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Edición 02                                                                                  4 de agosto de 2015

Que no se nos vayan las luces…

Por: Walter Paredes Viveros

Parece que EPM se adelantó a la aprobación del Proyecto de Ley 030 que busca que las E.S.P. puedan incursionar en otras actividades diferentes a su objeto social, pues ahora ha convertido sus instalaciones en centro de eventos. Las 5 caídas abruptas de la energía en el Edificio, del pasado 27 de julio, por el montaje de un evento de moda, y de la cual no se ha informado el valor de las pérdidas en tiempo, equipos y caos en la movilidad (gente atrapada en ascensores, manos cruzadas, etc.); y la concentración de recursos en Parques del Río y a futuro, en el Conglomerado Público de Medellín, nos llevan a esa conclusión. (Ver artículos: Que EPM se dedique a lo suyoEPM, ¿a concesiones viales urbanas? y Conglomerado místico).

El 31 de diciembre se acaba el turno de la actual administración municipal, en cuyo cuatrienio hemos sido testigos y víctimas, como ciudadanos y como trabajadores, de un atentado histórico contra el patrimonio público de Medellín representado en EPM, con un intento soterrado de privatización de sus servicios, alcanzando a comerse un pedazo importante del pastel, el de UNE, con la entrega a Millicon a través del Acuerdo 17 de 2013, el cual hemos seguido denunciando por su ilegalidad y por su incumplimiento. En este último aspecto hacemos hincapié en lo atinente a los trabajadores que habiendo sido servidores de EPM pasaron a la fusión, pues pareciera que con ellos se estuviera realizando una especie de "discriminación laboral", ya que muchos de ellos hacen parte de los despedidos de UNE, con lo cual el nuevo patrón incumple sus compromisos.

En esto no solo fueron protagonistas el Alcalde y los administradores de EPM y de UNE, sino también los concejales, reincidentes con la discusión del Proyecto de Acuerdo 300 (Acuerdo 01/2015), que dio paso al Conglomerado Público de Medellín (41 entidades, incluida EPM y activos por 58 billones de pesos), con el cual, insistimos, se pone en riesgo la viabilidad de EPM y su misión fundamental de orientarse a la eficiente prestación de sus servicios como empresa social y comercial del Estado, definida en el Acuerdo 058 de 1955. (Ver: EPM, ¿motor de desarrollo social de Medellín?). 

El 26 de julio se abrió el partidor para 6 aspirantes a la Alcaldía y para quienes buscan 21 curules en el Concejo de Medellín, entre ellos 9 de los 11 que votaron a favor de la fusión de UNE y 12 de los 14 que hicieron lo propio con el Proyecto de Acuerdo 300. De las intenciones y propuestas de unos y otros hay que estar atentos, porque en sus decisiones está soportado gran parte del futuro del Grupo EPM, de UNE, de los trabajadores de todas las compañías y de millones de usuarios.

Con todas las campañas de los candidatos a la Alcaldía de Medellín estamos buscando acordar agendas para la realización de conversatorios individuales en los que cada uno pueda socializar su pensamiento y propuestas, a las que hay que hacer seguimiento, sobre temas de gran importancia: defensa del patrimonio público; el presente y futuro del Grupo EPM y de UNE; los riesgos de privatización de EPM; cobertura y calidad de la prestación de servicios públicos por parte de EPM en Medellín y Antioquia; los riesgos patrimoniales de la internacionalización de EPM; la politiquería en la empresa; los alcances del Acuerdo 01 y su impacto en la viabilidad de EPM; las inversiones en Isagen y Ecopetrol (Compra de acciones de Invercolsa); las megaestructuras administrativas del Grupo EPM y de UNE, los aspectos laborales y la tercerización en ambas; Hidroituango; y el futuro de Emvarias, entre otros. (Ver: Interrogantes, ¡tantos! para EPM).

Pero antes de estos conversatorios, que esperamos las campañas no eludan y que trasmitiremos vía streaming en fechas y horarios que estaremos comunicando finiquitadas las agendas, abriremos espacios para que nuestros afiliados y todos los trabajadores tengan la oportunidad de plasmar preguntas y realizar aportes, para construir los respectivos cuestionarios que haremos a los seis candidatos.

