“La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) le imputa a EPM una responsabilidad que no le compete, pues el crecimiento del censo y los problemas de orden público e ilegalidad son fruto de la ausencia del Gobierno y del Estado”.

Así lo manifiesta el Sindicato de Profesionales de EPM y UNE (SINPRO), en comunicación enviada al gerente general de Empresas Públicas de Medellín, Juan Esteban Calle Restrepo, en la que respalda a la empresa de servicios públicos en los argumentos esgrimidos para la suspensión del proyecto hidroeléctrico Porce IV.

“Para cualquier institución legal de carácter público o privado y con un mínimo conocimiento de la realidad social, y específicamente de las irrefutables razones de fuerza mayor esgrimidas y sustentadas ampliamente por EPM, no se puede entender la decisión adoptada por la Creg, de hacer efectiva la garantía por la no entrada en operación de dicho proyecto en 2015”, manifestó la organización sindical, en cabeza de su presidente, Hugo León Franco Fernández.

Para SINPRO, la decisión de la Creg sienta un mal precedente, pues incentiva la ocurrencia de hechos similares en proyectos de esta magnitud, como es el caso actual de Hidroituango, El Quimbo e Hidrosogamoso, entre otros.

Copia de la comunicación al Gerente General de EPM fue enviada al Ministro de Minas y Energía, Mauricio Cárdenas Santamaría; al Director de la Creg, Javier Díaz Velasco; al Alcalde de Medellín, Anibal Gaviria Correa y al Gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo Valderrama.

Texto completo de la comunicación:
Doctor Juan Esteban Calle Restrepo, Gerente General de EPM
Para cualquier institución legal de carácter público o privado y con un mínimo conocimiento de la realidad social, y específicamente de las irrefutables razones de fuerza mayor esgrimidas y sustentadas ampliamente por EPM para la suspensión del proyecto hidroeléctrico Porce IV, no se puede entender la decisión adoptada por la Creg, de hacer efectiva la garantía por la no entrada en operación de dicho proyecto en 2015.

Creemos; basados no sólo en el amplio conocimiento de dicha problemática sino también en los avances de un estudio de carácter sociopolítico que adelanta SINPRO con el fin de presentar alertas tempranas para evitar que se incentive la ocurrencia de hechos similares en futuros proyectos de esta magnitud, entre ellos Hidroituango; que la Creg desconoce la integralidad de lo que sucede alrededor de Porce IV, y le imputa a EPM una responsabilidad que no le compete, pues el crecimiento del censo y los problemas de orden público e ilegalidad son fruto de la ausencia del Gobierno y del Estado.

Es deber del Estado garantizar la remuneración de la inversión en servicios públicos, por parte de empresas de capital público o privado. Por eso, se hace más inentendible la decisión de la Creg, que vulnera este derecho.

Por ello y por las razones ampliamente argumentadas, no sólo por EPM sino por los medios de comunicación y otras organizaciones, queremos manifestar el apoyo irrestricto por parte de SINPRO a EPM, en las acciones legales que se adelanten para evitar esta injusta sanción, pues de corroborarse por parte de la Creg, se sienta un precedente de grandes magnitudes para el desarrollo de otros proyectos de gran beneficio social y económico para las regiones, para Antioquia y para el país.
Junta Directiva SINPRO