la junta directiva de EPM, con su presidente a la cabeza.
SINPRO
En los últimos conocimos la constitución de un panel independiente de gobierno corporativo incluido en el contrato de crédito entre EPM y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID.
De este órgano poco se conoce, más allá de ser una prioridad del BID para garantizar el cumplimiento del gobierno corporativo de EPM, dadas sus preocupaciones frente al irrespeto a éste, la recurrente injerencia en EPM por parte de la administración municipal de Medellín y el efecto producido en la banca de inversión, las calificadoras de riesgo y diversos sectores.
Ante el mutismo sobre este tema, desde el Sindicato de Profesionales SINPRO, el pasado fin de semana elevamos derecho de petición al gerente general de EPM, Jorge Andrés Carrillo Cardoso, solicitando información al respecto, y anexando copia de dicha solicitud a los miembros de la junta de EPM, al BID a la Superintendencia Financiera de Colombia.
Por transparencia y por lo que conlleva la constitución de este panel independiente de gobierno corporativo, es necesario conocer detalles frente a las personas o instituciones que lo integran, sus alcances, costos, avances, impacto y resultados, así como si en su conformación intervinieron el alcalde de Medellín y la junta directiva de EPM.
Es importante así mismo, que EPM ponga en conocimiento de la opinión pública la existencia de dicho panel
Twitter: @SinproColombia
Señores Concejales de la Comisión Primera del Concejo de Medellín: en ustedes reposa hoy una de las decisiones más trascendentales para la sostenibilidad de EPM, UNE EPM Telecomunicaciones S.A. y Medellín.
En sus manos está la protección de una parte importante del patrimonio público, la prestación de un servicio esencial, una de las pocas empresas de telecomunicaciones con participación pública y miles de empleos en la ciudad.
Ustedes y todos los concejales de Medellín saben que:
No hay condiciones económicas, políticas y sociales para vender la participación de EPM en UNE, dado que la actual administración de Medellín no genera confianza.
No se conoce la valoración de estas acciones ni hay claridad en la eventual destinación de los recursos.
No se puede poner de señuelo la financiación de Hidroituango para forzar esta venta.
No se puede feriar el patrimonio público ni descapitalizar a EPM.
Por todo esto les solicitamos públicamente, en primera instancia a los miembros de la Comisión Primera del Concejo de Medellín, su voto negativo al proyecto de Acuerdo 065 de 2021.
UNE no se vende, UNE se defiende. Está en sus manos.
SINPRO
Al gerente general y a los miembros de la Junta Directiva de EPM
Tienen en sus manos una responsabilidad histórica con EPM y el país
En los próximos días se tomará la decisión más trascendental en 66 años de historia de EPM, la más relevante para el futuro del proyecto Hidroituango, la más delicada en las tres últimas décadas para la seguridad energética nacional y una de las más importantes para el futuro personal, profesional y patrimonial de cada uno de ustedes.
Además de la verdadera autonomía de EPM, se pondrán a prueba su talante ético y social de todos y el de juristas de algunos, ante la responsabilidad histórica que tienen en frente: la recuperación o la debacle del proyecto y de la empresa.
El anuncio de una licitación para culminar el proyecto -el llamado Plan B-, como hace más de un año advertimos desde SINPRO, es otro paso que se da para relevar a los actuales y escoger nuevos contratistas, entre ellos a la China Three Gorges Corporation a través de su filial Sinohydro.
Ustedes bien lo saben, que las ocho empresas que visitaron el proyecto no cumplen en su totalidad con los requisitos exigidos, también que un proceso de licitación requiere de por lo menos seis meses y que la entrada de cualquier contratista necesita entre otros seis y doce meses.
Además de lo que implican esos tiempos, también conocen las consecuencias de lo que implican retrasos adicionales: mayores costos, nuevas multas, la posible solicitud a EPM de prepago de deudas con el BID y otras entidades, riesgos del vertedero para las comunidades aguas abajo, aumento de tarifas de energía en el país y, en caso de retraso de un año, pérdidas para EPM por unos 5,1 billones de pesos por concepto de asignación de energía en firme (ENFICC), de venta de generación de energía y de garantías de entrada en operación y de conexión, lo cual representa detrimento patrimonial por el que seguramente ustedes también deberán responder. Recuerden que el poder político es cambiante.
