Entre 2020 y 2023, EPM estuvo en medio de decisiones y escándalos que deterioraron su imagen y pusieron en riesgo sus finanzas, su sostenibilidad y la de una ciudad como Medellín y la de decenas de municipios que se benefician de los recursos que les transfiere.
En ese período se vivió inestabilidad, desconfianza y una gran pérdida de su rigurosidad jurídica, financiera, administrativa y técnica que, sin embargo, no logró desenfocar a la mayor parte de su talento humano en sacar adelante el proyecto Hidroituango y seguir prestando sus servicios con cobertura, calidad y eficiencia. Ahora EPM vuelve a mirar el presente y el futuro con cierto respiro, recuperando su esencia y fortaleciendo su vínculo con los ciudadanos, factor que la llevó a ser la mejor empresa del siglo XX en Colombia.
La preocupación por la crisis de EPM se contuvo al iniciar una nueva era para la empresa, pero ahora se traslada a Interconexión Eléctrica S.A., ISA, creada en 1967 para interconectar los sistemas eléctricos del país. Con los años ha crecido como un sólido grupo empresarial dentro y fuera de Colombia, generando admiración por su eficiencia y destacada gestión.
Cambios que la pusieron a sudar petróleo
La Ley 143 de 1994 trajo cambios que repercutieron en ISA, que escindió su negocio de generación de energía, dando origen en 1995 a Isagen. En 1999 se creó XM, para encargarse de la operación de los recursos del Sistema Interconectado Nacional y de la administración del Mercado de Energía Mayorista. Con el tiempo, optimizó su modelo de negocio para fortalecer su presencia en el transporte de energía eléctrica y expandió sus operaciones en la construcción de vías y redes de telecomunicaciones.
Con la puesta en venta de acciones, ISA no solo es parte del Grupo Ecopetrol (accionista mayoritario con el 51,4%) sino que pasó de ser una empresa 100% pública a tener inversionistas de los sectores privado y público, entre ellos EPM, con el 8,8% de las acciones y un puesto en su Junta Directiva. Lamentablemente, el poder que ejerce el Gobierno Nacional a través de Ecopetrol hizo que la actual junta directiva de ISA eligiera presidente de la compañía a Jorge Andrés Carrillo Cardoso, quien estuvo al frente de EPM, como gerente general, durante tres de los cuatro años más oscuros de la historia administrativa de la llamada “joya de la corona de Medellín”.
Eso derivó en demandas contra su nombramiento y la renuncia del representante de EPM en la Junta de ISA, Carlos Raúl Yepes, una situación similar a la ocurrida en 2020, cuando la entonces administración de Medellín, con las inconsultas decisiones de modificar el objeto social de EPM y demandar a los contratistas de Hidroituango, resquebrajó el gobierno corporativo de la empresa, poniendo en riesgo el proyecto y a la empresa.
A Carrillo se le ha cuestionado por considerar que su experiencia profesional no era suficiente para liderar EPM y, mucho menos, ISA. En los últimos días, el Consejo de Estado admitió una demanda contra su nombramiento, lo que podría impactar las próximas calificaciones de riesgo, lo que se podría traducir en un golpe a la reputación de ISA y sus finanzas, como ocurrió con EPM.
El sector eléctrico es crucial para el desarrollo del país, ya que sustenta prácticamente todas las actividades económicas y sociales. Por ello, debería estar protegido de los intereses políticos que puedan comprometer su estabilidad. En este sentido, el control ciudadano, a través de denuncias y un seguimiento riguroso de la gestión empresarial, puede actuar como un freno para evitar la pérdida de grandes compañías como ISA.
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