Un país al que le espera un largo camino para reponerse de los efectos de la pandemia y donde la tasa de desempleo es del 14,2% y la de informalidad alcanza el 47,9 %, no puede permitirse otra reforma tributaria, que a través de IVA, renta y otros impuestos, gran parte de ellos inequitativos, golpearía aún más a los ciudadanos, a la mayoría de las pequeñas y medianas empresas, a los emprendedores y a quienes a diario les toca salir al rebusque para el sustento de sus familias.

Desde todos los sectores se sigue debatiendo y expresando con diversos puntos de vista sobre esta propuesta de reforma, todos ellos con gran coincidencia sobre lo inoportuna e inhumana, totalmente contraria a su eufemístico nombre, al no ser ni solidaria ni sostenible.

Solidaridad sostenible, en el contexto actual, es concentrarse en fortalecer y agilizar el proceso de vacunación en el país; solidaridad sostenible es facilitar la recuperación de los sectores económicos y sociales más golpeados; solidaridad sostenible y una verdadera obligación es atacar y castigar la evasión, la elusión de impuestos y la corrupción, que son vías por las que se pierden billones de pesos.

Esta reforma, inoportuna e inhumana, conlleva una serie de propuestas que con el encarecimiento en el conjunto de los productos de la canasta familiar, de entrada se lleva los dos indicadores principales en el aumento salarial de quienes, por fortuna, poseen empleo, el del 1,6% correspondiente a la inflación del año 2020 y el del 3,5% decretado para el incremento del salario mínimo para 2021.

El aumento de la base de declarantes y contribuyentes del impuesto de renta será progresivo entre 2022 y 2024; ejemplo claro sería que ahora pagarían el impuesto de renta quienes tengan pensiones superiores a $4,8 millones y los trabajadores que devenguen más de $4,1 millones mensuales, en 2023 lo harían quienes tengan salarios superiores a $2,9 millones y en el 2024 los que ganen más de $2,5 millones, es decir que lo harían quienes en esa época devenguen cerca de 2 salarios mínimos. Inhumano.

Y la reforma implica otro impuesto adicional y “temporal”, desde el 1 de julio al 31 de diciembre de 2021, para los trabajadores de los sectores público y privado con ingresos mensuales superiores a $10 millones.

Propone, así mismo, que los ingresos por cesantías e intereses se entenderán realizados en el momento del pago del empleador al trabajador o consignación al fondo de cesantías y que ello dará lugar a un reconocimiento patrimonial.

En conclusión, consideramos que estos y la mayoría de los temas que hacen parte de esta propuesta del Gobierno Nacional no solo es inoportuna por la situación que vive el país sino inhumana por la inequidad y el efecto económico y social que produciría.

Desde SINPRO nos oponemos, no solo a esta reforma, sino a cualquier iniciativa, cualquiera sea su procedencia, que lesione los intereses de los ciudadanos y de forma especial los de los trabajadores.

Así mismo y como organización abierta, respetuosa del debate y enfocada en la defensa natural de los trabajadores, el patrimonio público y el aporte a la sostenibilidad de las empresas, principios que consideramos esenciales para alcanzar el bienestar general, valoramos la protesta pacífica como una forma legítima para reclamar derechos y para buscar equilibrio social.

Twitter: @SinproColombia