EPM y la puerta giratoria con el GEA

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 El riesgo de privatización de EPM es cada vez más grande con la intromisión del Grupo Empresarial Antioqueño en la empresa.

Desde la única partida presupuestal efectuada en 1955 para crear sus Empresas Públicas, el Municipio de Medellín no ha tenido que destinar un centavo más para EPM; por el contrario, el ente autónomo ha devuelto multiplicada esa inversión tanto con cobertura, calidad y eficiencia en la prestación de servicios públicos, como en transferencias al Municipio.

 

Parte del éxito social y empresarial de EPM estaba soportado en su autonomía técnica, patrimonial y política. Esa autonomía, que políticos y administradores privatizadores han buscado socavar, triunfó en 1997 cuando el Concejo de Medellín, en vez de sucumbir ante un primer intento privatizador, dejó plasmado en el Acuerdo 069 la transformación de EPM en una Empresa Industrial y Comercial del Estado propiedad 100% del Municipio de Medellín, y estableció su forma de administración y el porcentaje de las transferencias, que en los últimos 15 años suman $8,6 billones y se proyectan en $4 billones para el período 2016-2019, de los cuales, según EPM, ya se han entregado $670 mil millones a septiembre de este año.

 

Entre 2004 y 2005, durante la gerencia de Juan Felipe Gaviria Gutiérrez, no solo se promovió un nuevo debate sobre la privatización de EPM, sino que se contrató a la firma Teletraining, que en una de las conclusiones de su costosa consultoría sugirió que “era necesario escindir el negocio de las telecomunicaciones”. Así nació UNE y años más tarde, en 2013, se dio la llamada fusión UNE-Millicom, con resultados negativos para las finanzas de EPM y para la estabilidad y la calidad de vida de los trabajadores, por mencionar solo dos aspectos.

 

En una reunión entre SINPRO y el Gerente de EPM, Juan Felipe Gaviria y cuando se planteaba la escisión de las telecomunicaciones, nos expresó: "No se preocupen aún por la privatización de EPM. El que va a privatizar a EPM apenas está estudiando en EAFIT”.

 

Desde esa época, pero con antecedentes desde 1995 con el propio Juan Felipe Gaviria como protagonista, y con el argumento de proteger a EPM de la politiquería, los privados, con la aquiescencia de las administraciones de turno (alcaldes y gerentes), fueron permeando de intereses privados la Junta Directiva y algunos cargos directivos de EPM, con incidencia en las decisiones estratégicas y la propia estructura de la Empresa. A partir de allí se dieron los pésimos negocios de Orbitel, Colombia Móvil y TigoUNE; el inicio del programa “Grupo EPM Sin Fronteras”; las inversiones de EPM en el exterior; la prevalencia de los resultados financieros a costas de los social; la creación del “Conglomerado Público de Medellín”; los proyectos de ley para modificar el objeto social de las empresas de servicios públicos; y la puerta giratoria entre directivos y altos ejecutivos de EPM, el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) y otras empresas privadas con intereses en EPM.

 

Con la firma en 2007 del “Convenio Marco de Relaciones Municipio de Medellín - EPM”, se hizo más evidente la injerencia e interés de los privados por apropiarse de EPM a como diese lugar. El Convenio, aún vigente, firmado por el Alcalde Sergio Fajardo Valderrama y el Gerente de EPM de la época, Juan Felipe Gaviria, obliga hoy al Municipio de Medellín (Alcaldía y Concejo) a respetar la autonomía administrativa de EPM, señalando, entre otros, que se mantengan al menos cinco miembros independientes, de los nueve de la Junta Directiva.

 

 

El ratón cuidando el queso…

Aunque los actuales miembros “independientes” de la Junta de EPM cumplen los requisitos consagrados en la Ley 964 de 2005, basta dar una simple ojeada para ver que no hay tal independencia: tres provienen del sector privado; uno es vicepresidente de una empresa del GEA (Andrés Bernal Correa, Protección) y otro, hasta hace unos meses, era Presidente de una de ellas (Carlos Raúl Yepes Mejía, Bancolombia); cabe señalar que el GEA, con Celsia (EPSA) es competidor directo de EPM en el negocio de energía.

 

Hay más. En la Junta Directiva de lo que queda de UNE EPM Telecomunicaciones S.A., donde en el papel EPM tiene el 50% más una acción, también tiene asiento un miembro del GEA (Miguel Moreno Múnera, Nutresa). Eso sin contar con que el actual Director de Comfama (David Escobar Arango), la caja de los empresarios privados, fue Vicepresidente de UNE, donde el esposo de la anterior Directora de Comfama (Federico Arango Toro) hace parte de la Junta de UNE como representante de EPM. La fiesta del yo con yo.