¿Están dispuestos a asumir estos riesgos?
Esta es una gran oportunidad para que ustedes hagan parte de la gran historia de EPM.
SINPRO
7 de octubre de 2021
En un accionar similar al de octubre de 2016, el día de ayer, mientras UNE informaba a los trabajadores que desde hoy jueves Tigo asumirá la operación de dos de las unidades de negocios que tenía a cargo Huawei TMSC SAS, la empresa de origen chino convocaba a quemarropa a los sindicatos para notificar que regresaban a UNE esas unidades operativas y con ello el traspaso a Tigo de varios trabajadores mediante sustitución patronal, y reconocer que se equivocaron con este negocio.
Esta nueva y nada transparente movida se da en medio de la propuesta de venta de las acciones de EPM en UNE y ad-portas de que este domingo 10 de octubre se cumplan cinco años del negocio con el que Huawei TMSC SAS se hizo cargo de la parte operativa de Tigo y UNE, y en paralelo recibió de UNE a 601 trabajadores mediante una supuesta sustitución patronal; es decir, en menos de cinco años gran parte de estos trabajadores se han visto sometidos a dos traslados entre empresas, creando una situación de zozobra y desmejoramiento de las condiciones laborales.
Aunque ambas empresas indican que la fecha se trata de mera coincidencia, este regreso de operaciones, que se hace a Tigo (Colombia Móvil) y no a UNE EPM Telecomunicaciones S.A., que se suponen están integradas, no solo da la razón a las advertencias efectuadas por SINPRO desde el año 2016, en el sentido que estos han sido pasos para desmantelar a UNE, y acabar los sindicatos, lo que supone la violación del Acuerdo 17 de 2013, como lo hemos demostrado en diferentes escenarios y que ahora, a regañadientes, aceptan con este hecho las administraciones de UNE y Huawei.
La postura jurídica de SINPRO sigue siendo la misma, en referencia a que UNE es el verdadero empleador de los trabajadores que quedan en Huawei y de los que ahora pasan a Tigo; postura que tiene respaldo en relevantes decisiones de la Sala Laboral de la Corte Suprema como la SL 3001 de 2020 con ponencia de la magistrada Clara Cecilia Dueñas, en la que explica la diferencia entre sustitución y tercerización, por eso seguimos firmes con las diferentes acciones legales que están en curso ante la justicia por el hecho registrado en octubre de 2016.
Es de recordar nuestras denuncias sobre las acciones de Huawei TMSC SAS con los trabajadores. De los 601 que pasaron a esa empresa solo quedan 299, es decir que 302 salieron en su mayoría por despidos, planes de retiro y renuncias presionadas. Y como si fuera poco, en 2018 solicitó al Ministerio del Trabajo autorización para despedir a 289 trabajadores más, que en junio de 2021 decidió no autorizarlos; de haberlo hecho habrían quedado solo 10 del número inicial.
Instamos e insistimos al Ministerio de Trabajo que realice una verdadera investigación sobre este hecho y dé luces sobre la realidad laboral, tanto en Huawei TMSC SAS como en UNE EPM Telecomunicaciones S.A., incluido Tigo (Colombia Móvil).
Así mismo, solicitamos al Concejo de Medellín a que cite a la administración de UNE para que en los debates del proyecto de Acuerdo 065 sobre la venta de la parte accionaria de EPM en la empresa, dé todas las explicaciones debidas frente a este nuevo hecho, enmarcado en las denuncias sobre todo lo sucedido tras el negocio efectuado con Huawei en octubre de 2016 y sobre las burlas al Acuerdo 17 de 2013 y a los trabajadores.
Desde SINPRO seguiremos defendiendo a los trabajadores y el patrimonio público representado en UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
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