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Desde SINPRO y diferentes sectores hemos advertido de forma permanente los riesgos a que ha sido sometido el proyecto Hidroituango por parte de las actuales administraciones de Medellín y EPM; riesgos para su continuidad y con ello, para la seguridad energética nacional, la de las comunidades aguas abajo y para la sostenibilidad de EPM, la segunda empresa que más aporta a la Nación y que entrega billonarios recursos a cerca de 100 municipios del país.
Hemos alertado sobre los costos que podría generar la no entrada en operación del proyecto el 30 de noviembre, de alrededor de 1.200 millones de dólares -unos 6,4 billones de pesos a hoy, por incumplimiento de compromisos de subastas anteriores, en pérdidas por concepto de asignación de energía en firme y por la ejecución de garantías de entrada en operación y de conexión, entre otros.
Más allá de la desinformación frente a la fecha de entrada en operación de las primeras dos unidades, debemos reiterar las alertas sobre el futuro del proyecto y la estrategia -advertida por SINPRO en 2020-, de entregar las obras finales a una empresa china, en este caso Yellow River. Su última decisión los delata y deja en evidencia.
No obstante que el consorcio CCC Ituango entrega al 100 por ciento las obras civiles de las unidades 1 y 2 y deja adelantada gran parte de las unidades 3 y 4, estas últimas se adjudicaron a Schrader Camargo S.A.S., firma que precisamente se asoció con Yellow River en la licitación de las obras finales, proceso que se cierra este viernes.
Estas decisiones dejan varios interrogantes que ni el gerente ni la junta directiva de EPM, con su presidente a la cabeza, han despejado, pero que reafirman su responsabilidad con lo que en adelante suceda con el proyecto.
- En rueda de prensa del 26 de octubre, el gerente de EPM esgrimió un asunto de “imposibilidad jurídica" para que el consorcio continuara con las obras “porque desde el punto de vista contractual el objeto del contrato sólo contemplaba la ejecución de la etapa 1 del proyecto”. Con base en eso: ¿Cómo se explica que todos los túneles de conducción y descarga, adecuación de la casa de máquinas, vaciado de concretos primarios y almenaras de la segunda etapa estaban construidas al momento de la contingencia de 2018? ¿Cuál es la “imposibilidad jurídica” para que continuara con las obras del proyecto más allá de las obras civiles para las unidades 1 y 2?
- ¿Cómo demuestra EPM la conveniencia económica o de rentabilidad para la empresa del cambio de contratista?
- ¿Mediante qué proceso definió a Schrader Camargo S.A.S. como contratista para la culminación de las obras para las unidades 3 y 4.
- Si las pruebas con XM para la entrada en operación comercial del proyecto se demoran unos 30 días ¿Ya se definió un cronograma de pruebas con XM para que las unidades 1 y 2 entren a operar comercialmente en la nueva fecha que se defina? ¿Existe un cronograma real para la puesta en operación del proyecto?
- Teniendo en cuenta que los equipos especializados, herramientas y campamentos son propiedad del contratista actual: ¿Se ha llegado a algún acuerdo con éste para la venta o alquiler de estos elementos y qué planes tiene EPM en caso tal que no se llegue a un acuerdo? ¿Se ha definido algún proceso de empalme entre los contratistas? En caso afirmativo ¿Cómo será la logística de ese empalme para lo que resta de las obras civiles de las unidades 3 y 4, y las obras de la segunda etapa?
- Sabiendo que la segunda etapa se requería continuar ¿por qué EPM no ordenó al consorcio CCC Ituango adelantar trabajos de remoción de escombros y habilitación de la casa de máquinas de la segunda etapa?, situación que habría permitido que la segunda etapa no tuviera más retrasos.
- ¿Cómo han repercutido sus acciones, decisiones y declaraciones erráticas frente al proyecto en la situación financiera, en la reputación y en la gobernabilidad de EPM?
En los representantes de las actuales administraciones de Medellín y EPM, incluida su junta directiva, deberán recaer las responsabilidades fiscales y de todo tipo que se generen como consecuencia de nuevos retrasos y costos derivados de sus decisiones frente a Hidroituango, dado que, con sus improvisaciones y comunicación confusa frente a la operación del proyecto, siguen generando incertidumbre en relación con su puesta en marcha.
Hacemos un nuevo llamado a las Contralorías General de Medellín y de la República y a las Procuradurías regional y General de la Nación, para que ejerzan con responsabilidad la labor que les corresponde, puesto que EPM, Medellín y la seguridad energética del país se siguen poniendo en riesgo por decisiones basadas en animadversiones e intereses políticos y particulares, pero alejadas de rigores técnicos, financieros, jurídicos y sociales.
SINPRO
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