 

Esa “autonomía” no solo es en la Junta Directiva. Los últimos gerentes, una vez fuera de EPM fortalecieron sus vínculos con empresas del GEA o con intereses en EPM: Juan Esteban Calle, responsable de la falta de solidez y pérdida de credibilidad actual de EPM, se fue a gerenciar a Cementos Argos, uno de los principales proveedores de EPM; Federico Restrepo Posada cuando salió de EPM y antes de ser candidato a la Gobernación de Antioquia llegó a la compañía de financiamiento Tuya, de propiedad del GEA; y el propio Juan Felipe Gaviria siguió asesorando a Conconcreto y a Construcciones El Cóndor, contratistas con grandes intereses en EPM. Adicionalmente, Esteban Iriarte, expresidente de UNE y miembro actual de la Junta de esa empresa, se vinculó a la de Sura Asset Management S.A., una compañía de pensiones, ahorro e inversiones adscrita al GEA, de la cual es vicepresidente un miembro de la Junta de EPM. Una telaraña de los mismos con las mismas.

 

Es cierto que a nadie se le puede negar su derecho al trabajo, pero también es cierto que la autonomía y la transparencia de EPM se han podido ver empañadas con otros movimientos. Que una ex integrante de la Junta de EPM se haya ido para la de Protección (Tatyana Aristizábal) y que una alta ex directiva (Ana María Calle López) se haya ido para EPSA (Celsia) no es irregular, pero puede ser antiético y lesivo para los intereses de EPM, del Municipio de Medellín y de la comunidad, pues se llevan el conocimiento y algunos de los secretos estratégicos de la empresa. Eso mismo podría aplicarse a la situación de dos ex vicepresidentes y tres en ejercicio, que antes de llegar a EPM prestaron sus servicios a empresas del GEA (Jorge Andrés Tabares Ángel, Corfinsura; María Isabel Jaramillo Fernández, Bancolombia; y Ana María Restrepo Botero, Nutresa). Y hasta la propia hermana del Alcalde de Medellín, Catalina Gutiérrez Zuluaga, que es la encargada de “defender” los intereses de EPM en la fusionada UNE-Millicom (TigoUNE). ¿Todo esto será coincidencia? El ratón cuidando el queso…

 

Privados, EPM y financiación de campañas políticas

Caen como anillo al dedo las palabras del abogado y ex Procurador General de la Nación, José León Jaramillo Jaramillo: “…empezaron a patrocinar las campañas políticas de los alcaldes y de los gobernadores, con el convencimiento de que, quienes fueran elegidos, se convertirían en peleles (SIC) a su servicio y que, por lo tanto, sólo tendrían las cuentas bancarias del Municipio o del Departamento en Bancolombia, solo contratarían empréstitos con ellos, sólo adquirirán seguros de Sura, sólo comprarían cementos Argos y adicionalmente les adjudicarían a ellos, también, todas las contrataciones públicas en las que pudieran estar interesados y de postre, les concederían, también, un porcentaje importante de la burocracia en sus administraciones (…)

Poco a poco, han insertado cuadros suyos en la administración de esta empresa y se dice que la idea que desarrollan, al parecer, es la de reventarla financieramente, para llegar como salvadores y comprarla bien barata. Para ilustrar esa advertencia basta rememorar uno de esos negocios en el pasado reciente: el de los vehículos de Emvarias (Grupo EPM) mediante el modelo de renting, con Bancolombia. ¿Otra coincidencia?

 

Lo que no resulta casual es el hecho de que el GEA y otras empresas privadas hayan hecho millonarios aportes a la mayor parte de las últimas campañas de candidatos a la Alcaldía de Medellín -Más de $500 millones en la de 2015 de acuerdo con las cuentas publicadas por ellas-, sin contar las de los últimos tres mandatarios locales (Sergio Fajardo, Alonso Salazar y Aníbal Gaviria), es decir, de quienes ejercen como Presidentes de la Junta Directiva de EPM.

 

Confiamos, independientemente de que haya recibido cuantiosos recursos para financiar su campaña por parte de Protección, las fundaciones Celsia y Bancolombia, Cementos Argos, Crystal SAS y Sator SAS (Argos), entre otros, que el Alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga sea consecuente con sus palabras, en el sentido que: EPM es y debe seguir siendo autónoma y 100% pública, pero con mayor responsabilidad social…” (Conversatorio SINPRO, octubre de 2015), aunque su silencio ante acontecimientos como los despidos de trabajadores de UNE y la venta parcial de la parte operativa de la empresa a Huawei parecen decir lo contrario.

 

 

Desde SINPRO seguiremos vigilando, trabajando y aportando para que EPM siga, efectivamente, siendo el ente autónomo que fue soñado por sus fundadores.

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