4 de septiembre de 2020

¿Se recuperarán 9,9 billones de pesos o se perderán otros 8 billones más?

Los recientes hechos alrededor de EPM han puesto a la empresa en grave riesgo por el irrespeto a su autonomía, el rompimiento del gobierno corporativo y la mala gestión administrativa, aspectos por los que reiteramos desde SINPRO la necesidad que el gerente general, Álvaro Guillermo Rendón López, renuncie de inmediato a la empresa y con ello se dé un paso importante para retomar el rumbo.

Esta solicitud está sustentada en aspectos, cada vez más evidentes, como su limitada experiencia en temas del resorte de EPM:

Las ejecutorias realizadas con premura que parecen obedecer más a estrategias políticas; la sumisión al Plan de Desarrollo de Medellín, sin estudios ni metas claras, de la planeación de EPM contenida en la estrategia Visión 2025 que contemplaba las prioridades ante las restricciones de caja derivadas de la contingencia de Hidroituango; la decisión de incursionar en Electricaribe obviando las restricciones de caja y el nivel elevado de endeudamiento; y el remezón no solo a la estructura organizacional para situar en cargos directivos a personas con desconocimiento del sector de servicios públicos domiciliarios, sino el dado a los procesos de selección transparentes con la creación de un Comité de Vacantes dirigido por él, que ha hecho crecer la nómina de manera significativa durante la pandemia.

Estos desaciertos van más allá: la presentación al Concejo de Medellín de un proyecto de acuerdo pidiendo facultades para que el alcalde modifique el objeto social de EPM incluyendo actividades que nada tienen que ver con los servicios públicos domiciliarios, saltando incluso a la Junta Directiva que, con su experiencia empresarial, hubiese alertado sobre aspectos de forma y fondo.

Así mismo, en medio de la emergencia social, en un hecho que indigna a la ciudadanía en general y a la familia EPM en particular, decidió que se hicieran remodelaciones locativas innecesarias, no solo en su oficina en Medellín sino en Bogotá.

No obstante, lo delicado de todo lo anterior, otro hecho grave es la presentación, también pasando por alto la Junta Directiva, de una acción contra los contratistas del proyecto Hidroituango, sin argumentos contundentes, máxime si se tiene en cuenta que el informe de Skava Consulting S.A. no es concluyente en asignar culpabilidades absolutas.

Este acto rompe definitivamente la gobernabilidad de EPM y pone sus finanzas en jaque, dejando consecuencias potenciales muy probables, que explicaremos.

1. Los expertos indican que, en la conciliación interpuesta ante la Procuraduría, la probabilidad de éxito es casi nula, lo que obligaría a EPM a demandar efectivamente a los mismos involucrados en la conciliación.

1. Un eventual litigio de este tipo dura 10 años en promedio.

1. Ante la poca evidencia probatoria, la hipótesis adoptada por EPM ante los entes de control, autoridades judiciales, aseguradoras y sector financiero, señala que la contingencia obedeció a un hecho imprevisible, fuerza mayor o caso fortuito, por lo que las nuevas acciones suponen dudas de EPM frente a su propia hipótesis, haciendo que la aseguradora Mapfre, que había anunciado la cobertura y adelantó el pago de 150 millones de dólares, seguramente espere el fallo final para analizar si existe razón para el pago de la cobertura.

1. EPM ha sido demandada por las comunidades aguas abajo del proyecto por 10 billones de pesos en virtud de las afectaciones ocasionadas. Si el evento no resulta hecho imprevisible, fuerza mayor o caso fortuito, como contratista resultaría perdedor en un litigio cuyo valor no fue incluido en la posible demanda. La torpeza de la acción jurídica, en cabeza del gerente abogado, no tuvo en cuenta todas estas aristas dejando vulnerable la defensa de EPM.

1. Si se retrasa un año más el proyecto, por cuanto EPM debería conseguir otro contratista que termine la obra, situación que únicamente por menos ingresos serían de unos 2,6 billones de pesos (13 mil GWh/año por $200 mil millones el GWh = 2,6 billones de pesos), sin contar todo lo que se deriva de mayores costos financieros y multas por retrasos ante la CREG, entre otros.

Con todo lo expuesto, desde SINPRO resumimos la situación:

• Al vulnerarse el gobierno corporativo EPM está a punto de que las calificadoras de riesgo rebajen su calificación, situación que encarecerá la deuda y podría llevar a la empresa a consecuencias financieras imprevisibles y negativas.

• La demanda de 9,9 billones de pesos contra los subcontratistas resultaría en la posible pérdida de la cobertura de la póliza por unos 5,3 billones^[i].

• A esas pérdidas se sumarían los 10 billones por las afectaciones a las comunidades aguas abajo^[ii] y 2,6 billones por el nuevo retraso de la obra, por lo que en total la cifra ascendería a 9,9 billones recibidos si se gana la demanda, pero una pérdida de 5,3 billones por la posible pérdida de cobertura por la aseguradora Mapfre + 2,6 billones por menores ingresos por el posible retraso adicional de 1 año en la entrada en operación comercial + 10 billones por la posible pérdida en la acción popular por las afectaciones de las comunidades aguas abajo del proyecto = 17,9 billones de pesos. Es decir, una pérdida estimada neta de 8 billones de pesos. (9,9 – 17,9 =-8).

Estamos ante una de las torpezas más grandes que representante legal alguno haya instaurado en la historia de EPM, lo que no es un tiro en el pie sino uno directo a la sien.

Por todo lo anterior, sumado a su falta de capacidad, idoneidad, transparencia, liderazgo, sentido social, respeto por el gobierno corporativo y conocimiento de EPM y del sector de servicios públicos domiciliarios, reiteramos que el gerente general, Álvaro Guillermo Rendón López, debe tener un acto de valor civil y renunciar por el bien de EPM, de la ciudad y del país, para que personas idóneas y competentes tomen las riendas de la empresa.

Hacemos también un llamado a los organismos de control como la Procuraduría y la Superintendencia de Servicios Públicos, para que actúen de inmediato frente a estas situaciones, y de forma especial a la Contraloría General de la Nación, para que lo haga en consonancia con sus principios de eficiencia, economía y valoración de costos, puesto que las cifras que podría llegar a perder EPM son superiores a las que podría obtener de prosperar las acciones legales que hoy ha emprendido y la llevarían por un camino incierto.

^[i] https://www.dataifx.com/post/epm-presento-solicitud-de-conciliacion-prejudicial-contra-mapfre-seguros-por-53-billones-por

^[ii] . https://telemedellin.tv/reclamo-pretencioso-diez-billones-hidroituango/313559/