Nuestra obligación como ciudadanos y como trabajadores es hacer un juicioso ejercicio de conocimiento y estudio de los planes de gobierno de cada candidato a la Alcaldía, especialmente en lo referente a la defensa de lo público y los servicios públicos, y de revisar las actuaciones pasadas y recientes de los aspirantes al Concejo. En esta tarea y en las elecciones del 25 de octubre, a ninguno se nos pueden ir las luces, como se fueron con esta administración, tanto a EPM en sus propias instalaciones como con miles de usuarios de uno de las comunas más pobladas de Medellín.

 

 

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... Más adelante, en 1998 se dio el primer intento de privatizar a EPM, y en el 2000, de la venta de acciones de ISA, buscando “democratizar” la empresa, cuando es sabido que vender acciones traslada parte de la propiedad a los privados, que al final las acaparan y se benefician de decisiones estatales, en muchas ocasiones, hechas a su medida.

En 2006 la mirada se volcó a las telecomunicaciones; la víctima Telecom, hoy Telefonica Movistar, empresa estatal, que con voluntad política podría haber sido rescatada y mejor gestionada, pues era un buen vehículo para llevar progreso a toda Colombia. Acto seguido la creación de Colombia Móvil, donde participaron EPM, ETB y la multinacional Tigo, que en 2013 fue de nuevo protagonista (¿Colombia Móvil Tigo? ¿Millicon Spain Cable SL? ¿Millicon Internacional?), al recibir en bandeja de plata, con su fusión, el manejo de UNE (hasta entones 100% patrimonio público), pese a que la mayoría accionaria es de EPM, que no la considera siquiera una filial, sino una “inversión relevante”. El país en manos de banqueros, de esos que “ponen el alma”.

En 2007 el turno correspondió a Ecopetrol, vía democratización de acciones, que ahora prepara el terreno para vender otro 10%. ¿Cuántos de esos 400.000 colombianos que compraron acciones finalmente las vendieron y pasaron luego a los grupos privados del país? A ISA y Ecopetrol le siguió Isagén, con el intento, aún no cristalizado, de enajenación del 57% correspondiente a la Nación, no obstante demostrarse su rentabilidad permanente para el país, en presente y futuro. Ver Isagén en cifras.

En el año 2013 EPM dio un giro hacia la estrategia Grupo EPM Sin Fronteras, ampliando la adquisición de empresas en otros países, dividiendo las antiguas “Unidades Estratégicas de Negocio”, en función de su posible separación -léase privatización- en un futuro nada lejano. Ver: Privatizar EPM, tarea pendiente. En la nueva estrategia no se habla de usuarios sino de clientes… ¿Y los dueños de la empresa, los ciudadanos, dónde quedan?

Lo que se cocina en el legislativo

Ese libreto requiere, además, de normas para que los privatizadores, los explotadores y los politiqueros de los servicios públicos, transiten sin tropiezos. En el Senado hace último trámite el Proyecto de Ley 030/2014, que busca modificar el objeto de las empresas de servicios públicos (Art. 18 y 19 de la Ley 142), permitiendo realizar otras actividades que se desvían del objeto inicial. En ese mismo sentido se aprobó en el Concejo de Medellín el Acuerdo 01/2015, que facultó al Alcalde para crear un “conglomerado público”, poniendo en riesgo la viabilidad de EPM, la empresa que más recursos transfiere para inversión social, cerca de un billón de pesos anuales, no obstante que ha jurado y perjurado la administración de turno (Alcalde y Gerente de EPM) que no se contempla privatizar la empresa; los mismos que en campaña dijeron que no se privatizaba UNE y que se hicieron los sordos ante las sólidas demostraciones de la inconveniencia de la fusión.

Con estas nuevas normas se está buscando incursionar en otros “negocios”, a sabiendas que muchas empresas de servicios públicos, incluida EPM, les resta mucho para cumplir con su misión de ampliar cobertura y prestar mejores y más eficientes servicios, con tarifas que respondan a las necesidades de los colombianos. Basta mirar hacia la Costa Norte con Electricaribe (Privado), hacia Yopal, Chocó, la Guajira y muchas otras regiones de Colombia, donde literalmente se mueren de sed a pesar de las riquezas hídricas, para darnos cuenta del panorama. Ver: En estas regiones debería pensarlo dos veces antes de tomar agua del grifo. Y si no se actúa de fondo éste puede ser más desolador, pues por esa vía se seguirá perdiendo soberanía, que no solo es la cesión de territorio, como hizo con Panamá, el mar de San Andrés y la instalación de bases militares extranjeras.

