Levantar resolución de la ANLA es la prioridad

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Las nuevas proyecciones indican que en el año 2021 Hidroituango comenzará a generar parte de los 2.400 megavatios que entregará una vez culminado el Proyecto, al que, en la última subasta realizada por el Gobierno Nacional para suministrar energía a partir del 2022, le fueron asignados 3,1 gigas, que corresponde el 1,8% del total.

Además de la contingencia, que retrasó en al menos tres años la entrada en operación de la central hidroeléctrica, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) emitió, el 1° de junio de 2018, la Resolución 820, ordenando la suspensión de todas las actividades regulares de la obra, lo que supone un gran desafío en el nuevo cronograma del proyecto.

La medida de la ANLA se tomó para prevenir posibles impactos ambientales no previstos por las modificaciones constructivas de obras como presa, casa de máquinas y vertedero; e impuso algunas obligaciones, fundamentalmente relacionadas con la preservación de la vida humana, y otras enfocadas en conocer las causas de la contingencia y las posibles afectaciones a la obra, al río, al macizo y a la población.

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EPM, como empresa encargada de la construcción del proyecto, no solo priorizó la preservación de la vida humana desde que se inició la contingencia, sino que, de acuerdo con todas las fuentes consultadas, ha venido dando estricto cumplimiento a lo solicitado en la Resolución 820, implementando diferentes actividades técnicas, ambientales y sociales, informadas oportunamente a la ANLA, sin que hasta la fecha se haya recibido un pronunciamiento por parte de esta autoridad ambiental.

Es clave, como parte de las solicitudes, los resultados que entregue la firma internacional Pöyry, contratada para realizar el trabajo de peritaje de las condiciones de estabilidad actuales y futuras de la obra y entregar los resultados directamente a la ANLA.

Se hace prioritario, que todos los actores involucrados -EPM, la sociedad Hidroituango, el Municipio de Medellín, la Gobernación de Antioquia, las administraciones municipales y comunidades de las áreas de influencia del proyecto, los ciudadanos y el propio Gobierno Nacional-, aboguemos para que la ANLA levante lo más pronto posible la Resolución 820 de 2018, por lo que representa Hidroituango para el desarrollo y el futuro del país.