A escasos días de entregar el poder, el Gobierno Nacional anterior decidió finalmente reconocer una palabra que el sector eléctrico le repitió en vano durante todo el cuatrienio: confiabilidad. Las resoluciones expedidas a última hora por el Ministerio de Minas y Energía buscan afanosamente coordinar la planeación y destrabar obras atrasadas. Su contenido atiende problemas reales, pero su aparición al cierre del mandato deja al descubierto una negligencia inexcusable: el gobierno de Gustavo Petro prefirió el discurso a la ejecución, y necesitó cuatro años para entender cómo funciona la seguridad energética del país.
Durante este periodo, la transición energética no se manejó de forma técnica, sino como el máximo emblema de la propaganda oficial. El Palacio de Nariño se conformó con el aplauso internacional por inaugurar parques solares y eólicos, pero ignoró la ingeniería detrás de ellos. La crisis actual nace de esa desconexión: el Gobierno forzó la entrada de una nueva capacidad de generación limpia sin construir las redes para transportarla, y lo peor, sin asegurar la energía firme necesaria para respaldar al país cuando el sol o el viento falten.
“No estamos ante una alarma infundada; estamos viviendo la pérdida gradual de la holgura energética que Colombia tardó décadas en construir. El gobierno de Petro consumió el colchón de seguridad que durante años nos protegió…”
La gestión de la transición fue un fracaso de ejecución. Las proyecciones de entrada de nuevos proyectos se derrumbaron sistemáticamente, dejando al sector eléctrico con una preocupante reducción en su capacidad efectiva neta. No estamos ante una alarma infundada; estamos viviendo la pérdida gradual de la holgura energética que Colombia tardó décadas en construir. El gobierno de Petro consumió el colchón de seguridad que durante años nos protegió de los apagones, las fallas técnicas y las crisis climáticas.
Mientras la capacidad de respuesta del sistema se debilitaba, la demanda de los hogares y las industrias siguió rompiendo récords. El Ministerio fue incapaz de destrabar las consultas previas, las licencias ambientales y los conflictos sociales que mantienen frenados los proyectos de expansión. Al no entrar las nuevas plantas en las fechas previstas, el país ha tenido que sobrecargar una infraestructura vieja y fatigada que ya muestra señales claras de agotamiento en múltiples regiones.
El cuello de botella más grave se concentra en las redes de transmisión, un sector asfixiado por la falta de liderazgo gubernamental. Hoy en día, el país sufre cortes y limitaciones debido a las restricciones de una red que se quedó pequeña. Una planta de energía puede verse muy bien en las estadísticas del Gobierno, pero no sirve de nada si la electricidad no puede viajar hacia las ciudades. La transición exigía una gerencia técnica y una expansión de redes coherente, dos virtudes ausentes en este cuatrienio.
La vulnerabilidad se agrava ante la inminencia de nuevos fenómenos climáticos extremos. Aunque los embalses muestren niveles de tranquilidad momentánea, el Gobierno confundió una fotografía coyuntural con una política de Estado. La verdadera confiabilidad de un mandatario se demuestra gobernando para las crisis, anticipándose a las sequías prolongadas y al aumento del consumo, en lugar de improvisar cuando el agua empieza a escasear.
Incluso la reciente subasta de Obligaciones de Energía Firme expone el vacío que deja esta administración. Los proyectos asignados comenzarán a respaldar al sistema en 2029, lo que evidencia que las decisiones correctas se tomaron alarmantemente tarde. Durante los próximos años, Colombia caminará por la cuerda floja, dependiendo exclusivamente de las centrales antiguas y de una red de transmisión insuficiente para el ritmo de crecimiento del país.
El gran error de Gustavo Petro fue politizar el sector eléctrico. El debate oficial se desperdició en ataques ideológicos contra las tarifas y en una confrontación hostil y permanente del presidente hacia las empresas generadoras. Esa pelea política consumió un tiempo institucional valioso mientras la infraestructura real se caía a pedazos. Las resoluciones de última hora son la confesión de un fracaso: el Gobierno admite, tarde y mal, que la transición energética no era un asunto de discursos ni de contar paneles solares instalados, sino de garantizar redes, respaldo y estabilidad jurídica.
Petro entrega un país energéticamente vulnerable, con un margen operativo peligrosamente estrecho y un sistema regulatorio debilitado por la incertidumbre. El próximo gobierno recibirá la pesada carga de traducir decretos tardíos en obras urgentes para evitar un racionamiento inminente. La deuda concreta de este cuatrienio es imperdonable: haber acelerado una transición nominal en el papel, dejando al país expuesto a la factura de un apagón real.
