Tras declararse desierto por parte de EPM el proceso de licitación para las obras finales del proyecto Hidroituango, desde SINPRO resaltamos que, por fin, un organismo de control -en este caso la Procuraduría General de la Nación- esté haciendo seguimiento y control preventivo a dicha proceso.

Pedimos a la Procuraduría persevere en esa vigilancia, con el fin de impedir contratos dirigidos y prevenir acciones que puedan generar retrasos adicionales a los ya existentes, tanto para la puesta en funcionamiento de las unidades 3 y 4 -entregadas a Schrader Camargo con criterios y procesos poco claros-, como los de las obras de la segunda etapa, para garantizar transparencia y minimizar los riesgos que se derivan de dichos retrasos.

Riesgos para la sostenibilidad del proyecto y EPM si no entran en operación las unidades 3 y 4 en la fecha estipulada; riesgos para la seguridad energética nacional ante la probabilidad de un apagón y un consecuente aumento de tarifas de energía en todo el país; riesgos para la estabilidad de algunas estructuras y del vertedero; y riesgos para la entrega de los billonarios recursos de EPM a la Nación, Medellín y a más de 50 municipios y corporaciones autónomas regionales.

Si bien hasta ahora no han podido entregar el contrato a empresas chinas -pretensión advertida por SINPRO desde 2020-, es necesario ahora concentrar esfuerzos en terminar el proyecto de forma oportuna y con rigurosidad técnica, jurídica, financiera social y ambiental.

Llamamos, de igual forma, a todos los actores sociales a no hacer juego a las actuales administraciones de Medellín y EPM, que parecen apostar por la NO culminación del proyecto.

Así mismo, reiteramos que las responsabilidades fiscales y de todo tipo que se generen por nuevos retrasos y los costos producto de sus improvisaciones, omisiones y actuaciones erráticas en detrimento del patrimonio de EPM y la ciudad, deberán recaer en dichas administraciones, incluida su actual junta directiva.

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