La deuda personal que Luis Pérez no podrá cobrarle a EPM

 La férrea defensa de los servidores de la empresa para impedir que la politiquería acabara con una historia de 45 años, al parecer no ha sido superada por el actual Gobernador de Antioquia.

 

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La contingencia de Hidroituango le cayó de perlas al Gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, para desfogar toda su animadversión contra EPM, a la que quiso convertir en su caja menor (y mayor) y en fortín burocrático y politiquero cuando fue Alcalde de Medellín entre 2001 y 2003. Ese cometido no pudo lograrlo, en gran medida, gracias a los servidores que le hicieron frente para defender lo construido en más de cuatro décadas.

Con ese deseo manifestado por Pérez Gutiérrez, de querer “gerenciar” a EPM, más allá de su papel como Presidente de la Junta Directiva, no solo se ponía en riesgo la autonomía de la empresa sino sus recursos y el cumplimiento de su objeto social. De haberse permitido, su injerencia directa en las decisiones estratégicas y técnicas de la empresa, hubiese dado paso inmediato al ingreso de la politiquería a EPM.

 

 “De haberse permitido, su injerencia directa en las decisiones estratégicas y técnicas de la empresa, hubiese dado paso inmediato al ingreso de la politiquería a EPM”.

 Esa pretensión dio lugar a un enfrentamiento con gran parte de los servidores de la empresa, que no se prestaron para hacer daño a EPM; fue durante su administración cuando nació el Sindicato de Profesionales, hoy SINPRO, para defender los derechos de los trabajadores, aportar a la sostenibilidad empresarial y defender el patrimonio público.

Con la desfachatez y la falta de argumentos que han caracterizado las actuaciones del señor Luis Pérez, y a pesar de su abierta manifestación de incidencia, no dudó en indicar en esa época que si se presentaba una mala elección de personal o un acto de corrupción la responsabilidad era de los funcionarios de EPM y no del Alcalde o su equipo cercano; meses después varios escándalos protagonizados por su gente de confianza afectaron la reputación de EPM, como los casos de la pretendida compra de 200.000 computadores y el tal vez más mediático de los episodios, el de la famosa vajilla de los $100 millones.

No es de extrañar entonces que el hoy Gobernador de Antioquia, con oportunismo político y revanchista, y con el dolor de no haber obtenido recursos adelantados de Hidroituango, haya aprovechado la contingencia del proyecto para enfilar todas sus baterías y parte de los recursos públicos para atacar a EPM, la que había visto como su gallina de los huevos de oro.

Cuentas alegres

Antes de la contingencia del proyecto hidroeléctrico, el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA), propietario del 52% de la sociedad Hidroituango, y con la seguridad de que éste comenzaría a generar energía en noviembre de 2018, como estaba previsto en el cronograma inicial, propuso que se hicieran avances de las ganancias futuras por un valor cercano a $1,2 billones, con el fin de que la Gobernación pudiera dejar financiada la primera fase de la construcción del Ferrocarril de Antioquia, la que sería su gran obra de gobierno.

Lo sucedido con el proyecto y el cambio de posibles fechas de inicio de la operación del proyecto hidroeléctrico, desbarataron las ilusiones del Gobernador, desatando nuevamente su ira contra EPM y dando con ello inicio a una campaña mediática de desprestigio, acusando a la empresa de su responsabilidad en fallas constructivas y de contratación. Al parecer, al Gobernador se le olvida, cuando le conviene, que él es el Presidente de la Junta Directiva de la Sociedad Hidroituango.

Se le abrieron los ojos

En 2018, a pesar de la contingencia de Hidroituango, las utilidades de EPM ascendieron a $2,4 billones, de los cuales $1,3 billones van al Municipio de Medellín vía transferencia de excedentes. Viendo esas cifras, Pérez Gutiérrez vio otra oportunidad para hacerse a recursos de EPM, con la imposición y cobro de supuestas multas por lucro cesante ante las demoras en la construcción y en la entrada en operación del proyecto hidroeléctrico Ituango, fijando un monto diario de $250 millones. Sus cálculos sugieren que se deben cobrar dos multas: una a partir del 28 de julio de 2018, cuando debía estar listo el embalse, y otra a partir de 28 de noviembre de 2018, cuando la central debía estar operando las primeras unidades de generación; como nadie le hizo caso, anunció luego que embargaría las cuentas de EPM.

Aunque no ha logrado que hasta ahora se haga ningún pago, el Gobernador ha seguido firme en su otro propósito, el de empañar la imagen de una de las empresas más queridas por los antioqueños.

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