Ante el panorama en el que se ha puesto a EPM cursa una acción popular interpuesta por SINPRO por la vulneración de derechos e intereses colectivos de los ciudadanos.
La institucionalidad, situación financiera y reputación de EPM han sido puestas en riesgo como nunca en 66 años, por las acciones y decisiones irresponsables en cabeza de quien ve a EPM como un juguete para satisfacer su egocentrismo y megalomanía, olvidando que la “dignidad” que debería ostentar lo obliga a salvaguardar el patrimonio público y los intereses de los ciudadanos de Medellín, verdaderos dueños de la empresa.
Desde el inicio del período de la actual administración municipal, EPM ha sido sometida a una serie de acciones en las que el alcalde de Medellín ha ejercido un rol de dominación sobre la Junta Directiva de la empresa, imponiendo decisiones burocráticas, clientelistas y con alta carga de politiquería y populismo, con la venia de la actual junta, poniendo en alto riesgo, entre otros, el proyecto Hidroituango, y con ello, la sostenibilidad del Grupo EPM y los recursos que le aporta a Medellín, a Antioquia y al país.
Las consecuencias son grandes. Basta observar el daño reputacional ante la vulneración permanente del código de gobierno corporativo y la inestabilidad generada por los escándalos alrededor de los gerentes nombrados por el alcalde -una vergüenza-, y la preocupación por posibles efectos: sobrecostos y mayores retrasos en el proyecto Hidroituango, multas, riesgos para la seguridad energética del país, demora en los pagos de las aseguradoras y baja en las calificaciones de riesgo, lo que se podría traducir en la solicitud de los acreedores de EPM para que les pague anticipadamente las obligaciones de largo plazo, hoy cerca de 22 billones de pesos.
“Basta observar el daño reputacional ante la vulneración permanente del código de gobierno corporativo y la inestabilidad generada por los escándalos alrededor de los gerentes nombrados por el alcalde…”
A este se sumó un nuevo riesgo, el embargo de la Contraloría General de la Nación a las cuentas de Integral, que posiblemente extienda a los demás contratistas del proyecto Hidroituango, lo que podría derivar, como ya lo hemos advertido desde el año pasado, en la culminación anticipada de la relación con los contratistas (Adenda AMB 39 de 2020), paralizando las obras y sería la excusa para aducir fuerza mayor o urgencia manifiesta.
Ante el panorama en el que se ha puesto a EPM, cursa en el Juzgado 35 Administrativo de Medellín una acción popular interpuesta por SINPRO contra el Municipio de Medellín en cabeza de su representante legal, por la vulneración y la puesta en riego de derechos e intereses colectivos estipulados en el artículo 4 de la ley 472 de 1998, como son la defensa del patrimonio público, el acceso a los servicios públicos y a su prestación eficiente y oportuna, y la moralidad administrativa.
Las pretensiones de esta acción popular son claras. En primer lugar, que se declare el incumplimiento al gobierno corporativo de EPM por parte del alcalde de Medellín como representante legal del Municipio; de igual forma, que se declare que sus actuaciones condujeron al aumento del costo de las obligaciones financieras de EPM, poniendo en peligro la estabilidad de la empresa; y, finalmente, que se condene al alcalde a restituir los mayores valores del costo financiero que ha tenido que reconocer EPM en sus obligaciones ante el mercado financiero.
Con esta acción popular de parte de SINPRO y otras que adelantan algunos ciudadanos se busca ponerle “tatequieto” a quienes juegan con EPM con sus actuaciones omnímodas frente a la empresa, a la Fundación EPM y a diferentes instituciones de la ciudad como la propia.
“Con esta acción popular de parte de SINPRO y otras que adelantan otros ciudadanos se busca ponerle “tatequieto” a quienes juegan con EPM”.
Solo hay que dar un vistazo a lo que representa la empresa para no dudar en defenderla. El Grupo EPM genera más de 60.000 empleos directos e indirectos; la cobertura general con promedio del 95% en servicios de energía, acueducto, alcantarillado, gas y aseo; los aportes realizados en los últimos cinco años a Medellín por $6,4 billones en transferencias para inversión social; la entrega en 2020 en transferencias del sector eléctrico por $85.500 millones a 52 municipios y tres corporaciones autónomas regionales de Antioquia; y el aporte por más de $5 billones a la Nación vía impuestos.
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