Seguir protegiendo el patrimonio público y a los trabajadores, es la prioridad

Categoría: Noticias
Creado: Lunes, 10, Septiembre 2018 15:24
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10 de septiembre de 2018

En el Concejo de Medellín continúa el proceso de socialización del Proyecto de Acuerdo 150 que busca autorizar a EPM para enajenar algunas participaciones accionarias, entre ellas sus acciones en ISA. Por una interpretación jurídica de la empresa sobre la Ley 226 de 1995, el Proyecto no incluye las inversiones en el exterior, la cual es objeto de discusión en el cabildo municipal.

Preocupa a SINPRO, de manera especial, que tanto los alcaldes de Medellín como los concejales de la ciudad le hayan otorgado tantas licencias a las Juntas Directivas y a las anteriores administraciones de EPM para ir entregando de a poco el patrimonio público de los medellinenses.

 

El propósito señalado por la empresa para adelantar la gestión del Proyecto de Acuerdo en el Concejo y otras decisiones que se vienen tomando, es obtener recursos para atender los requerimientos financieros derivados de la coyuntura del Proyecto Hidroituango.

Por todo lo conocido, tras la contingencia, es evidente que estamos en un momento histórico para el presente y futuro de la empresa, por lo que cualquier decisión del Concejo y de la Administración de EPM, tiene que hacerse con total responsabilidad y absoluta transparencia, pues están en juego su sostenibilidad y una muy buena parte del desarrollo de Medellín, de Antioquia y de Colombia.

Hoy más que nunca, como organización sindical responsable, nuestra posición frente a las situaciones estructurales y coyunturales que afectan a EPM, está sustentada en los tres principios fundamentales de SINPRO: sostenibilidad y viabilidad de la empresa, defensa del patrimonio público y defensa de la estabilidad de los trabajadores.

Dejamos constancia de que apoyamos todas las investigaciones que permitan conocer las causas que nos condujeron a la actual situación financiera de EPM, que no es atribuible exclusivamente a la contingencia; así como las que permitan conocer los responsables de lo sucedido con el Proyecto, que no solo deben buscarse en EPM, puesto que todas las decisiones que se han tomado frente al mismo se hicieron al más alto nivel.

El Concejo de Medellín, en estos momentos, debe basar cualquier decisión que tome con respecto a EPM, teniendo como principal fundamento de acción el rigor técnico, el rigor jurídico y el rigor financiero que caracteriza a la empresa. Esto debe primar sobre cualquier decisión, especialmente en el campo financiero.

Ahora, si bien somos conscientes de la necesidad inmediata de EPM para obtener liquidez, creemos que la ruta debe iniciarse con la desinversión en el exterior en los negocios que no son rentables o que han generado pérdidas para EPM, como Aguas de Antofagasta y el Parque Eólico Los Cururos, sin perjuicio de los resultados de las investigaciones para clarificar dichos negocios, en los que están comprometidos dineros 100% públicos.

En paralelo a la consecución de los recursos provenientes de esas desinversiones, que también tiene que hacerse con total transparencia, consideramos correcta la enajenación de algunos de los activos puestos a consideración del Concejo con el Proyecto de Acuerdo 150: Hidroeléctrica del Río Aures, Gestión Energética, Inversiones de los Aseguradores Colombianos, Terpel, Emgesa, Davivienda, Banco BBVA de Colombia, Acerías Paz del Río, Promioriente y Gas Natural del Oriente.

En lo que respecta a las acciones que EPM posee en ISA, siempre hemos considerado que es un activo de altísimo valor para la empresa no solo por lo que representa financieramente sino porque es uno de los patrimonios públicos más importantes del país. No obstante, estamos de acuerdo con incluir la enajenación de estas acciones, sí y solo sí en caso de que la necesidad de recursos inmediatos por parte de EPM requiera hacer uso de esta opción.

Desde SINPRO creemos que el tema de la venta del 50% más una acción de UNE EPM Telecomunicaciones S.A. ni siquiera debe ser considerada en el Concejo, pues esta empresa representa más que una “inversión relevante” para EPM, pues hace parte del patrimonio que la ciudadanía confió a la empresa y al Municipio de Medellín (Alcaldía y Concejo). Por UNE seguiremos dando las batallas que se requieran, porque además nuestro principal fundamento como sindicato es la de defender a nuestros afiliados y a todos los trabajadores que construyeron esta empresa desde EPM.

Precisamente y en referencia al talento humano, queremos dejar muy en claro que todos estos esfuerzos orientados a la sostenibilidad de EPM, no puede tener efectos sobre la estabilidad laboral de los trabajadores, que somos quienes hemos construido y hemos hecho grande con conocimiento, dedicación, sentido de pertenencia, profesionalismo y compromiso con los ciudadanos a nuestra Empresa a lo largo de su historia. La administración de EPM no puede ni podrá escudarse en la contingencia de Hidroituango para afectar a los trabajadores, su patrimonio más valioso.

Finalmente, y este debate lo daremos en diferentes escenarios, es hora de que el Concejo, la Alcaldía, EPM y todas las instituciones de la ciudad, revisemos el tema de las transferencias al Municipio. El Convenio Marco firmado en 2007 (Sergio Fajardo-Juan Felipe Gaviria) puso en riesgo la sostenibilidad de la empresa y pisoteó el Acuerdo 69 de 1997 al aumentar las transferencias del 30 al 55% de las utilidades de EPM. 

En estos momentos hay que pensar mucho más en cuidar la principal fuente de desarrollo y bienestar de la ciudad y de los ciudadanos, que son los directos beneficiarios de la inversión social que se deriva de la sostenibilidad de EPM.

Junta Directiva SINPRO