El Fenómeno de El Niño vuelve a despertar preocupación. Cada vez que se aproxima, el país revive la conversación sobre la posibilidad de racionamientos y la vulnerabilidad de nuestro sistema eléctrico. Esta vez, sin embargo, la alerta es mayor. Los pronósticos indican una alta probabilidad de un episodio fuerte o muy fuerte entre septiembre de 2026 y febrero de 2027, justo cuando el estrechamiento entre la oferta y la demanda de energía pondrá a prueba la capacidad de respuesta del sistema.
Durante esta coyuntura no debe preocuparnos únicamente la generación de energía. También resulta crítica la infraestructura que permite transportarla. El retraso en la entrada de nuevas redes de transmisión, la falta de redundancia y el envejecimiento de parte de los activos coinciden con una temporada en la que aumentan eventos como incendios forestales, capaces de provocar salidas de operación y afectar la continuidad del servicio.
En el corto plazo, algunos escenarios de racionamiento ya no pueden descartarse. El fantasma del apagón, que durante años ha rondado las conversaciones del sector, vuelve a cobrar vigencia. Aun así, todavía es posible mitigar parte de sus efectos mediante programas voluntarios de gestión de la demanda, incentivos al consumo eficiente y la aceleración de los proyectos de generación que hoy se encuentran en sus fases finales de construcción y conexión al Sistema Interconectado Nacional.
Paradójicamente, una de las mayores fortalezas del sistema eléctrico colombiano también explica buena parte de su vulnerabilidad. Cerca del 70 % de la electricidad proviene de fuentes hidroeléctricas. Esta condición ha permitido construir una de las matrices eléctricas más limpias del mundo, pero también nos hace especialmente sensibles a los períodos prolongados de sequía. La mejor gestión de una crisis energética no consiste únicamente en administrar bien los activos existentes, sino en reducir la probabilidad de que la próxima crisis vuelva a ocurrir.
En el caso colombiano no se trata de reemplazar unas tecnologías por otras, sino de construir un sistema más diversificado y resiliente. Por eso, más que hablar exclusivamente de transición energética, debemos pensar en la complementariedad de fuentes menos expuestas a la variabilidad climática, como la energía solar con baterías, cuya generación resulta contracíclica frente a la escasez de agua característica de los episodios de El Niño.
“Empresas como EPM pueden liderar este proceso mediante programas avanzados de respuesta de la demanda, donde miles de usuarios ajusten voluntariamente su consumo durante momentos críticos”
Prepararnos para los próximos fenómenos de El Niño exigirá invertir no solo en nueva generación, sino también en la adaptación de infraestructura crítica al cambio climático. Será indispensable modernizar los activos de transmisión y distribución, fortalecer los incentivos regulatorios para su mantenimiento y avanzar hacia esquemas de remuneración que privilegien la confiabilidad del sistema, especialmente en el Sistema de Transmisión Nacional.
La medición inteligente también puede desempeñar un papel decisivo. Colombia mantiene un rezago importante en la adopción masiva de estas tecnologías. Empresas como EPM pueden liderar este proceso mediante programas avanzados de respuesta de la demanda, donde miles de usuarios ajusten voluntariamente su consumo durante momentos críticos. Cada megavatio que deja de consumirse en el instante adecuado puede resultar tan valioso como uno nuevo que entra en operación.
Pero la discusión de fondo va mucho más allá de la coyuntura. En una economía cada vez más electrificada y digital, la energía se convierte en una condición del desarrollo mismo. La competitividad del país depende de nuestra capacidad para ofrecer energía abundante, confiable y sostenible. La mejor política energética consiste en garantizar esa abundancia. Ninguna regulación tarifaria puede sustituir los beneficios de un sistema con suficiente capacidad de generación y transmisión. La estabilidad de las tarifas, la seguridad del suministro y la competitividad dependen, en última instancia, de movilizar inversión hacia nueva infraestructura energética.
Sin embargo, Colombia enfrenta una competencia que pocas veces tenemos en cuenta. Un transformador, una turbina, un cable submarino o un gran reactor no se fabrican pensando en nuestro mercado. Compiten por la misma capacidad industrial que abastece a economías como Estados Unidos, India o China, países que hoy anuncian inversiones por cientos de miles de millones. Mientras ellos aceleran proyectos estratégicos, nosotros pretendemos atraer ese mismo capital ofreciendo incertidumbre regulatoria, largos tiempos de licenciamiento y procesos de concertación que pueden extenderse durante años. Cada mes que perdemos en trámites es un mes en el que la fábrica y el capital global se comprometen con otro destino.
En nuestro imaginario ha hecho carrera la idea de que el kilovatio más costoso es el que no se tiene. Y, en esencia, es cierto. También lo es que existe un costo ambiental, económico y social enorme por no construir infraestructura eléctrica. Cuando el desarrollo de redes y plantas de generación se retrasa, aumentan la vulnerabilidad frente al cambio climático, las emisiones, las restricciones al crecimiento económico y la exposición a crisis como la que hoy enfrentamos.
Intervenir esta situación no significa desconocer los derechos de las comunidades. La consulta previa constituye un avance democrático que debemos proteger. Sin embargo, no debería convertirse en el escenario donde se negocian todas las deudas históricas del Estado con un territorio. Cuando ello ocurre, el proyecto termina asumiendo responsabilidades que exceden su objeto y frena el desarrollo de infraestructura que, en últimas, nos beneficia a todos.
Pero el problema tampoco está únicamente afuera. Los proyectos energéticos no existen en abstracto. Se desarrollan en territorios que, en muchos casos, presentan profundas brechas sociales. Si el aprovechamiento de sus recursos naturales no se traduce en prosperidad para quienes habitan esos lugares, la licencia social difícilmente será sostenible y terminará reproduciendo una lógica extractiva. Más que un mecanismo de compensación, la relación entre proyectos y comunidades debería convertirse en un modelo de creación de valor compartido.
En este punto, Antioquia ofrece una experiencia valiosa. Gracias al carácter público y mixto de buena parte de sus activos eléctricos, una porción significativa de la riqueza generada por la infraestructura energética retorna a la sociedad mediante inversión pública y desarrollo regional. Sin ser un modelo perfecto, demuestra que es posible traducir la renta derivada del aprovechamiento de los recursos naturales en bienestar colectivo.
Tal vez la discusión ya no consista únicamente en acelerar la construcción de nuevas plantas o líneas de transmisión. El verdadero desafío es construir institucionalidad e incentivos capaces de movilizar masivamente capital hacia infraestructura estratégica, desarrollar proyectos con mayor agilidad y distribuir de manera más equitativa los beneficios que estos generan. El Fenómeno de El Niño pasará, como siempre ha pasado. Lo que no debería repetirse es que cada episodio nos encuentre discutiendo los mismos retrasos, las mismas barreras y decisiones aplazadas. La verdadera prueba no será superar este episodio, sino demostrar que aprendimos lo suficiente para que el siguiente encuentre a Colombia con un sistema energético más diversificado, resiliente y competitivo. En eso, empresas como EPM tienen mucho que aportar.
