¿Por qué se quiere privatizar ISAGEN? Esa es la pregunta que hoy la mayoría de los colombianos nos hacemos.

A finales del siglo pasado, hace muy poco en realidad, se recurrió a un pretexto calcado para justificar la privatización de las empresas del sector público, su mal manejo, lo que las hacía presa fácil de la corrupción y la politiquería. En muchos casos los hechos daban la razón a esa justificación, pero en vez de buscar soluciones contundentes para blindarlas de esos males, reformarlas administrativamente, fortalecer su talento humano y hacerlas socialmente rentables y financieramente sostenibles, se optaba por una salida fácil, y porque no planeada, su privatización.

En ese mismo camino pedregoso y también presas de ese mal endémico entraron algunas empresas del sector eléctrico (CHEC, CENS, ESSA, Electrificadora de Cundinamarca y otras más) del que se fueron desprendiendo, bien la nación o sus departamentos. Ahí fueron apareciendo compradores privados y empresa del sector público municipal, caso EPM, que adquirió cuatro de esas electrificadoras regionales. Por fortuna, empresas insignes del sector energético como ISA, ISAGEN y la propia EPM se fueron fortaleciendo y convirtiendo en símbolos de eficiencia, rigor técnico y financiero, con capacidad de realizar cuantiosas transferencias a sus dueños, la Nación o el Municipio de Medellín, dirigidas a la inversión social.

Entonces ¿por qué privatizar a ISAGEN si es una de esas empresas cuya excelencia técnica y principios de gobierno corporativo son destacados ampliamente, pues son garantía de transparencia y óptimos resultados financieros? ¿Acaso todos esos resultados no han sido logrados como empresa del sector público? ¿Acometerán sus dueños privados una gestión social y ambiental significativa con las comunidades de las áreas de influencia de sus proyectos? Somos pesimistas en las respuestas.

¿Por qué se quiere privatizar ISAGEN? Una de las respuestas parece provenir de las experiencias de los últimos 20 años, donde todos los problemas de los países en desarrollo se encontraban con la misma receta elaborada por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que proponían una drástica disciplina fiscal, una reorganización de las propiedades públicas mediante privatizaciones (venta de las empresas públicas y de los monopolios estatales), una mayor apertura a los flujos de capital, nuevas inversiones y, en los casos más graves, una reestructuración de la deuda pública exterior. Este listado denominado “Consenso de Washington”, serviría para valorar por parte los organismos internacionales, la disciplina en materia económica de los países que pedían su ayuda.

En el caso que nos ocupa, la propuesta para la venta de ISAGEN no se hace para financiar el retraso del país en infraestructura vial como lo han argüido los voceros del Gobierno Nacional. Obedece más a una postura ideológica que tiene como marco de actuación los principios del Consenso de Washington. De esa postura los gobiernos colombianos han sido alumnos aplicados, pero eso no ha redundado en el mejorar uno de los principales problemas sociales del país: la desigualdad, tema que está prácticamente excluido del Consenso de Washington. Un dato: Colombia es el cuarto país más desigual del mundo.

A pesar de que la evidencia de los últimos años demuestra buen manejo en empresas como ISA, ISAGEN y EPM, se sigue considerando que la acción empresarial estatal es nociva y que solo la iniciativa, los proyectos y los capitales privados sirven y generan desarrollo y prosperidad, por lo tanto, los bienes públicos se deben vender a los particulares.

El caso de ISAGEN es, como dice el columnista Antonio Caballero: “casi un milagro: pero no hay razón, salvo la codicia a corto plazo que distingue a los neoliberales, para feriar los milagros”.

Esa misma ruta es la que estamos avizorando en EPM, evidenciada en el proceso de fusión de UNE EPM Telecomunicaciones S.A. Por ello debemos insistir en que en la formulación de la Estrategia del programa Grupo EPM Sin Fronteras sea explicita su naturaleza pública y que su Misión en función del interés común sea evidente en su desarrollo en planes de acción y reestructuraciones, para que EPM continúe siendo una institución que procura redistribución de riqueza como estrategia que contribuye a la equidad social.