En los últimos días, por “radio pasillo”, de tan alta sintonía en la actual administración, ha venido tomando fuerza la noticia del inminente cierre del “negocio” de la fusión UNE – Millicom y que, dicho “negocio” sería validado por la Junta Directiva de EPM en su sesión de la próxima semana, precipitando un detrimento patrimonial anunciado y denunciado por miles de voces, y que tarde o temprano deberá recaer en todos y cada uno de los responsables de esta decisión. Esto se da pese a que aún no hay un fallo del Juzgado 28 Administrativo de Medellín frente a la demanda de nulidad del Acuerdo 17 de 2013 instaurada por el Colectivo MedellínNosUne y por SINPRO.

El pasado 12 de septiembre hicimos una nueva petición al Gerente General de EPM para que tomara las medidas necesarias para proteger a UNE como patrimonio público, es decir, la suspensión de las negociaciones con Millicom (Adjuntamos la petición).

Para ello esgrimimos argumentos sólidos, como la ausencia de un proceso de selección pública del aliado, que en este caso no se dio; la poca solvencia y reputación de dicho aliado; la pobrísima argumentación sobre los beneficios de esta fusión por parte de la actual administración y de los concejales que votaron a favor de la misma; la falta de comunicación a la comunidad sobre bondades y riesgos del “negocio”; y la cesión del control de la empresa fusionada, poniendo en riesgo incluso aspectos de seguridad nacional.

De la experiencia pasada en Colombia Móvil con este mismo “socio estratégico”, se nos ha dicho que hubo una capitalización por 1,15 billones de pesos, empero la Contraloría de Bogotá elaboró un informe en el cual denunció la desvalorización del 71% en el valor de las acciones de esa compañía. Y eso no es todo. Se entregó la cesión del control a una empresa con activos de 50 millones de pesos (extractado de los informes financieros de Millicom Spain S.L.) para respaldar una capitalización de 1,15 billones.

Así mismo y como ha sido desnudado, se le otorgó un crédito a Colombia Móvil por más de 360 mil millones de pesos, cuando lo que debió hacerse era la inyección de dineros por parte del nuevo socio capitalista. Como si fuera poco, con el cambio de marca a TIGO, se tiraron a la basura el esfuerzo y una gran cantidad de dineros, públicos invertidos en el posicionamiento de la marca OLA.

En otra acción inentendible y hasta sospechosa, se realizó la venta de las torres de comunicación por una pírrica utilidad sobre sus valores en libros, que no deben ser marco de referencia para negocios como estos. Pero ahí no para la cosa. El pago del préstamo mencionado se hizo con la venta de esas torres.

Todo esto nos lleva a una conclusión: el “negocio” de UNE se va a hacer por 150 millones de dólares que es la cifra pactada como prima de control.

Por todo lo anterior, existe la posibilidad de que no solo el Juzgado 28 Administrativo del Circuito de Medellín, sino las otras instancias judiciales a las que han llegado las demandas de las otras organizaciones sindicales, las veedurías y algunos ciudadanos, se pronuncien en contra de la validez del acuerdo 17 de 2013, mediante sentencias que implicarían deshacer los negocios que se hayan celebrado con base en él, generando un perjuicio mucho mayor para la ciudad.

Esta y las anteriores peticiones al respecto no han sido atendidas por el Gerente General de EPM. Esperamos ahora que la Junta Directiva, en un acto de sensatez y de responsabilidad con la ciudadanía, con el propio Grupo EPM y con los trabajadores, hagan un alto en el camino y aprueben suspender las negociaciones hasta que la justicia se pronuncie. Y estamos seguros de que no está muy lejos de hacerlo.