La pérdida de soberanía va más allá: apertura indiscriminada a la “inversión” extranjera; cesión de derechos del territorio y de explotación de recursos naturales y espectro a compañías extranjeras; privatización de empresas del Estado rentables financiera y socialmente; cesión de legislación mediante acuerdos internacionales y entrega de los ciudadanos, con su precarización laboral y el aumento de subempleo y del desempleo, este último situado en 9,5% a abril de 2015, de acuerdo con las cifras del DANE.

La pérdida de soberanía se moldea en varias recetas que confluyen en un mismo plato: privatización. Y de eso sí que hemos sido testigos los colombianos, que por apatía, desconocimiento o indiferencia no hemos impedido que nos quiten a pedazos lo que nos pertenece, lo construido con el esfuerzo de muchos y el sacrificio de todos. No somos enemigos de la empresa privada, pues también creemos en la importancia de la sana competencia entre los sectores público y privado, si esta beneficia a la comunidad en materia de calidad, cobertura y tarifas, y de condiciones dignas de empleo. Ver: EPM compra el agua de Chile

Privatización secreta de los servicios públicos

Aunque no se escribe con zeta, con TISA se dibuja la más ambiciosa arremetida privatizadora mundial de los servicios públicos. El TISA, un acuerdo secreto revelado por Wikileaks, que negocian 50 países, incluidos Colombia, EEUU y la Unión Europea, es un “monstruo” orientado, entre otros, a que se haga imposible legislar para revertir los acuerdos, y que bajo el eufemismo de la globalización, busca privatizar los servicios públicos, que para ellos es todo: energía, agua, saneamiento básico, telecomunicaciones, banca, educación, salud, transporte, construcción, ingeniería, turismo y muchos más. La privatización del agua no es para meter susto, es una realidad. Ver Los magnates comprando agua. El TISA es un juego a mayor escala y sin contemplación por los ciudadanos y los propios gobiernos; buscan el beneficio de ricos transnacionales que van en contravía de la soberanía nacional, el empleo, el trabajo decente, las organizaciones sindicales y la propia legislación nacional.

El acuerdo insiste en dar tratamiento de mercancía a los servicios públicos (¿algún parecido con lo local?), que en los escenarios internacionales han sido defendidos como derechos humanos fundamentales. El TISA socava la democracia y la capacidad de las autoridades públicas de tomar decisiones sobre la prestación de los servicios y crea la disposición “trinquete”, con la cual no se puede revertir por parte de las autoridades o por las movilizaciones sociales, las privatizaciones de los servicios, así hayan fracasado o se hayan incumplido las promesas de los privatizadores. Hay unos efectos claros: cobertura y calidad deficiente en servicios públicos, mínima inversión en infraestructura, disminución a cero de programas sociales, incremento de tarifas, aumento de desempleo, la tercerización y la precarización del empleo serán la constante, pérdida de recursos naturales, autonomía socavada como país, imposibilidad de construir territorios sostenibles. Y la lista sigue.

Varias organizaciones se vienen movilizando nacional e internacionalmente, como la ISP, Internacional de Servicios Públicos, la Red Nacional contra el TISA –Capítulo Colombia- y la Coalición de Usuarios de los Servicios Públicos, a las que buscamos unirnos con la mayor cantidad posible de organizaciones sociales, sindicales y comunitarias, teniendo un objetivo común, en el caso colombiano, lograr que Gobierno se retire de las negociaciones del TISA. A la par, planteamos propuestas de amplio espectro, que incluye la notificación a la OMC para que someta a revisión los avances y obligue a que se cumpla una serie de condiciones para que cualquier acuerdo cumpla requisitos básicos como el de “cobertura sectorial sustancial”, definida en términos del número de sectores de servicios, el volumen de comercio afectado y los modos de suministro; que incluya cláusulas de transferencia de conocimiento en todos los procesos de contratación e integración; y la creación de espacios de participación ciudadana para llevar los acuerdos al debate público.

La soberanía nacional hay que defenderla con los 5 sentidos… y más.

Hashtag para seguir y estudiar: #StopTisa - #StopTPP