El fracaso de la conciliación y las demandas instauradas por EPM en contra de los contratistas del proyecto Hidroituango y las aseguradoras, vuelven a poner sobre el tapete las alertas que desde hace varios meses manifestamos desde SINPRO y otras organizaciones sobre el impacto en el desarrollo del proyecto hidroeléctrico y en la sostenibilidad de la Empresa.

La demanda ante el Tribunal Administrativo de Antioquia por $9,9 billones contra los contratistas del proyecto y la efectuada ante el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Medellín por $5,5 billones contra las aseguradoras reafirman las preocupaciones sobre lo que éstas podrían generar:

• Las implicaciones en costos y tiempos para la culminación de las obras y la puesta en marcha del proyecto, así como la desconfianza entre las partes.

• Largos procesos en diferentes instancias que podrían llevar entre dos (2) y 10 años.

• La adición a estos procesos ya mencionados, de los que generen los contratistas al anunciar que llevarán el caso a un tribunal internacional y el de las comunidades aguas abajo del proyecto por $10 billones, en virtud de las afectaciones ocasionadas por la contingencia ocurrida en abril de 2018.

• La posible posición que asuman las aseguradoras del proyecto, lo que podría generar pérdida de la cobertura de las pólizas por $5,5 billones.

• Las posibles decisiones que tomen calificadoras de riesgo, tenedores de bonos de EPM y la banca multilateral, lo que podría implicar prepago de las deudas.

No obstante, confiamos, por el bien del proyecto, de EPM, de la ciudad y del país, que en el marco de esos litigios, como indica EPM en el punto11 del comunicado emitido el día de hoy, se puedan realizar nuevos ejercicios de conciliación, que permitan una solución integral a la situación generada con las demandas.

SINPRO